El avión salió de Alexandria (Luisiana) la mañana del jueves 20 de agosto de 2026, con escala prevista en Miami antes de poner rumbo a Cap-Haïtien, en el norte de Haití. Lo rastreó Human Rights First, una organización estadounidense que sigue los vuelos de expulsión, y lo publicó Europa Press el viernes 21 de agosto. No es el primer traslado de migrantes a Haití, pero sí el primero desde que el Tribunal Supremo dejó sin efecto, en junio, las órdenes judiciales que congelaban el fin de la protección temporal para haitianos y sirios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que dirige Markwayne Mullin, no ha dicho si a bordo viajaban personas afectadas por esa retirada: respondió a la agencia Bloomberg que no confirma los vuelos de deportación «por razones de seguridad operativa». Es decir, del pasaje solo se sabe lo que ha podido reconstruir una organización civil desde fuera.

Qué decidió el Supremo el 25 de junio

El fallo se llama Mullin contra Doe, números 25-1083 y 25-1084, y se resolvió el 25 de junio de 2026, tras la vista del 29 de abril. Cinco haitianos y siete sirios habían logrado en primera instancia que dos tribunales federales —en Nueva York y en Washington— paralizaran cautelarmente la supresión de su estatus mientras se juzgaba el fondo. El Supremo revocó esas medidas.

La sentencia no dice que el Gobierno tenga razón sobre Haití: dice que casi nadie puede discutírselo ante un juez. La ley del Estatus de Protección Temporal (TPS, el permiso de residencia y trabajo que Washington concede a los nacionales de países golpeados por una guerra o un desastre) establece que «no habrá revisión judicial de ninguna determinación del secretario de Seguridad Nacional respecto a la designación, la terminación o la prórroga de la designación de un Estado extranjero». Para la mayoría, esa frase basta: bloquea todas las demandas que no invoquen la Constitución.

Quedaba una que sí la invocaba —la de los demandantes haitianos, que alegaban que la decisión se tomó por motivos raciales, citando declaraciones del presidente Donald Trump y de la entonces secretaria Kristi Noem—, y el tribunal la despachó con un argumento que el propio texto califica de irónico: los demandantes ofrecen una explicación no racial al aportar que esta Administración «ha cancelado todas las designaciones de TPS que han llegado a su renovación» y simplemente se opone al programa. Ninguna de las frases citadas, añade, era «abiertamente racial».

Firmó la ponencia el juez Samuel Alito. La decisión salió 6-3: se le sumaron el presidente John Roberts y los jueces Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, y Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett con la salvedad de un apartado. Elena Kagan firmó el voto discrepante, al que se adhirieron Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

Del terremoto de 2010 a la tercera intentona

Estados Unidos concedió el TPS a Haití en enero de 2010, después del terremoto que arrasó Puerto Príncipe. Quince años más tarde, el Gobierno de Trump anunció su final en el Registro Federal el 1 de julio de 2025, con efectos el 2 de septiembre; el aviso lo firmaba Noem. Un juez federal lo frenó. El DHS volvió a la carga el 28 de noviembre de 2025 con un aviso nuevo que sustituía al anterior y fijaba el fin para el 3 de febrero de 2026. El texto oficial explica el motivo del segundo intento sin rodeos: «a causa de la interferencia de un juez federal de distrito».

Ese mismo documento cifra en unos 352.959 los haitianos con TPS, de los cuales unos 18.068 tenían además, a 10 de noviembre de 2025, la residencia permanente —y conservan por tanto un estatus legal—. El resto se queda sin permiso de trabajo y expuesto a la expulsión.

Un país al que su propio Gobierno desaconseja viajar

El aviso del DHS que da por superadas las condiciones que justificaban la protección reconoce, en sus propias páginas, que el secretario general de la ONU informó el 28 de agosto de 2025 de que 1,3 millones de personas —en torno al 12% de la población haitiana— han huido de sus casas por una violencia de bandas que «ha engullido» Puerto Príncipe «y se extiende más allá». Cita también al embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, el 22 de octubre de 2025: «Tenemos bandas que aterrorizan comunidades, extorsionan a familias y reclutan niños para cometer horrores por cuenta de sus jefes». El documento sostiene, aun así, que los datos de desplazamiento interno indican que «hay partes del país adecuadas para el regreso» y menciona «señales emergentes de esperanza», como la fuerza multinacional de 5.550 efectivos contra las bandas que el Consejo de Seguridad autorizó el 30 de septiembre de 2025.

Haití encadena inestabilidad política desde el terremoto, con episodios como el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse en 2021. El Departamento de Estado mantiene sobre el país una advertencia de nivel 4 —«no viajar»— por criminalidad, secuestros, terrorismo, disturbios y escasa cobertura sanitaria, según recoge Europa Press. El fin del TPS ha recibido críticas de demócratas y republicanos, que advierten de que agravará la falta de trabajadores en el sector sanitario, residencias de ancianos incluidas, y pondrá en peligro a quienes regresen.

La cifra de la campaña

Desde que Trump volvió al poder en 2025, su Administración ha efectuado unas 590.000 deportaciones y cerca de 550.000 arrestos de extranjeros en Estados Unidos, según los datos que publica Europa Press. Esta redacción no ha localizado el desglose oficial que sostiene esas dos cifras, que se recogen aquí con atribución expresa.

El cerco no se limita a los vuelos. En agosto, la Casa Blanca firmó dos órdenes ejecutivas para limitar la ciudadanía por nacimiento y atajar el «turismo de maternidad», y el sistema de detención migratoria arrastra su propio historial: el 1 de agosto murió bajo custodia del ICE un detenido en Nueva Jersey, el segundo fallecido en ese centro desde su reapertura.

Fuentes

• Tribunal Supremo de Estados Unidos, Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, y otros contra Doe y otros, núms. 25-1083 y 25-1084, 25 de junio de 2026 (documento primario).
• Registro Federal, «Termination of the Designation of Haiti for Temporary Protected Status», 28 de noviembre de 2025, 90 FR 54733 (documento primario).
• Registro Federal, «Termination of the Designation of Haiti for Temporary Protected Status», 1 de julio de 2025, 90 FR 28760 (documento primario).
• Europa Press, «EEUU realiza su primer vuelo de deportación a Haití desde que el Supremo validó la retirada de protecciones humanitarias», 21 de agosto de 2026, 4.57 UTC.

Notas de verificación de esta redacción: la única fuente periodística registrada que sostiene el vuelo es Europa Press, que atribuye el rastreo a Human Rights First y la respuesta del DHS a la agencia Bloomberg; no se ha localizado comunicado oficial que lo confirme, y el propio DHS declina hacerlo. La sentencia del Supremo y los avisos del Registro Federal se han consultado directamente en sus fuentes oficiales, con sus citas traducidas por esta redacción. La advertencia de nivel 4 del Departamento de Estado se atribuye a Europa Press: el servidor travel.state.gov devolvió un error 403 a las consultas de esta redacción el 21 de agosto de 2026 y no ha podido comprobarse en el original. La página de Human Rights First sobre seguimiento de vuelos de deportación tampoco estaba accesible ese día en su web.