Donald Trump firmó el jueves 6 de agosto de 2026 dos órdenes ejecutivas —decretos presidenciales que obligan a la Administración federal sin pasar por el Congreso— que estrechan el cerco sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La primera, Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship, prohíbe a las agencias federales expedir documentos que reconozcan la ciudadanía a determinados hijos de extranjeros. La segunda, Ending Birth Tourism, encarga a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional cortar el viaje a Estados Unidos con el propósito de dar a luz, lo que el texto llama «turismo de maternidad». Ambos documentos están publicados íntegros en la web de la Casa Blanca. Europa Press informó de la segunda el viernes 7 de agosto.

Qué encarga la orden sobre el «turismo de maternidad»

«La ciudadanía no es una mercancía que se pueda adquirir mediante la explotación calculada y la evasión de las leyes de inmigración, como por ejemplo, ingresando a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz dentro de las fronteras de la Nación», arranca el texto, en la traducción que publicó Europa Press.

La orden define «turismo de maternidad» de dos maneras: la entrada de un extranjero en Estados Unidos con un visado de no inmigrante —el permiso temporal para estudiar, trabajar por temporada, participar en programas de intercambio o hacer turismo— con el fin de dar a luz en suelo estadounidense; y cualquier esfuerzo de un extranjero por facilitar esa entrada a otro.

Para perseguirlo, Trump delega en el secretario de Estado y en el de Seguridad Nacional la potestad presidencial de restringir la entrada de extranjeros que le otorga el artículo 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1185(a)). El decreto no nombra a las personas que ocupan esos cargos: según la web de la Casa Blanca, son Marco Rubio y Markwayne Mullin. El abanico de medidas que pueden adoptar va de impedir la entrada o denegar el visado a revocarlo y prohibir la entrada de por vida, expulsar a quien ya haya participado en una de estas operaciones y actuar «contra entidades, organizaciones o individuos, dentro o fuera de Estados Unidos», que las faciliten. Un capítulo de exenciones permite a cualquiera de los dos secretarios eximir a un extranjero «por razones humanitarias o cuando su entrada sea de interés nacional».

Cuatro supuestos sin ciudadanía

La otra orden va más lejos: instruye a las agencias federales para que no emitan —ni acepten de gobiernos estatales o locales— documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense de una persona cuando ninguno de sus dos progenitores sea ciudadano y concurra alguno de estos cuatro supuestos: que uno de los padres sea «enemigo extranjero», categoría en la que el texto incluye a los miembros de organizaciones designadas como terroristas por Washington; que sea empleado de un gobierno extranjero, desde embajadores hasta personal de embajadas y consulados u organismos internacionales con inmunidad; que haya pagado por «comprar o acceder» a la ciudadanía por nacimiento, incluida la contratación de una gestación subrogada en territorio estadounidense; o que la persona haya nacido en un territorio o en aguas territoriales de Estados Unidos donde ninguna ley federal conceda la ciudadanía.

Los responsables de todos los departamentos deben publicar instrucciones de aplicación en un plazo de 30 días, es decir, antes del 5 de septiembre de 2026.

Un mes después del fallo del Supremo

El propio decreto explica de dónde viene. El 30 de junio de 2026 el Tribunal Supremo resolvió el caso Trump contra Barbara (nº 25-365), con ponencia del presidente del tribunal, John Roberts: los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes de forma irregular o temporal están «sujetos a la jurisdicción» del país y son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. La sentencia tumbaba así la directiva que Trump firmó el 20 de enero de 2025, su primer día en el cargo, para negar la ciudadanía a los hijos de madres en situación irregular o con visado temporal.

Estados Unidos aplica el ius soli: es ciudadano quien nace en su territorio, al contrario que la mayoría de países europeos, donde predomina el ius sanguinis y la nacionalidad se hereda de los padres. La nueva orden no discute ese principio de frente: sostiene que se limita a enumerar «categorías» de niños que, según su lectura de la sentencia, quedan fuera de la regla por «excepciones históricas» que el propio Supremo reconoció.

Es el patrón de esta Administración: cuando un tribunal frena una vía, se abre otra. En julio, un tribunal federal mantuvo bloqueado su decreto sobre el voto por correo en 23 estados y el Distrito de Columbia, y veinticinco estados demandaron al Gobierno federal por condicionar los fondos de emergencia a que colaborasen en la persecución de inmigrantes.

Lo que la orden no cuantifica

El texto sobre el «turismo de maternidad» afirma que hay «operadores» que usan «publicidad engañosa e incentivos» para atraer a extranjeras, que las aleccionan para mentir a los funcionarios consulares y de frontera y que han creado «industrias florecientes» en todo el mundo. No aporta ni una cifra: ni cuántas personas viajan a Estados Unidos a dar a luz, ni cuántos negocios de este tipo existen, ni cuántos niños obtienen así la ciudadanía. Tampoco lo hace la ficha informativa que la Casa Blanca publicó junto a las dos órdenes.

Fuentes

• Casa Blanca, orden ejecutiva «Ending Birth Tourism», 6 de agosto de 2026 (documento primario).
• Casa Blanca, orden ejecutiva «Continuing to Protect the Meaning and Value of American Citizenship», 6 de agosto de 2026 (documento primario).
• Casa Blanca, ficha informativa sobre ambas órdenes, 6 de agosto de 2026.
• Tribunal Supremo de Estados Unidos, Trump v. Barbara, nº 25-365, 30 de junio de 2026.
• Europa Press, «Trump firma una orden ejecutiva para prohibir la entrada en EE.UU. vinculada al “turismo de maternidad”», 7 de agosto de 2026, 8.54 UTC.

Notas de verificación de esta redacción: la única fuente periodística registrada que sostiene la pieza es Europa Press; el resto son documentos oficiales estadounidenses consultados directamente, no fuentes independientes. Los nombres de los titulares de Estado y Seguridad Nacional no figuran en la orden y se han tomado del gabinete publicado por la Casa Blanca. Europa Press cifra en unos 250.000 los bebés al año que podría haber afectado la directiva anulada, según datos del Instituto de Políticas Migratorias y de la Universidad de Pensilvania; esta redacción no ha localizado el estudio original, y por eso la cifra no se incorpora al cuerpo de la noticia.