Bruselas propone unificar la contratación pública y primar la calidad sobre el precio
La Comisión Europea adoptó el miércoles 9 de septiembre de 2026 una propuesta de reglamento que sustituye las tres directivas vigentes de contratación pública por una norma única de aplicación directa. El texto convierte la mejor relación calidad-precio en el método estándar de adjudicación, con un peso mínimo del 30% para los criterios de calidad —el 50% en los contratos intensivos en mano de obra—.
La Comisión Europea adoptó el miércoles 9 de septiembre de 2026 su propuesta de Ley de Contratación Pública: un reglamento que funde en un solo texto las tres directivas europeas de contratación vigentes y las reglas de compra repartidas por la legislación sectorial. Al ser reglamento y no directiva, se aplicará directamente en los Veintisiete sin trasposición nacional, la vía por la que cada capital ha ido añadiendo sus propias capas de requisitos.
La cifra que hay detrás explica el interés: las administraciones públicas de la Unión gastan «alrededor de 2,6 billones de euros (15 % del PIB)» al año en comprar bienes, obras y servicios, según el documento de preguntas y respuestas de la propia Comisión. De ese total, unos 600.000 millones están sometidos a las normas europeas de contratación —el resto queda por debajo de los umbrales comunitarios o fuera de su ámbito—, según dijo a los periodistas el vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, en declaraciones recogidas por POLITICO.
La calidad, con suelo del 30%
El cambio de fondo está en cómo se decide quién gana un contrato. La propuesta convierte la «mejor relación calidad-precio» en el método de adjudicación por defecto y le pone un suelo numérico: los criterios de calidad deben representar «al menos el 30 % del total de puntos otorgados», según el artículo 98.4 del texto legal. El listón sube al 50% en los contratos intensivos en mano de obra, definidos en el propio reglamento como aquellos en los que el coste laboral supone normalmente la mitad o más del valor del contrato —limpieza, seguridad, cuidados, muchas obras—.
No es una obligación absoluta. Funciona con un mecanismo de «cumplir o explicar»: el comprador público puede apartarse de la regla si justifica cómo garantiza la calidad por otra vía, por ejemplo mediante requisitos técnicos mínimos. Y sigue eligiendo él qué criterios de calidad aplica y con qué peso. Cuentan como calidad, según el comunicado de la Comisión, las consideraciones medioambientales, sociales, de innovación, de seguridad y de resiliencia, más las «preferencias europeas».
La Comisión sostiene que las autoridades ya podían usar criterios verdes o sociales, pero apenas lo hacían de forma consistente. POLITICO apunta una razón concreta recogida por los servicios comunitarios: algunos órganos de contratación temen acabar en los tribunales si rechazan la oferta más barata.
Comprar europeo, escrito en la norma
El reglamento incorpora también un marco horizontal de preferencia europea, en línea con lo que reclamaba el informe Draghi sobre competitividad. Su artículo 73, titulado «requisitos de preferencia europea», permite al comprador público reservar la licitación a operadores de la Unión o de países «cubiertos» por sus compromisos internacionales, aplicar una reducción porcentual al precio o puntos adicionales a las ofertas con mayor proporción de bienes europeos y, en el extremo, rechazar una oferta cuando el valor de los bienes, servicios u obras de origen europeo o cubierto sea inferior al 50% del valor total estimado de esa oferta. Todo ello debe anunciarse por adelantado en el resumen público de la licitación.
Séjourné lo formuló en la rueda de prensa sin rodeos: «En cualquier caso, no será culpa del comisario europeo si las agencias de contratación pública eligen autobuses chinos en vez de europeos, ya que todo está detallado en el texto y actualmente permite la preferencia por los autobuses europeos», según la transcripción de POLITICO. En el comunicado oficial, el francés escribió que «el dinero público europeo debería, siempre que sea posible, crear empleo, inversión y oportunidades en Europa, en lugar de llenar los libros de pedidos de nuestros competidores».
