Europa investiga mucho y patenta bien, pero el negocio se lo llevan otros. Con ese diagnóstico, la Comisión Europea propuso el 9 de septiembre de 2026 la Ley Europea de Innovación, un reglamento pensado para que «las ideas más innovadoras de Europa se desarrollen, financien y amplíen en Europa», según el comunicado de prensa del Ejecutivo comunitario. El texto legal —COM(2026) 567 final, en inglés— es un reglamento, no una directiva: si sale adelante se aplicará directamente en los Veintisiete, sin trasposición nacional.

Un mercado de patentes gestionado desde Alicante

El primer bloque de la propuesta ataca el acceso a la financiación. Muchas empresas jóvenes tienen patentes, programas y otros activos intangibles —lo que en conjunto se llama propiedad intelectual e industrial— cuyo valor nadie sabe calcular de forma comparable, y los bancos y fondos no prestan contra lo que no saben tasar.

La Comisión encarga la solución a un organismo con nombre poco conocido y sede española: la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el registro de marcas y diseños de la UE que opera desde Alicante. Según el articulado de la propuesta, la EUIPO deberá crear, en un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la norma, un marco europeo voluntario para valorar y declarar activos de propiedad intelectual, una plataforma digital de emparejamiento para licenciar y transferir esos derechos —también voluntaria— y un centro de competencia que ayude a las empresas a financiarse con sus intangibles como aval. La propuesta modifica para ello el Reglamento (UE) 2017/1001, que rige la oficina.

El coste recaerá sobre la propia oficina alicantina: la memoria cifra en unos 712.000 euros los costes administrativos y en unos 2,5 millones los de adaptación, «cubiertos con los recursos propios de la EUIPO, sin contribución del presupuesto de la Unión». A cambio, la Comisión estima que las medidas generarán unos 35 millones de euros anuales de ahorro administrativo a las empresas intensivas en propiedad intelectual y desbloquearán 10.200 millones de euros al año de capital riesgo y deuda respaldados por esos activos. Son cálculos del propio proponente sobre su propia medida, no verificados de forma independiente.

Compra pública de I+D: menos fragmentación y compras conjuntas

El segundo bloque toca la contratación pública de investigación y desarrollo. La memoria de la propuesta sitúa esa compra en el 0,6% del total de la contratación pública de la UE —unos 17.280 millones de euros— y sostiene que otras grandes economías invierten entre cinco y ocho veces más; elevarla al 3% supondría 86.400 millones.

La ley fija un procedimiento común para esas licitaciones, incluida la contratación precomercial (la compra de servicios de I+D con reparto de riesgos y beneficios y desarrollo competitivo por fases, antes de que exista producto que comprar). Permite que compradores públicos de varios Estados miembros liciten juntos y, como regla general, obliga al abastecimiento múltiple: adjudicar a varios contratistas a la vez para no depender de uno solo, con excepciones tasadas. Cuando lo justifiquen intereses de seguridad o seguridad pública de la Unión o de un Estado miembro, el comprador podrá reservar un número mínimo de contratos a operadores originarios de la UE. La Comisión calcula 1.000 millones de euros anuales de ahorro para los compradores públicos y 25.920 millones más de beneficio anual para las empresas.

Esta pieza encaja con la otra reforma que Bruselas presentó el mismo 9 de septiembre: el reglamento único de contratación pública, que excluye de su ámbito toda la compra de servicios de I+D. Es decir, lo que sale de una norma entra en la otra. Ese mismo día la Comisión presentó también su Ley de Vivienda Asequible.

Espacios de pruebas, sin fuerza obligatoria

Junto a la ley, la Comisión propuso una Recomendación del Consejo —instrumento no vinculante— sobre «espacios controlados de pruebas» (sandboxes): entornos en los que empresas, investigadores y administraciones ensayan durante un tiempo limitado productos o tecnologías nuevas bajo supervisión del regulador. Ya existen en algunos ámbitos del Derecho europeo —el propio texto cita el Reglamento de Inteligencia Artificial, que obliga a los Estados a montarlos—, pero sin criterio común; la recomendación propone un marco de referencia para los sectores que aún no lo tienen.

Contexto y calendario

La propuesta forma parte de la Estrategia de la UE para empresas emergentes y en expansión y de la Brújula de Competitividad, el plan económico con el que la Comisión de Ursula von der Leyen ordena esta legislatura, y llega poco después de que el Ejecutivo comunitario cerrara los trámites del fondo Scaleup Europe, que aspira a reunir 5.000 millones para invertir en tecnológicas europeas en expansión. La comisaria responsable es Ekaterina Zaharieva, de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación.

Ahora el texto pasa al Parlamento Europeo y al Consejo por el procedimiento legislativo ordinario, donde puede cambiar. No hay plazo de adopción: la ficha financiera de la propuesta trabaja con la hipótesis de que la norma entre en vigor en 2028 y advierte de que todas las cifras a partir de ese año son indicativas, porque dependen de la negociación del presupuesto plurianual 2028-2034.

Fuentes

• Comisión Europea, «La Comisión propone una nueva Ley Europea de Innovación para ayudar a que las ideas europeas innovadoras crezcan y compitan a escala mundial», comunicado IP/26/1810, Bruselas, 9 de septiembre de 2026.
• Comisión Europea, «Proposal for a Regulation … establishing a framework of measures for strengthening the Union innovation ecosystem and amending Regulation (EU) 2017/1001 (European Innovation Act)», COM(2026) 567 final, 2026/0264 (COD), Bruselas, 9 de septiembre de 2026 (documento primario: exposición de motivos, articulado y ficha financiera).
• Comisión Europea, «Proposal for a Council Recommendation on regulatory sandboxes», 9 de septiembre de 2026.
• Comisión Europea, «Preguntas y respuestas» y «ficha informativa» sobre la Ley Europea de Innovación, 9 de septiembre de 2026 (enlazadas por el comunicado; no consultadas directamente por esta redacción).

Fuente-sujeto. La Comisión Europea es el sujeto del hecho —su propia propuesta legislativa—, por lo que el comunicado y el texto legal se acreditan a sí mismos como fuente del acto. Las cifras de impacto (ahorros, financiación desbloqueada, beneficio empresarial) son estimaciones de la Comisión sobre su propia medida y se presentan atribuidas, no verificadas de forma independiente.