La comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo aprobó el miércoles 2 de septiembre de 2026 un informe que pide a la Comisión Europea una ley europea contra los riesgos psicosociales del trabajo: los factores de organización y gestión —carga excesiva, ritmos imposibles, acoso, vigilancia digital— que acaban enfermando a quien trabaja. El texto salió adelante por 41 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones, según la nota de prensa del Parlamento Europeo.

Los eurodiputados no piden recomendaciones, sino obligaciones vinculantes para los empresarios, y que la Comisión y los Estados reconozcan de forma expresa que los riesgos psicosociales generan enfermedades profesionales. En concreto, la futura norma debería exigir a cada empleador:

• Evaluar con regularidad los riesgos psicosociales —empezando por la carga y la intensidad del trabajo— y aprobar planes de acción con medidas concretas.
• Adoptar políticas internas que definan y prohíban la violencia, el acoso, el hostigamiento y las conductas discriminatorias, con mecanismos de detección temprana y protocolos frente a la violencia de terceros (clientes, pacientes, usuarios).
• Hacer una evaluación previa, con los trabajadores y sus representantes, antes de cualquier reestructuración importante: implantar teletrabajo, decisiones automatizadas o sistemas de vigilancia automática.
• Garantizar que los sistemas algorítmicos no impongan una carga ni una vigilancia excesivas, y que exista siempre supervisión humana.
• Respetar el derecho a la desconexión fuera del tiempo de trabajo.
• Ofrecer planes individuales de reincorporación —con ajustes de jornada, organización o tareas— a quien se haya ausentado por un riesgo psicosocial.

A esa lista el informe suma una regla probatoria: si un trabajador acredita que ha sufrido un daño a su salud por exposición a riesgos psicosociales, la ley debería presumir que el daño es laboral salvo que el empleador demuestre que no guarda relación con las condiciones de trabajo. Es una inversión de la carga de la prueba, que hoy recae en la persona enferma.

La ponente del informe, la belga Estelle Ceulemans, del grupo socialista (S&D), lo defendió en términos de dinero además de salud, en declaraciones recogidas en la nota, difundida solo en inglés y traducida aquí: el texto, dijo, pide a la Comisión una propuesta «para atajar el desgaste profesional, la depresión, el estrés y el acoso», problemas cuya prevalencia «se está disparando en Europa» y que agravan «el uso creciente de tecnologías digitales e inteligencia artificial en el puesto de trabajo». Cifró en 100.000 millones de euros anuales el coste de la depresión ligada al trabajo en la Unión Europea.

La nota del Parlamento encabeza el anuncio con una cifra del último informe global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado el 22 de abril de 2026, que atribuye a los factores de riesgo psicosocial más de 840.000 muertes al año en el mundo, casi 45 millones de años de vida perdidos por muerte o discapacidad y una pérdida equivalente al 1,37 % del producto interior bruto mundial.

Un informe que solo puede pedir

Lo aprobado es una petición, no una ley. El Parlamento Europeo no puede presentar normas por su cuenta: solo puede pedir a la Comisión que las redacte. Es lo que se llama una iniciativa legislativa, amparada en el artículo 47 del Reglamento interno de la Cámara, y así consta en el expediente 2026/2023(INL) del Observatorio Legislativo, abierto el 12 de marzo de 2026 con Ceulemans como ponente desde el 21 de enero. Han emitido opinión las comisiones de Salud Pública y de Asuntos Jurídicos.

El siguiente paso es el pleno: el Observatorio Legislativo fija como fecha indicativa el 5 de octubre de 2026. Si la Cámara respalda el informe, la Comisión Europea tendrá tres meses para responder, y responder no significa legislar: puede anunciar qué pasos dará o exponer los motivos por los que se niega a presentar la propuesta. El informe pide, además, que cualquier texto vaya precedido de una evaluación de impacto que revise antes la legislación ya existente.

Qué hay ya en España

Del catálogo de la Eurocámara, España tiene reconocido desde hace años uno de los puntos. El artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos otorga a trabajadores y empleados públicos el derecho a la desconexión digital fuera de su tiempo de trabajo, y obliga a las empresas a elaborar una política interna al respecto, oídos los representantes de la plantilla; su forma de ejercicio se remite a la negociación colectiva. El control de la jornada, del que depende buena parte de ese derecho, sigue pendiente de reforma: el Gobierno aplazó a septiembre el decreto del registro horario digital.

El balance oficial de siniestralidad, mientras tanto, cuenta accidentes: el Ministerio de Trabajo registró 358 muertes por accidente laboral hasta junio de 2026. Lo que la comisión de Empleo del Parlamento Europeo quiere llevar a la ley europea es el otro daño, el que no deja parte de accidente.

Fuentes

• Parlamento Europeo, nota de prensa de la comisión EMPL, 2 de septiembre de 2026: «MEPs want new law to protect workers’ mental and physical health»
• Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo, expediente 2026/2023(INL), «Psychosocial risks, stress and mental health at work»
• Organización Internacional del Trabajo, «The psychosocial working environment: Global developments and pathways for action», 22 de abril de 2026
• Ley Orgánica 3/2018, artículo 88 (BOE)