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Bruselas aprueba el Plan Social para el Clima de Grecia: 4.770 millones

La Comisión Europea adoptó el 27 de agosto de 2026 el Plan Social para el Clima de Grecia, el quinto y mayor aprobado hasta ahora dentro de ese fondo europeo. Movilizará 4.770 millones de euros hasta 2032 —3.570 los pone la UE— para aislar viviendas, reforzar el transporte público, pagar parte de la calefacción de los hogares vulnerables y abaratar la energía a 28.000 microempresas.

Renato Davila · 27 de agosto de 2026 · union-europea

Autobús urbano eléctrico blanco con franjas azules y amarillas y el rótulo «Zero emission ELECTRIC» en el costado, circulando por una avenida del centro de Atenas junto a un taxi amarillo, con edificios de oficinas y peatones en la acera.
Imagen de archivo: autobús eléctrico de la red urbana de Atenas, en 2025. El plan aprobado financiará más de 200 autobuses eléctricos en zonas con alta vulnerabilidad de transporte. (Foto: Kensington(Olympia), CC0 (Wikimedia Commons))

La Comisión Europea aprobó el 27 de agosto de 2026 el Plan Social para el Clima de Grecia, según el comunicado oficial de la Comisión difundido ese día en Bruselas. Es el quinto plan nacional adoptado dentro del Fondo Social para el Clima —el instrumento con el que la Unión Europea quiere amortiguar el golpe de encarecer el CO₂ de la calefacción y el transporte por carretera— y, de largo, el mayor: movilizará 4.770 millones de euros hasta 2032, de los que 3.570 millones (el 75%) salen del presupuesto europeo y 1.200 millones (el 25%) de las arcas griegas. El detalle de compromisos e hitos está en la decisión de ejecución de la Comisión que aprueba el plan.

Casas, autobuses y talleres

El dinero se reparte en tres frentes. El más grueso es la vivienda: el plan alcanzará a 460.000 hogares vulnerables con hasta 62.000 renovaciones energéticas y la instalación de 200.000 bombas de calor y sistemas solares de agua caliente, y sumará 2.800 viviendas sociales de bajo consumo al parque público. Otros 226 millones de euros irán a renovar residencias públicas de estudiantes, una medida que la Comisión vincula al acceso de 5.930 estudiantes vulnerables a la educación superior. A eso se añade una asignación temporal de calefacción para 800.000 hogares al año, pensada para tapar el agujero que abra en la factura el nuevo mercado de emisiones.

El segundo frente es la movilidad, con 300.000 usuarios vulnerables del transporte como destinatarios: más de 200 autobuses eléctricos urbanos en zonas donde moverse es más caro o más difícil, 22 trenes de metro adicionales en Atenas, servicios de transporte a demanda en zonas remotas e infraestructura de recarga. Un programa de arrendamiento social permitirá que 15.000 hogares que dependen del coche accedan a un vehículo eléctrico por una cuota mensual asequible. El plan reserva además fondos para más de 12.000 dispositivos de movilidad —sillas de ruedas eléctricas, scooters—, un servicio de transporte escolar para estudiantes con discapacidad y obras de accesibilidad en 33 estaciones de tren y 85 de metro.

El tercero son las empresas pequeñas: 28.000 microempresas vulnerables recibirán 820 millones de euros para rebajar su factura de energía y transporte, con reformas de eficiencia energética en sus locales y subvenciones directas.

La Comisión, que es a la vez quien evalúa los planes y quien los cofinancia, concluyó que el griego «aborda adecuadamente» el impacto social del nuevo mercado de emisiones, y calcula que las inversiones recortarán 811.000 toneladas equivalentes de CO₂ al año de aquí a 2032. Grecia no cobrará por adelantado: podrá pedir su primer pago cuando la ejecución haya arrancado y se alcancen los primeros hitos.

«Grecia está en primera línea del cambio climático, desde los incendios forestales del verano hasta las olas de calor extremas, que golpean con más dureza a los hogares vulnerables y a las pequeñas empresas», afirmó Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para los Derechos Sociales. Wopke Hoekstra, comisario de Clima, destacó que se trata del «mayor plan aprobado hasta la fecha» (traducción propia del original inglés del comunicado).

Un fondo que devuelve lo que cobrará el CO₂

El Fondo Social para el Clima, creado por el Reglamento (UE) 2023/955, existe por una razón concreta. El llamado RCDE 2 —el segundo régimen de comercio de derechos de emisión, que obliga a pagar por cada tonelada de CO₂— extiende ese peaje a los combustibles de los edificios y del transporte por carretera, y encarecerá por tanto calefacción y carburante. La Comisión sitúa su plena operatividad en 2028. El fondo recicla esa recaudación: entre 2026 y 2032 espera movilizar al menos 86.700 millones de euros en el conjunto de la UE, sumando los ingresos del RCDE 2 y las aportaciones nacionales, que deben cubrir al menos el 25% de cada plan, como ya ocurrió con el de Malta, aprobado el 29 de julio de 2026.

Diez planes presentados de veintisiete, catorce meses después del plazo

El calendario del fondo va con retraso. La propia Comisión fijó el 30 de junio de 2025 como fecha límite para que cada Estado miembro entregase su plan nacional si quería cobrar. Catorce meses después de ese plazo, solo diez de los veintisiete lo han presentado formalmente —Suecia, Lituania, Letonia, Malta, Países Bajos, Grecia, Croacia, Eslovenia, Italia y Luxemburgo— y solo cinco están aprobados: Suecia fue el primero, seguido de Lituania, Letonia, Malta y ahora Grecia. Del resto, según el comunicado, «la mayoría» ha compartido versiones preliminares. España no figura entre los países que han presentado formalmente el suyo.

Fuentes