España y Francia trabajarán con Irlanda para que la Unión Europea fije una mayoría de edad digital —una edad mínima por debajo de la cual un menor no puede abrirse cuenta en una red social— con el objetivo declarado de proteger a los menores en internet. Lo contaron el lunes 31 de agosto de 2026 «fuentes gubernamentales» españolas a Europa Press, sin que la agencia identificara a ninguna por su nombre. Toda esta pieza descansa en ese único relato de parte: no hay documento, acuerdo firmado ni comparecencia pública detrás.

Según esas fuentes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, viajará a Irlanda «la próxima semana o la siguiente» —es decir, en la primera quincena de septiembre— para presentar el modelo español. Irlanda preside desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2026 el Consejo de la UE, la institución que reúne a los gobiernos de los Veintisiete y que decide qué asuntos entran en la agenda legislativa; el turno le corresponde por el calendario fijado en la Decisión (UE) 2016/1316. Dublín ha pedido a Madrid y a París que expongan sus iniciativas de protección de la infancia en la red, siempre según el Gobierno español.

Qué es exactamente «el modelo español»

Lo que López llevará a Irlanda no es una ley: es un proyecto que lleva año y medio en el Congreso. El Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales (expediente 121/000052) se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 11 de abril de 2025 y se encomendó a la Comisión de Justicia.

Su pieza central no es una prohibición de acceso, sino un cambio de umbral: modifica el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos para que el tratamiento de los datos personales de un menor solo pueda basarse en su propio consentimiento «cuando sea mayor de dieciséis años», frente a los catorce vigentes. Por debajo de esa edad hará falta el consentimiento de quien tenga la patria potestad o la tutela. Sin datos no hay cuenta, así que el efecto práctico es una edad mínima de dieciséis años para las redes.

El texto sigue vivo pero parado: la última publicación oficial del expediente en el Boletín de las Cortes es del 12 de diciembre de 2025, con las enmiendas al articulado —las propuestas de cambio que presentan los grupos parlamentarios—; no consta dictamen de comisión posterior (comprobado en la serie A del Boletín el 1 de septiembre de 2026). Por el camino, en junio de 2025, Vox presentó una enmienda a la totalidad de devolución que no detuvo la tramitación.

El revés francés no fue en julio, ni por nombrar plataformas

Las fuentes del Gobierno sostienen que la presión social sobre las plataformas ha crecido, citan a Australia, Reino Unido, España y Francia como los países que más han avanzado y presentan a España y Francia como los dos únicos europeos que han llevado una ley así a sus parlamentos. Y explican el tropiezo francés: el Tribunal Constitucional galo tumbó la norma «en julio», dicen, porque el texto citaba expresamente a ciertas plataformas, algo que no ocurre —añaden— con el proyecto español.

La decisión, que es pública, dice otra cosa. El Consejo Constitucional francés resolvió el 14 de agosto de 2026, en la decisión n.º 2026-911 DC, no en julio: en julio, los días 23 y 24, fue cuando los diputados de La Francia Insumisa y del grupo socialista presentaron los recursos. Y declaró contrario a la Constitución el artículo 1 de la ley para proteger a los menores de los riesgos a los que les expone el uso de las redes sociales (Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux), el que prohibía el acceso a los menores de quince años. El resto de la ley no llegó a examinarlo, de ahí que la resolución figure como «no conformidad parcial» y no como anulación entera.

Los motivos que da el Consejo son, en buena medida, los contrarios a los que le atribuye el Gobierno español. Le reprocha a la ley francesa que la prohibición fuera general e indiscriminada: no la sometía a condición alguna sobre las funcionalidades o los contenidos de cada servicio, sobre los peligros a los que exponen ni sobre lo insuficiente de sus protecciones, de modo que podía alcanzar a servicios cuyos riesgos para los menores ni siquiera están acreditados. Le reprocha también que no previera ninguna vía para que los titulares de la patria potestad pudieran levantarla, limitarla o autorizar el acceso a servicios concretos; y que, al obligar a comprobar la edad, forzara a cualquier usuario —también a los adultos— a demostrar la suya sin que la ley fijara garantías para su vida privada. Ni una palabra sobre plataformas citadas por su nombre.

Lo que sí separa a los dos textos es el mecanismo, no la lista de empresas: el francés prohibía el acceso por debajo de los quince años; el español eleva a dieciséis la edad del consentimiento para tratar datos personales.

Un tablero que se mueve deprisa

Las mismas fuentes gubernamentales añaden que Bruselas recibió en julio un informe sobre los riesgos que afrontan los menores en internet y que la Comisión Europea ha manifestado su intención de regular la materia. Ninguna de las dos afirmaciones ha podido verificarse de forma independiente para esta pieza, y quedan atribuidas al Gobierno.

Lo que sí consta es el contexto en el que llega el viaje. Meta pactó el 26 de agosto con 52 fiscales generales de Estados Unidos el pago de unos 18.000 millones de dólares —15.400 millones de euros— y límites por defecto para los adolescentes a cambio de frenar el juicio por el diseño adictivo de Facebook e Instagram; según Europa Press, la compañía no implantará por ahora esas medidas fuera de Estados Unidos. Y el propio 31 de agosto la Comisión Europea designó a ChatGPT, Reddit y Roblox servicios digitales de muy gran tamaño, con obligaciones reforzadas bajo la Ley de Servicios Digitales, la norma con la que Bruselas ya ha acusado preliminarmente a TikTok de no proteger las cuentas de los menores.

Fuentes

• Europa Press, «España y Francia impulsarán una regulación europea que contemple la mayoría de edad para menores en redes sociales», 31 de agosto de 2026.
• Congreso de los Diputados, Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales (121/000052), BOCG serie A núm. 52-1, 11 de abril de 2025, y enmiendas al articulado, núm. 52-4, 12 de diciembre de 2025.
• Consejo Constitucional de Francia, decisión n.º 2026-911 DC de 14 de agosto de 2026.
• Decisión (UE) 2016/1316 del Consejo, turnos de la Presidencia del Consejo de la UE.

Fuente única en el hecho central. Solo Europa Press —confianza alta— ha publicado el anuncio, y a su vez lo atribuye a fuentes gubernamentales sin nombre. Cada afirmación de parte queda atribuida al Gobierno; los documentos franceses, españoles y europeos citados sí se han comprobado uno a uno contra su original.