La reforma del control de la jornada laboral no llegará al Consejo de Ministros antes del verano. Los ministerios de Economía, que dirige el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, y de Trabajo, al frente del cual está la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, han acordado aprobar el real decreto del registro horario en septiembre. Lo adelantó elDiario.es a primera hora del 24 de julio de 2026 con fuentes de Trabajo (información) y lo confirmó esa misma mañana La Vanguardia con fuentes de los dos ministerios (información). El último Consejo de Ministros del curso, el martes 28 de julio, se dedicará a vivienda.

El registro horario ya existe: desde 2019, el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores obliga a toda empresa a anotar a diario la hora de entrada y de salida de cada persona trabajadora y a guardar esos registros cuatro años a disposición de la plantilla, sus representantes y la Inspección de Trabajo. El decreto pendiente lo convierte en digital e interoperable —es decir, en un formato que la Inspección pueda leer y cruzar en cualquier momento, sin pedírselo a la empresa—, con el objetivo declarado de acabar con las horas extra que se trabajan y no se pagan.

Un plan B que lleva un año atascado

La norma fue la respuesta de Díaz al fracaso de su proyecto estrella: la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales decayó en el Congreso, y el registro horario tomó su relevo. Tenía una ventaja de calendario: al ser un real decreto —un reglamento del Gobierno—, lo aprueba el Consejo de Ministros sin pasar por el Parlamento. Según elDiario.es, el texto saldrá de esa mesa prácticamente un año después de haber pasado por ella en primera vuelta.

El desbloqueo pasaba por Cuerpo. El vicepresidente primero preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el órgano de ministros del área económica que examina los grandes expedientes antes de cada Consejo de Ministros y donde el proyecto estaba parado. El acuerdo, según las fuentes de Trabajo citadas por elDiario.es, consiste en que el decreto no se apruebe antes del 31 de julio —lo que reclamaban los sindicatos y lo que había prometido la propia Díaz— a cambio de sacarlo del atasco. Economía había pedido antes, entre otras cosas, un periodo transitorio de un año para que las pymes se adaptaran, en lugar de los 20 días previstos por Trabajo.

Qué dijeron el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos

El otro obstáculo es jurídico. El Consejo de Estado —el máximo órgano consultivo del Gobierno, presidido por la exvicepresidenta Carmen Calvo— puso en duda que un reglamento sea el vehículo adecuado para estos cambios. «Lo que puede la ley no lo puede el reglamento», resumió el órgano, según la cita que publica elDiario.es: el decreto «no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria». La Vanguardia añade que el dictamen critica también el impacto sobre las pymes.

En materia de datos, el Consejo de Estado se apoyó en una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que cuestiona «que la protección de los datos esté garantizada en relación con el acceso de terceros» al registro, «ya que no se justifica suficientemente que la representación de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos», según la misma información.

Ninguno de los dos informes obliga al Gobierno: son preceptivos —hay que pedirlos— pero no vinculantes. Su peso es otro. Servirían de munición a cualquier recurso judicial contra el decreto, algo que, apunta elDiario.es, la patronal ya se plantea para cuando entre en vigor. Desde Trabajo sostienen que ahora toca cerrar los detalles técnicos sin tocar el núcleo de la norma: registro digital, interoperable y útil contra el fraude de las horas extra.

Los sindicatos habían dado un ultimátum

El 30 de junio de 2026, los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, exigieron al Gobierno aprobar el registro antes de agosto y advirtieron de que, si no se cumplía lo prometido, no volverían a participar en acuerdos de este tipo, según La Vanguardia. El aplazamiento incumple ese plazo.

Díaz, a quien el Gobierno propuso el 23 de julio como candidata española a dirigir la Organización Internacional del Trabajo, se había mostrado el martes 21 de julio «muy optimista» tras el Consejo de Ministros y aseguró que la norma estaba «prácticamente lista»: «Esta vulneración e irregularidad manifiesta se va a acabar». Dos días después, el jueves 23, la diputada de Sumar Aina Vidal reprochó a Cuerpo en el pleno extraordinario del Congreso el retraso del registro.

Qué no ha podido verificarse

El acuerdo se sostiene en fuentes ministeriales anónimas citadas por elDiario.es y La Vanguardia: no hay comunicado oficial ni texto público del real decreto. El dictamen del Consejo de Estado tampoco figura, a 24 de julio de 2026, en la base de dictámenes publicados que mantiene el Boletín Oficial del Estado, de modo que las citas literales proceden de elDiario.es y no han podido cotejarse con el original.