Lo que Jéssica Rodríguez contó como testigo en un juicio se ha convertido en el principal argumento para investigarla en otro. La Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado en contra de los recursos con los que las defensas de Rodríguez —expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos— y de Ignacio Zaldívar, ex alto cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), pelean por salir de la lista de investigados del «caso Koldo», la causa que instruye la Audiencia Nacional. El escrito lo adelantó el 26 de agosto de 2026 Europa Press, que dice haber tenido acceso a él.

Estar investigado —lo que antes se llamaba imputado— no significa estar acusado ni condenado: es la condición procesal de quien puede defenderse mientras un juez averigua si hubo delito. Ni Rodríguez ni Zaldívar han sido juzgados por estos hechos, y ambos se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron citados como investigados, el 20 de julio de 2026.

Lo que se investiga es la contratación de Rodríguez, entre 2019 y 2021, en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec— mientras Ábalos era ministro. Ese mismo día de julio declaró también Joseba García, hermano de Koldo García, el exasesor ministerial condenado en el «caso mascarillas»: negó haber participado en aquella contratación.

«Yo cobraba y estaba a la espera»

El testimonio que ahora invoca la Fiscalía lo prestó Rodríguez en un juicio distinto, el del «caso mascarillas» ante el Tribunal Supremo, donde declaró como testigo y no como acusada. Allí reconoció que no llegó a trabajar en Ineco y afirmó que Ábalos lo sabía. «Yo solamente tenía que hacer lo que Joseba y Koldo me pidieran. Yo cobraba y estaba a la espera de lo que me dijeran que tenía que hacer», declaró, según recoge Europa Press. La sentencia de aquel juicio dio por probado que cobró más de 40.000 euros de las dos empresas.

Anticorrupción sostiene que esa declaración de hechos probados «ha de implicar necesariamente una modificación de su situación procesal, pasando a adquirir la condición de investigada». Añade que Rodríguez «fue contundente al afirmar que José Luis Ábalos conocía dicha realidad» y que confirmó haber cobrado los salarios pactados y haber hecho hasta trece viajes con el entonces ministro durante el periodo en que figuró contratada.

La Fiscalía se pone a sí misma la objeción evidente: si la testigo puede acabar respondiendo penalmente por lo que contó, su versión exige «un estándar de valoración mucho más cauteloso». Y responde: «Aun así, el juicio de fiabilidad no se resiente. El testimonio de Jéssica Rodríguez aparece decididamente corroborado en sus aspectos nucleares por numerosos datos de prueba».

Rodríguez había alegado, entre otros motivos, que estos hechos ya se juzgaron en el «caso mascarillas» —la llamada cosa juzgada: nadie puede ser enjuiciado dos veces por lo mismo—. El juez ya rechazó ese argumento en julio, porque en aquel juicio ella no fue acusada, sino testigo.

La llamada a la responsable de Tragsatec

En el caso de Zaldívar, Anticorrupción replica que su imputación no se apoya en lo que él mismo dijo, sino en lo que declaró otra testigo, Virginia Barbancho, responsable de Tragsatec en la época de la contratación. Barbancho relató en el Supremo, según el escrito, que recibió una llamada de Zaldívar «intimidándola» para que «dejaran en paz a Jéssica Rodríguez», y que este le precisó que el ministro había hablado con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, también investigada en esta causa, para mostrarle su desagrado.

El propio Zaldívar, agrega la Fiscalía, reconoció en el juicio el contenido de esa conversación y que la presidenta de Adif le había trasladado indicaciones del ministro para que en Tragsatec «no molestaran» a Rodríguez. Por eso Anticorrupción concluye que «no se ha vulnerado el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismo».

El expediente, pieza por pieza

El «caso mascarillas» terminó en el Supremo con condenas de 24 años de prisión para Ábalos, 19 para Koldo García y cuatro años y medio para el empresario Víctor de Aldama. La pieza que ahora se instruye en la Audiencia Nacional es otra: la de la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec, donde el juez Ismael Moreno la mantuvo como investigada el 24 de julio. El 4 de agosto, la Abogacía del Estado se personó en representación de las dos empresas públicas. Ese mismo día se conoció que Pardo de Vera negaba por escrito ante el juez saber nada del presunto cobro de comisiones en otra rama de la misma causa.

Sobre el dinero conviene una precisión: Europa Press ha cifrado en 43.978 euros (24 de julio de 2026) y en 43.950 euros (4 de agosto de 2026) lo que Rodríguez percibió de Ineco y Tragsatec según la sentencia del «caso mascarillas», que no es pública. Esta redacción no ha podido comprobar cuál es la cifra exacta; la diferencia, 28 euros, no altera el orden de magnitud: unos 44.000 euros.

Nadie ha sido condenado en esta pieza del «caso Koldo». Rodríguez, Zaldívar y Pardo de Vera están investigados; no hay escrito de acusación ni sentencia contra ellos.

Fuentes

• Europa Press, «Anticorrupción defiende la imputación de la expareja de Ábalos después de reconocer que cobró sin trabajar» (26 de agosto de 2026, 18:40), con citas del escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

El escrito de la Fiscalía no es público y esta redacción no ha podido consultarlo: todas las citas entrecomilladas proceden de lo que reproduce Europa Press, única fuente de esta noticia.