Veinticinco estados y el distrito de Columbia llevaron el jueves 23 de julio de 2026 a la Administración de Donald Trump ante el tribunal federal de distrito de Rhode Island por atar el dinero federal de emergencias a dos exigencias ajenas a las catástrofes: que los estados rehagan su sistema electoral y que presten sus policías a la persecución de inmigrantes. La demanda —caso 1:26-cv-00485, presentado ese mismo día— pide al juez que declare ilegales esas condiciones y prohíba aplicarlas.

Firman veinticuatro fiscales generales estatales —el cargo, elegido en las urnas en la mayoría de estados, es el abogado del estado, no un fiscal al modo español— y, por sus estados, los gobernadores demócratas de Kentucky, Andy Beshear, y de Pensilvania, Josh Shapiro. Encabezan el grupo Rob Bonta (California), Kwame Raoul (Illinois), Jennifer Davenport (Nueva Jersey) y Peter Neronha (Rhode Island). Los demandados son el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su titular Markwayne Mullin, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) y su máximo responsable en funciones, Robert J. Fenton.

Qué dinero está en juego

El grueso del pulso es el Programa de Subvenciones para Seguridad Nacional (HSGP), creado por el Congreso tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para que estados y municipios prevengan y respondan a atentados. Los estados demandantes tienen asignados más de 740 millones de dólares de ese programa en el ejercicio fiscal 2026, según la demanda; el 20% que el DHS amenaza con retener a quien no acepte las nuevas reglas electorales equivale a unos 148 millones. California, por sí sola, recibe 150 millones anuales del HSGP, según su fiscalía general. El pleito alcanza además al programa que paga la plantilla de gestión de emergencias de los estados (EMPG) y, en el capítulo de rescisión de ayudas, a prácticamente toda la financiación de FEMA de 2026.

Las tres condiciones impugnadas

Electorales. Para cobrar el HSGP íntegro, el DHS exige a los estados verificar la ciudadanía de todas las personas inscritas en sus censos con el sistema federal SAVE —una base de datos de Seguridad Nacional pensada para comprobar la situación migratoria de quien solicita prestaciones, que los demandantes tachan de propensa a errores—, pasar a papeletas marcadas a mano, auditar a mano el 5% de los sistemas de votación y cotejar votantes y papeletas con una metodología que, dice la demanda, el departamento no ha publicado. Los estados alegan que tendrían que tirar por la borda años de trabajo y millones invertidos en sus sistemas de voto para cobrar un dinero destinado a prevenir atentados. La demanda subraya que el Congreso ha debatido varias veces requisitos federales de este tipo —las sucesivas versiones de la llamada ley SAVE— y que ninguna ha superado el Senado.

Migratorias. Las condiciones de 2026 vuelven a supeditar las ayudas a que los estados colaboren en la aplicación de la ley federal de inmigración, con un texto que la propia demanda describe como prácticamente idéntico al que los tribunales anularon y suspendieron en 2025. Con un matiz que conviene no saltarse: según el escrito, el DHS y FEMA afirman que todavía están decidiendo si aplican esas cláusulas al HSGP y al EMPG.

Rescisión discrecional. FEMA se reserva cortar el grifo en cualquier momento si considera que la subvención ya no encaja con las «prioridades de la agencia» o, en las ayudas discrecionales, «por conveniencia, incluso si la subvención ya no promueve el interés nacional». Los estados sostienen que esa amenaza permanente destruye la previsibilidad de unos fondos que sirven para pagar sueldos de primeros intervinientes y planes de recuperación.

El argumento jurídico

La demanda no discute la política migratoria ni la electoral: discute quién manda sobre el dinero. Sostiene que el Congreso nunca autorizó al DHS ni a FEMA a reescribir la ley electoral de los estados, a reclutarlos para la inmigración ni a cancelar fondos por cualquier motivo; que las agencias se saltaron el procedimiento razonado que exige la Ley de Procedimiento Administrativo (APA); y que la cláusula de gasto de la Constitución prohíbe al Gobierno federal coaccionar a los estados con condiciones vagas y ajenas al fin de la ayuda.

«El Congreso asignó estos fondos a los estados para la preparación y respuesta ante emergencias, incluyendo la lucha contra el terrorismo y los desastres naturales, y el poder ejecutivo no tiene autoridad legal en este asunto», declaró Neronha en el comunicado de la coalición recogido por Europa Press. Bonta enmarcó la maniobra en la debilidad política del presidente: «Trump tiene poco apoyo tanto para su agenda de deportaciones masivas como para sus acusaciones infundadas de fraude electoral, así que intenta forzar a los gobiernos estatales y locales a adoptar sus políticas preferidas a cambio de financiación». Shapiro anunció su demanda contra «la Administración Trump por retener millones de dólares destinados a la seguridad pública con el fin de hacerse con el control de nuestras elecciones».

Son las palabras de una de las partes. Esta redacción no ha obtenido la posición del DHS ni de FEMA, que no consta en el teletipo de Europa Press ni en la documentación consultada; el pleito acaba de empezar y ningún juez se ha pronunciado.

Contexto

Es el tercer asalto del mismo combate. Bonta codirigió en 2025 otras dos demandas, también en el tribunal de Rhode Island, contra el intento del DHS de condicionar miles de millones en fondos de emergencia a que los estados aplicasen la ley federal de inmigración y contra el posterior reparto de fondos antiterroristas en función de la afinidad política de cada jurisdicción; ambas prosperaron y las condiciones quedaron suspendidas. La demanda de 2026 alega que las nuevas cláusulas reinciden en lo ya anulado.

El choque con los tribunales es marca de la casa de esta Administración: el Tribunal Supremo anuló en febrero de 2026 los aranceles recíprocos que Trump había fijado invocando poderes de emergencia, y el presidente respondió amparándose en otra norma, como recogió Actualidad Libre al informar de los aranceles a 60 economías por trabajo forzado.

Fuentes

• Demanda íntegra (85 páginas, en inglés), caso 1:26-cv-00485, Tribunal Federal de Distrito de Rhode Island, presentada el 23 de julio de 2026 — documento primario.
• Fiscalía General de California, comunicado del 23 de julio de 2026 (fuente de parte: es demandante).
• Europa Press, «Autoridades de medio EEUU demandan a la Administración Trump por ligar fondos de emergencia a cooperar en inmigración», 24 de julio de 2026, 01:41.

Entre los medios vigilados, la noticia se sostiene en una sola fuente (Europa Press, confianza alta); los hechos se han verificado además contra el documento primario, la demanda presentada, y contra el comunicado de una de las partes demandantes. La pieza toca un proceso judicial en curso, materia electoral y acusaciones contra cargos identificables, por lo que requiere aprobación humana (lista de excepciones de CLAUDE.md) y no lanza aviso push.