Que su firma apareciera en un expediente no significa que pudiera decidir quién se llevaba la obra. Ese es, en esencia, el argumento con el que la expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Isabel Pardo de Vera ha respondido por escrito al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La expresidenta niega que conociera el presunto cobro de «comisiones o contraprestaciones» por parte de empresas a cambio del supuesto amaño de obras públicas y califica de «inverosímil» que tuviera capacidad para favorecer a unas compañías frente a otras. Lo publicó Europa Press el martes 4 de agosto de 2026, con acceso al escrito.

Pardo de Vera está investigada —«imputada», en el uso corriente— en la causa que la Audiencia Nacional instruye sobre supuestos amaños de obra pública a cambio de comisiones ilegales, una de las ramas del «caso Koldo». No hay sentencia ni escrito de acusación contra ella: rige la presunción de inocencia, y lo que aquí se recoge es su versión de descargo frente al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad que investiga la corrupción de alto nivel y cuyo trabajo sostuvo su imputación.

«El cargo no puede sustituir al acto»

El escrito distingue entre firmar y decidir. «La condición de presidenta de Adif permite intervenir institucionalmente en determinados actos de aprobación, elevación, firma orgánica o autorización procedimental. Pero esa intervención institucional no equivale a capacidad material para predeterminar adjudicatario o puntuar oferta», argumenta. Pardo de Vera sostiene que no tuvo «capacidad autónoma, directa y eficaz» para favorecer a determinadas empresas en contratos de obra ferroviaria «al margen o encima de la cadena ordinaria de informes, controles» y «autorizaciones» que «integran tales expedientes».

De ahí su frase más rotunda: «El cargo no puede sustituir al acto, la conversación no puede sustituir al documento, la manifestación de Koldo no puede sustituir al expediente, y la proximidad temporal no puede sustituir al nexo entre una actuación personal y un resultado administrativo».

El propio escrito enumera los delitos que están sobre la mesa. Para sostener una imputación «por prevaricación, tráfico de influencias, fraude en contratación o pertenencia a organización criminal» —dictar a sabiendas una resolución injusta, usar la influencia del cargo para conseguir una decisión, pactar con otros para alterar un concurso público y formar parte de un grupo estable dedicado a delinquir— sería imprescindible, dice, «identificar el acto concreto de influencia, la instrucción impartida, el órgano destinatario, el documento alterado, el dato técnico falso, el conocimiento de su injusticia y el nexo causal con el resultado», algo que, según ella, «no se hace».

Ni cuenta ni sociedad interpuesta, según la defensa

El segundo bloque del escrito ataca el dinero. La UCO, expone, construye buena parte de su relato sobre supuestas contraprestaciones económicas ligadas a determinadas adjudicaciones de obra pública, pero sitúa esas contraprestaciones «en terceros o entornos empresariales ajenos» a ella. «No se identifica flujo patrimonial hacia ella, sociedad interpuesta, cuenta, bien, pago, promesa o ventaja económica asociada a su persona. Ni siquiera se refleja el menor indicio de que conociera la existencia de esas pretendidas contraprestaciones», manifiesta.

Pardo de Vera pide además una diligencia concreta: que el juez oficie a Adif para que aporte el informe de certificación final de los trabajos ejecutados por Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), una de las empresas investigadas, firmado por el subdirector de Análisis de Actuaciones y Control Interno. Su argumento es aritmético: de un presupuesto inicial de 489.300 euros, sostiene, Adif reconoció a la contrata 373.405,45 euros por los «trabajos efectivamente ejecutados» —unos 115.894 euros menos de lo presupuestado, un 23,7 % por debajo—. Esas cifras proceden del escrito de la defensa; este medio no ha podido contrastarlas con el documento de Adif, que es justamente el que ella pide traer a la causa.

En una providencia —la resolución breve con la que un juez ordena el trámite— a la que también tuvo acceso Europa Press, Moreno da por recibido el escrito y pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si esa diligencia es pertinente.

El argumento sobre las conversaciones de Koldo García

Buena parte del material que apunta a Pardo de Vera son conversaciones del exasesor ministerial Koldo García, condenado a 19 años de prisión en el «caso mascarillas» e investigado también en esta causa. La defensa sostiene que esas referencias «no alteran» su conclusión: «Más allá de preguntas, insinuaciones o expresiones de Koldo García, las respuestas de Isabel Pardo de Vera son evasivas, no revelan compromiso de resultado, orden de adjudicación, ni aceptación de una finalidad ilícita. Al contrario, diversos pasajes tienen valor de descargo o son incompatibles con la tesis de una colaboración eficaz». Su imputación, remata, no puede descansar «en inferencias construidas a partir de conversaciones de Koldo García no contrastadas», sino solo en «indicios racionalmente fundados en datos objetivados y contrastados en la causa».

El escrito va más allá y usa a la propia UCO como prueba de descargo. Cita una conversación entre Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado, recogida por la Guardia Civil en un atestado —el informe policial que se remite al juzgado—, en la que el exasesor escribió: «A Jose le dijo, ¿a qué quieres que ayudemos? (…) hizo todo lo contrario, bloqueó. O sea, no les dio nada». Y recuerda que la propia Guardia Civil interpretó que «el motivo de este desencuentro habría radicado en que ésta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado, sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas». Su lectura: «Koldo no describe a Pardo de Vera como colaboradora eficaz ni como alguien que accediera a sus pretensiones, sino como una persona frente a la que expresa frustración precisamente porque no habría facilitado aquello que se le pretendía atribuir».

Contexto: dónde encaja esta pieza del caso

El «caso Koldo» se instruye en la Audiencia Nacional bajo la dirección del magistrado Ismael Moreno y tiene varias ramas. Una es la contratación de Jéssica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde el mismo juez aceptó el 4 de agosto de 2026 la personación de la Abogacía del Estado. Otra, la que afecta a Pardo de Vera, indaga en supuestos amaños de obra pública a cambio de comisiones. El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García fueron condenados por el Tribunal Supremo el 24 de julio de 2026 a 24 y 19 años de prisión, respectivamente, pero en un procedimiento distinto: el «caso mascarillas», sobre la compra de material sanitario durante la pandemia.

Lo que no está confirmado

Esta información descansa en una sola fuente: el despacho de Europa Press del 4 de agosto de 2026, agencia que dice haber accedido tanto al escrito de la defensa como a la providencia del juez. Actualidad Libre no ha visto ninguno de los dos documentos íntegros, que no son públicos: las citas entrecomilladas son las que reproduce la agencia. Tampoco ha podido recabar una versión de la defensa de Pardo de Vera distinta de la que consta en ese escrito. No consta cuándo resolverá el juez sobre la diligencia solicitada, ni qué responderá la Fiscalía Anticorrupción, ni existe pronunciamiento judicial que valore los argumentos de la defensa.

Fuentes

• Europa Press, «Pardo de Vera niega el cobro de comisiones por amaño de obras y ve “inverosímil” que pudiera favorecer a empresas», 4 de agosto de 2026, 13.15 hora peninsular (11.15 UTC).