El Gobierno de Estados Unidos gravará los productos de 60 economías —países y bloques como la Unión Europea— por no impedir la entrada de bienes fabricados con trabajo forzado. La orden la firmó el 23 de julio de 2026 el representante comercial, Jamieson Greer, por instrucción expresa del presidente Donald Trump, al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 —el instrumento que permite a Washington tomar represalias comerciales contra prácticas extranjeras que considera desleales—, según el anuncio oficial de la Oficina del Representante Comercial (USTR).

Un arancel es un impuesto que encarece los productos importados: lo paga el importador en la aduana y suele trasladarse a lo largo de la cadena de suministro hasta el precio final.

El gravamen tiene dos tramos. Las economías que ya prohíben importar bienes hechos con trabajo forzado —o que se han comprometido a hacerlo— pagarán un 10%; el resto de las investigadas, un 12,5%. En el tramo del 10% figuran Argentina, Bangladés, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido, según la USTR.

La decisión cierra una investigación abierta el 12 de marzo de 2026 sobre esas 60 economías. La oficina celebró dos rondas de audiencias públicas, recibió más de 2.100 comentarios y consultó a más de 45 gobiernos antes de determinar, el 2 de junio, que esas prácticas «perjudican o restringen el comercio estadounidense». El texto contempla exenciones para ciertas materias primas y para productos sin alternativa nacional a precio razonable. El detalle jurídico figura en la notificación al Registro Federal, el diario oficial del Gobierno de Estados Unidos.

«Estados Unidos prohíbe importar productos del trabajo forzado desde hace casi un siglo y lo aplica con rigor; ya va siendo hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo», declaró Greer en el comunicado.

El nuevo arancel releva al gravamen global temporal del 10% que la Administración Trump había impuesto durante 150 días y que expiraba esa misma medianoche, según informó Europa Press. La agencia recuerda que el Tribunal Supremo estadounidense anuló en febrero de 2026 los aranceles recíprocos que Trump había fijado invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés); el presidente respondió amparándose en otra norma para gravar con un 10% la mayoría de las importaciones, tasa que después anunció que elevaría al 15%.