La preferencia europea no nace aquí. Bruselas la aplica ya en compras concretas: la semana pasada acotó una excepción a la cláusula de compra europea del préstamo de defensa a Ucrania para que Kiev pudiera adquirir piezas estadounidenses de sus Patriot, y el 8 de septiembre autorizó una ayuda alemana de 400 millones a Sanofi con prioridad de suministro al Espacio Económico Europeo. Los bienes que ya tengan reglas de origen en otras propuestas —el Acelerador Industrial, la Ley de Medicamentos Críticos— deberán cumplir ambos juegos de normas, según POLITICO.
Tres procedimientos y una ventanilla digital
En el terreno práctico, el texto reduce el número de procedimientos de contratación. La Comisión habla de «tres procedimientos en lugar de cinco»; el articulado los enumera: un procedimiento abierto con posibilidad de negociar, uno «dinámico» —en el que el comprador acumula empresas que cumplen sus criterios y luego las invita a licitar o negociar— y uno de innovación, para desarrollar y comprar soluciones que todavía no existen en el mercado.
La otra pata es un mercado digital único de contratación: una red de plataformas nacionales y locales de contratación electrónica interconectadas e interoperables, para que una empresa pueda licitar en toda la Unión desde cualquiera de ellas y no tenga que entregar la misma documentación una y otra vez (principio de «solo una vez»). POLITICO cifra en 123 las plataformas existentes hoy en el bloque. La Comisión calcula que solo ese mercado digital ahorraría 220 millones de euros anuales a los compradores públicos: 4.700 euros por comprador, 700 por procedimiento.
El ahorro administrativo total que promete la propuesta es de 650 millones de euros al año: 80 millones para las administraciones y 570 millones para las empresas. POLITICO añade un dato de la presentación que da la medida del recorte de papel: tres directivas y unas dos docenas de leyes sectoriales, unas 900 páginas, quedan reducidas a un reglamento de unas 200.
Qué falta y de dónde viene
Nada de esto es derecho todavía. El reglamento propuesto debe ser negociado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de entrar en vigor, un trámite que en expedientes de este tamaño se cuenta en años. La elección misma del instrumento —reglamento en lugar de directiva— se hizo, según POLITICO, contra la posición de una mayoría de Estados miembros.
La revisión estaba anunciada en las orientaciones políticas de Ursula von der Leyen para su segundo mandato. La Comisión la justifica en deficiencias señaladas desde hace años por el Tribunal de Cuentas Europeo: menos competencia, escasa participación transfronteriza y de pymes, y un aumento de las licitaciones a las que solo se presenta un candidato. Los informes de Mario Draghi y Enrico Letta apuntaban en la misma dirección, la de usar la compra pública como herramienta industrial.
La propuesta llegó el mismo día que la Ley Europea de Innovación, pilotada por la comisaria de Investigación, Ekaterina Zaharieva, que quiere convertir a las administraciones en compradoras de soluciones precomerciales. POLITICO informa de que el alcance de esa segunda ley se recortó tras dos dictámenes negativos del comité de control de calidad normativa de la propia Comisión, según documentos a los que dice haber tenido acceso; esta redacción no ha podido consultarlos.
Una nota sobre las cifras: la Comisión sitúa el gasto anual en contratación en 2,6 billones de euros y POLITICO en «unos 2,5 billones». La cifra que aquí se da como principal es la del documento oficial.
Fuentes
- Comisión Europea, «La Comisión propone normas de contratación pública más sencillas y estratégicas» (IP/26/1817), comunicado de prensa, Bruselas, 9 de septiembre de 2026.
- Comisión Europea, propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones, texto legal, 9 de septiembre de 2026 — documento primario verificado por esta redacción para los umbrales del 30%, el 50% y el rechazo de ofertas con menos del 50% de contenido europeo, y para la enumeración de los procedimientos.
- Comisión Europea, preguntas y respuestas sobre la Ley de Contratación Pública de la UE (QANDA/26/1819), 9 de septiembre de 2026.
- POLITICO, «EU seeks to transform procurement into €600B driver of industry», Aude van den Hove y Pieter Haeck, 9 de septiembre de 2026 — para las declaraciones de Séjourné en la rueda de prensa, el número de plataformas, el recuento de páginas y la posición de los Estados miembros sobre el instrumento jurídico.