La Comisión Europea aprobó el 29 de julio de 2026 el Plan Social para el Clima de Malta, el cuarto plan nacional adoptado en el marco del Fondo Social para el Clima, según el comunicado oficial de la Comisión. El plan movilizará 60,6 millones de euros hasta 2032, de los que 45,4 millones los aporta la Unión Europea; el resto lo pone Malta, porque el fondo exige a cada Estado miembro financiar al menos el 25% del coste de su plan.

El dinero tiene tres destinos concretos. Primero, la vivienda: el plan pagará mejoras de eficiencia energética en hogares vulnerables y la renovación de apartamentos en edificios públicos de vivienda social, con medidas como el aislamiento del techo y la instalación de renovables —calentadores de agua con bomba de calor y placas fotovoltaicas con baterías—. Segundo, la movilidad: servicios de transporte comunitario puerta a puerta para más de 30.000 usuarios vulnerables. Tercero, las microempresas de sectores que dependen del transporte, a las que facilitará el salto al vehículo eléctrico con acceso a movilidad eléctrica asequible e infraestructura de recarga.

Según el comunicado, las medidas combatirán la pobreza energética en el país entre 2026 y 2032 y se espera que reduzcan las emisiones en 3.500 toneladas equivalentes de CO₂. Malta podrá pedir el primer pago cuando la ejecución haya arrancado y las inversiones den sus primeros resultados.

«Una transición limpia y justa es aquella que las personas pueden permitirse y sentir en su vida diaria», defendió Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para los Derechos Sociales. Wopke Hoekstra, comisario de Clima, subrayó que el plan convierte la ambición climática «en apoyo práctico, desde hogares mejor aislados hasta un transporte más limpio».

Un fondo de 86.700 millones pagado con el precio del carbono

El Fondo Social para el Clima es el instrumento con el que la UE quiere amortiguar el golpe social de su propia política climática. El nuevo régimen de comercio de derechos de emisión conocido como RCDE 2 —el sistema que obliga a pagar por cada tonelada de CO₂ emitida— extiende ese pago a los combustibles de los edificios y del transporte por carretera, lo que encarecerá calefacción y carburante; la Comisión prevé que esté plenamente operativo en 2028. El fondo recicla esos ingresos: entre 2026 y 2032 espera movilizar al menos 86.700 millones de euros, sumando la recaudación del RCDE 2 y las aportaciones nacionales, para que la factura de la transición no recaiga en quien menos puede pagarla. Su base legal es el Reglamento (UE) 2023/955.

La Comisión concluyó que el plan maltés, elaborado en consulta con los agentes sociales del país y con la propia Comisión, aborda adecuadamente ese impacto. Ocho Estados miembros han presentado ya oficialmente sus planes —Suecia, Lituania, Letonia, Malta, Países Bajos, Grecia, Croacia y Eslovenia—; el de Suecia fue el primero en aprobarse, seguido de los de Lituania y Letonia. España aún no figura entre los países que han presentado formalmente el suyo.

Fuentes

• Comisión Europea: «La Comisión aprueba el Plan Social para el Clima de Malta, dotado con 60 millones de euros, para apoyar a los hogares vulnerables y a las pequeñas empresas en la transición limpia», comunicado de prensa, Bruselas, 29 de julio de 2026. Cifras contrastadas con la versión original en inglés del mismo comunicado.
• Comisión Europea: Plan Social para el Clima de Malta, página oficial del fondo.
• Reglamento (UE) 2023/955 por el que se establece el Fondo Social para el Clima, versión consolidada, EUR-Lex.