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Italia inmoviliza 45 días el Sea Watch 5 y multa a la ONG

El Gobierno italiano ordenó el domingo 23 de agosto de 2026 la inmovilización durante 45 días del buque de rescate 'Sea Watch 5' y una multa de 7.500 euros a la ONG alemana propietaria por no avisar al centro libio de coordinación de salvamento tras rescatar a seis personas el 13 de agosto. Sea Watch admite que no llamó a Libia y sostiene que esa autoridad ampara a los traficantes.

Renato Davila · 23 de agosto de 2026 · internacional

El buque de rescate 'Sea Watch 5', de casco azul con franja roja bajo la línea de flotación, atracado en el puerto de Hamburgo. En el costado se lee «Sea-Watch.org» en letras blancas y en la proa, «Sea-Watch 5»; sobre cubierta hay una lancha de salvamento naranja y, al fondo, edificios de oficinas y grúas de obra.
Imagen de archivo: el 'Sea Watch 5' atracado en el puerto de Hamburgo el 5 de noviembre de 2022. (Foto: Wolfgang Fricke (Wikimedia Commons), CC BY 3.0)

El Gobierno de Italia ordenó este domingo 23 de agosto la inmovilización durante 45 días del buque de rescate de migrantes Sea Watch 5 y una multa de 7.500 euros a Sea Watch, la organización no gubernamental alemana propietaria del barco, por no colaborar con las autoridades libias, según informó Europa Press. El castigo responde a que la ONG no avisó al centro libio de coordinación de salvamento marítimo —el organismo que, sobre el papel, dirige los rescates en la zona de mar que Trípoli reclama como propia— tras recoger a seis personas en aguas internacionales el jueves 13 de agosto.

Quien lo anunció fue el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en un mensaje en redes sociales: «El “Sea Watch 5” estará parado durante 45 días». La multa, precisó, es por «no cumplir con las obligaciones legales». «Es un incumplimiento grave de la ley. Las actividades de rescate en el mar tienen que ser gestionadas y coordinadas por los Estados competentes, no por ONG», añadió.

Sea Watch no negó los hechos: los reivindicó. «Es cierto. El jueves 13 de agosto, tras rescatar a seis personas en aguas internacionales, informamos a Italia y a los países europeos vecinos, pero no al denominado Centro de Coordinación de Rescates Marítimos Libio, una autoridad títere que sirve para legitimar y convertir en interlocutores aceptables a los hombres y traficantes que poco después del rescate nos apuntaron con un fusil para que nos marchásemos de “su territorio”», respondió la organización. Y remató con una pregunta al ministro: «¿Son a estas “autoridades competentes” a las que se refiere?». Es la versión de la ONG, recogida por la misma agencia: ni el episodio del fusil ni la naturaleza del centro libio están verificados por esta redacción.

La réplica política llegó desde el partido que gobierna. La diputada de Hermanos de Italia —la formación de la primera ministra Giorgia Meloni— Cristina Almici reprochó a Sea Watch que «insinúe que el Gobierno italiano colabora con criminales y traficantes». «Es vergonzoso. No vamos a aceptar lecciones de una ONG alemana que dice venir al Mediterráneo, ignora las órdenes de las autoridades competentes y después acusa al Estado italiano cuando es sancionada», declaró, según la prensa italiana citada por Europa Press. Fue Almici, y no el ministro, quien emplazó a la organización a recurrir la decisión si la considera injusta: «Así es como funciona un estado constitucional. Basta ya del cuento de que el Gobierno no combate a los traficantes. En Italia la ley se respeta».

Una multa que encaja en la ley y un plazo que no

Italia castiga desde 2023 a los barcos de rescate con el llamado decreto Piantedosi, el decreto-ley 1/2023, que reescribió el régimen de sanciones a las embarcaciones de las ONG. Ese texto prevé, cuando el capitán o el armador del barco no facilitan la información que les pide la autoridad de salvamento competente, una multa de entre 2.000 y 10.000 euros —los 7.500 impuestos caen dentro de esa horquilla— y, como sanción accesoria, la inmovilización del barco durante 20 días; si la infracción se repite, la inmovilización es de dos meses, y a la siguiente cabe el decomiso de la nave. La norma no contempla un plazo de 45 días. Ni el mensaje del ministro ni la información de la agencia precisan qué precepto se ha aplicado ni cómo se llega a esa cifra, y el Ministerio del Interior italiano no ha publicado la resolución en su sala de prensa.

Piantedosi es el mismo ministro que sostiene los controles fronterizos que Italia impuso a los viajeros llegados de España tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta, una medida cuyos efectos Roma sigue sin cuantificar mientras el Ministerio del Interior español publica los suyos casi a diario.

Fuentes

Fuente única. Los hechos de esta noticia —la sanción, las declaraciones de Piantedosi, la respuesta de Sea Watch y la reacción de Almici— proceden solo de Europa Press, agencia de confianza alta. No se ha localizado comunicado oficial ni del Ministerio del Interior italiano ni de Sea Watch en sus canales propios.