Actualiza «Sánchez eleva a 168 millones el plan para Ceuta, con medidas para Melilla», que adelantaba este decreto con las cifras del borrador: 7,1 millones para Ceuta y 10,3 para Melilla, que no sumaban el total anunciado. El texto legal ya está publicado y cuadra las cuentas.

El «Boletín Oficial del Estado» número 218, del jueves 3 de septiembre de 2026, publicó en nueve páginas el Real Decreto 708/2026, de 2 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para realizar actuaciones de interés general en las ciudades de Ceuta y Melilla. Lo firma el ministro de Hacienda, Arcadi España, y lo aprobó el Consejo de Ministros del 1 de septiembre, el mismo que sacó adelante el plan de choque de 309 millones para Ceuta. Entra en vigor el 4 de septiembre.

No es dinero de la crisis migratoria. Es la aportación con la que el Estado lleva años pagando parte del agua y de los servicios públicos de las dos ciudades autónomas, dotada cada ejercicio en la sección 37 de los Presupuestos Generales del Estado.

Dos bolsas de dinero, dos lógicas

El decreto reparte 21,5 millones en tres partidas presupuestarias que responden a criterios distintos.

La primera, de 8 millones, paga el coste de funcionamiento de las plantas desalinizadoras. Se reparte por población, «según el padrón de la población municipal vigente a 1 de enero de 2025»: 3.925.224 euros para Ceuta y 4.074.776 para Melilla. Es casi mitad y mitad —el 49,1% y el 50,9%—, con Melilla ligeramente por delante por tener algunos habitantes más.

La segunda bolsa, de 13,5 millones, financia «actuaciones de interés general» y ahí desaparece el criterio poblacional: 3.250.000 euros para Ceuta y 10.250.000 para Melilla. La partida melillense triplica a la ceutí. El real decreto enumera con detalle en qué puede gastar cada ciudad su parte, pero en sus nueve páginas no explica en ningún momento por qué una recibe tres veces más que la otra.

Sumadas las dos, Melilla se lleva 14.324.776 euros y Ceuta, 7.175.224: dos tercios frente a un tercio.

En qué se puede gastar cada ciudad

La lista de actuaciones subvencionables tampoco es la misma en las dos ciudades, y dibuja dos problemas distintos.

Ceuta puede destinar sus 3,25 millones a cuatro cosas: regulación del tráfico de personas y vehículos, seguridad ciudadana, recogida de residuos y limpieza en zonas periféricas, y lucha contra el fraude en las importaciones de mercancías. El preámbulo justifica esto último en que la posición geográfica de la ciudad «determina una intensa presión migratoria y comercial que facilita la aparición de prácticas fraudulentas».

Melilla puede gastar sus 10,25 millones en servicios sociales —ayuda a domicilio, ludotecas, centros de menores—, en convenios con asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales para actuaciones sociales, asistenciales, sanitarias y de inserción, y en educación y juventud: escuelas infantiles, guarderías, conciertos de plazas y reposición de libros.

Solo son subvencionables gastos corrientes, y el decreto excluye expresamente los gastos de personal de las propias ciudades. Todo debe ejecutarse dentro de 2026.

Sin concurso, con quince días para pedirlo

Las subvenciones se dan por concesión directa: sin convocatoria pública ni competencia entre candidatos, al amparo del artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones. La justificación que da el texto es que las beneficiarias son «las únicas entidades que, por su naturaleza y ámbito de actuación, pueden cumplir su objetivo».

Cada ciudad tiene quince días desde la entrada en vigor para presentar la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda, acompañada de una memoria de actividades cuyo presupuesto no puede ser inferior a la subvención. La Secretaría de Estado de Hacienda dispone de un mes para resolver; si no responde, la petición se entiende denegada por silencio administrativo.

El decreto permite pagos anticipados: las ciudades pueden cobrar antes de gastar, siempre que acrediten estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. A cambio, cada actuación pagada con este dinero debe mencionar al Ministerio de Hacienda y llevar el logotipo institucional del Estado; si no, la Administración puede reclamar de vuelta hasta el 25% de lo concedido.

Por qué el Estado paga el agua de Ceuta y Melilla

Ambas ciudades «carecen prácticamente de los recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de las ciudades españolas y europeas», dice el preámbulo, y dependen de desalinizar agua de mar, un procedimiento considerablemente más caro. De ahí la aportación estatal.

El propio texto admite la tensión que eso genera: tanto la directiva marco del agua europea de 2000 como la Ley de Aguas española «promueven la recuperación de costes en el suministro de agua» —esto es, que quien consume pague lo que cuesta producirla— «como medida para procurar un uso más eficiente de este recurso escaso». Aun así, concluye, «el objeto de este real decreto es seguir manteniendo el apoyo a la financiación de los costes de suministro del agua en ambas ciudades autónomas».

Para el resto del dinero, el argumento es socioeconómico: tasas de riesgo de pobreza o exclusión social superiores a la media nacional y europea, una de las mayores densidades de población de España, un desarrollo industrial limitado por el tamaño del territorio y la falta de materias primas, ausencia de centros de investigación, un sector turístico «de dimensión muy reducida» y el sobrecoste de transportar viajeros y mercancías en barco o en avión.

Lo que despeja el texto publicado

El 31 de agosto, elDiario.es adelantó el borrador del decreto y cifró en 7,1 millones la parte de Ceuta y en 10,3 la de Melilla. Esas dos cifras sumaban 17,4 millones, 4,1 menos que el total de 21,5 anunciado, sin que se explicara la diferencia.

El BOE la despeja: los 7,1 millones eran el total de Ceuta —7.175.224, sus dos partidas juntas—, mientras que los 10,3 de Melilla eran solo su línea de «actuaciones». Faltaban por contar los 4.074.776 euros que le tocan de las desalinizadoras. Con ellos, el reparto final es bastante más favorable a Melilla de lo que sugerían las cifras del borrador.

Este real decreto es, además, una norma distinta del Real Decreto-ley 22/2026 de apoyo a Ceuta, que el mismo Consejo de Ministros aprobó por la vía de urgencia y que sí responde a la crisis migratoria. Los dos textos se cruzan en el agua: el artículo 32 de aquel decreto-ley concede a Ceuta otros 2.000.000 de euros «para financiar parte de los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora», y lo hace con cargo al mismo concepto presupuestario —el 464 del programa 942N de la sección 37— del que salen los 8 millones que reparte este. Sumando ambos, la desalinizadora ceutí recibe 5.925.224 euros del Estado en 2026.

Fuentes

• «BOE» núm. 218, de 3 de septiembre de 2026, páginas 118543 a 118551: Real Decreto 708/2026, de 2 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para realizar actuaciones de interés general en las ciudades de Ceuta y Melilla (identificador europeo de legislación: ELI).
• elDiario.es, «El Gobierno inyectará 21,5 millones para reforzar los servicios públicos y las desalinizadoras de Ceuta y Melilla», 31 de agosto de 2026.