Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos se negó el 25 de julio de 2026 a levantar el bloqueo que pesa sobre el decreto electoral de Donald Trump. El Gobierno federal y doce estados con fiscales generales republicanos habían pedido suspender de forma cautelar la sentencia de un tribunal de Boston mientras se resuelve su recurso, para poder aplicar la norma antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. «Por todas estas razones, denegamos las peticiones de suspensión», concluye la resolución, firmada por el tribunal y accesible íntegra en el expediente del caso (asuntos 26-1774 y 26-1779).

La decisión deja intacta la sentencia que el 7 de julio dictó la jueza Indira Talwani, del tribunal federal de distrito de Massachusetts, en el pleito Estado de California contra Trump. Talwani declaró que las secciones 2 y 3 del decreto son ultra vires —dictadas fuera de las competencias del presidente— y vulneran la separación de poderes, y prohibió a las agencias federales aplicarlas. El alcance es limitado y así lo subraya el propio Primer Circuito: solo rige en los 23 estados demandantes y el Distrito de Columbia, solo para las elecciones federales que se celebren el 3 de noviembre de 2026 o antes, y no alcanza al presidente en persona. Fuera de esos estados, el decreto puede aplicarse.

Qué ordena el decreto

La norma es la orden ejecutiva 14399, Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections («Garantizar la verificación de la ciudadanía y la integridad en las elecciones federales»), firmada el 31 de marzo de 2026 y publicada en el Federal Register —el boletín oficial estadounidense— el 3 de abril. En Estados Unidos son los estados y los municipios, no Washington, quienes organizan las elecciones, incluidas las federales.

Su sección 2 encarga al Departamento de Seguridad Nacional confeccionar listas de personas confirmadas como ciudadanas estadounidenses, mayores de 18 años el día de la votación y residentes en cada estado, y remitirlas a las autoridades electorales estatales al menos 60 días antes de cada elección federal: para el 3 de noviembre, antes del 4 de septiembre. La misma sección ordena al fiscal general priorizar la investigación y el procesamiento de los cargos estatales y locales «que entreguen papeletas federales a personas no elegibles para votar», y de quienes impriman o distribuyan esas papeletas.

La sección 3 va al Servicio Postal. Obliga al director general de Correos a abrir un procedimiento normativo que fije el diseño de los sobres del voto por correo —marcas específicas y códigos de barras únicos— y establezca que el servicio postal «no transmitirá papeletas por correo o en ausencia» de ningún votante cuyo nombre no figure en la lista estatal correspondiente. El plazo para aprobar la norma definitiva vence el 29 de julio de 2026, 120 días después del decreto. El Servicio Postal publicó su propuesta el 2 de junio. La sección 5 añade la retirada de fondos federales a los estados incumplidores; la parte de esa sección sobre conservación de archivos durante cinco años fue desestimada por la jueza al considerarla una mera recomendación sin fuerza obligatoria.

Por qué pierde el Gobierno

En esta fase, el Gobierno y los estados personados a su favor no discutieron el fondo: pidieron la suspensión alegando únicamente que los estados demandantes carecen de legitimación activa —el derecho a acudir al juez porque el acto les causa un daño propio— y que el pleito es prematuro. El tribunal recuerda que quien pide una suspensión cautelar carga con la prueba de un «remedio extraordinario» y no lo consiguió.

Sobre el daño, la resolución es concreta: varios estados «ya han tenido que retirar a personal electoral de proyectos críticos exigidos por ley» para diseñar un plan de cumplimiento, han trabajado en las especificaciones técnicas para compartir grandes volúmenes de datos confidenciales con las agencias federales y han empezado a formar a sus funcionarios. «Entre los plazos comprimidos y los cambios anticipados en los procesos electorales de los estados, el expediente indica que la orden ejecutiva ya ha producido una tensión increíble sobre los funcionarios electorales estatales y sus equipos», escribe el tribunal. A ello suma «una amenaza inminente y creíble de sanciones» si los estados no usan los sobres diseñados por Correos o dejan votar a quien no figure en las listas de Seguridad Nacional.

El juez Joshua Dunlap, nombrado durante el segundo mandato de Trump, coincidió en casi todo pero discrepó en un punto: habría suspendido el bloqueo de la sección 2(a) —la que ordena elaborar y enviar las listas de ciudadanía— y de parte de la 2(b), porque a su juicio esa entrega de información no obliga a los estados a hacer nada y su perjuicio es «especulativo e hipotético». La mayoría —los jueces Gustavo Gelpí y Julie Rikelman, ambos nombrados por Joe Biden— responde en una nota a pie que el Gobierno nunca pidió una suspensión parcial ni explicó por qué debería concederse.

Lo que viene

El Departamento de Justicia había avanzado en escritos anteriores que valoraría llevar el pleito al Tribunal Supremo, según informó Europa Press a partir de un despacho de Bloomberg. Hay más frentes abiertos: en la demanda paralela del Comité Nacional Demócrata y los líderes del partido en el Congreso, un tribunal federal de Washington se negó el 4 de junio a bloquear el decreto por prematuro —resolución que el propio Dunlap cita en su voto—, y los demandantes han pedido al Circuito de Washington que intervenga antes de noviembre.

Doce estados con fiscales generales republicanos —Alabama, Misuri, Florida, Indiana, Kansas, Luisiana, Montana, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Texas— se personaron en el caso en apoyo del decreto. La coalición demandante la encabeza California; su fiscal general, la fiscalía federal y la Casa Blanca no respondieron a las peticiones de comentarios, según Europa Press. La Administración presenta las medidas como salvaguardias contra el fraude; Trump lleva años sosteniendo, sin aportar pruebas, que el voto por correo beneficia ilegalmente a los demócratas.

Es el segundo choque en pocos días entre estados y Casa Blanca por la maquinaria electoral: el 23 de julio, veinticinco estados y el Distrito de Columbia demandaron a la Administración ante el tribunal federal de Rhode Island por condicionar los fondos de emergencia a que rehagan su sistema de voto. El 3 de noviembre los republicanos defienden mayorías estrechas en las dos cámaras del Congreso; las primarias federales empiezan en septiembre.

Fuentes

• Documento primario: Orden de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, asuntos 26-1774 y 26-1779, de 25 de julio de 2026 (PDF, vía RECAP/CourtListener; expediente 1:26-cv-11581, tribunal federal de distrito de Massachusetts).
• Orden ejecutiva 14399, «Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections», 91 FR 17125, firmada el 31 de marzo de 2026.
• Propuesta de norma del Servicio Postal, «Ballot Mail for Federal Elections», 91 FR 32915, 2 de junio de 2026.
• Europa Press: «Un tribunal bloquea provisionalmente la polémica reforma de Trump sobre el voto por correo», 25 de julio de 2026, 20.24 UTC, con citas de la resolución recogidas de Bloomberg.

Fuente periodística única (Europa Press, confianza alta): ninguna otra fuente registrada en contenido/fuentes.yaml había publicado el hecho al cierre de esta edición. Los datos sobre el contenido y el alcance de la resolución, el decreto y la norma postal proceden de los documentos oficiales enlazados, no del despacho de agencia. Europa Press cifraba en «una veintena» los estados demandantes; la resolución judicial dice 23 estados y el Distrito de Columbia —Pensilvania comparece a través de su gobernador, Josh Shapiro—, y esa es la cifra que se recoge aquí.