El Congreso convalida la jubilación parcial del personal laboral público
El Pleno mantuvo en vigor el 23 de julio de 2026, por 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones, el decreto que permite al personal laboral de las administraciones jubilarse hasta tres años antes si se contrata a un relevista. La abstención de PP y Junts bastó para salvarlo; Podemos y Vox votaron en contra.
Un electricista de un ayuntamiento o una administrativa de un ministerio con 33 años cotizados pueden ya reducir su jornada y empezar a cobrar parte de la pensión hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, siempre que su administración contrate a alguien que cubra las horas que dejan libres. El Pleno del Congreso convalidó el 23 de julio de 2026, en sesión extraordinaria, el Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y de complemento de insularidad en Illes Balears, publicado en el BOE el 30 de junio y en vigor desde el 1 de julio. El resultado, según Europa Press: 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones.
Convalidar un decreto-ley es votarlo entero, sin enmiendas y sin matices: la norma está en vigor desde que se publica en el BOE, pero el Congreso dispone de treinta días para ratificarla o tumbarla. La Cámara optó por mantenerla.
Las abstenciones hicieron el trabajo
El decreto sobrevivió gracias a quienes no lo apoyaron. PP y Junts se abstuvieron, igual que UPN. Votaron a favor PSOE y Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Águeda Micó. En contra, solo Podemos, Vox y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith, hoy también en el Mixto.
Podemos no discute el contenido de la norma. Sus cuatro diputados votaron no porque el partido venía exigiendo al Gobierno que retirase el decreto y presentase otro que, además de esto, convirtiera en fijos a cerca de un millón de interinos de la administración. No ocurrió. Desde la tribuna, Ione Belarra acusó al Ejecutivo de mantener un «abuso de temporalidad» y de incumplir la jurisprudencia europea, según la crónica de elDiario.es.
Discrepancia entre fuentes: elDiario.es situó a Junts entre los votos en contra; Europa Press, en la abstención. Esta noticia sigue el desglose de la agencia porque encaja con el recuento: los siete escaños de Junts no caben en los 37 noes que registró la votación.
Qué permite la norma
El personal laboral —los empleados públicos que trabajan con un contrato de trabajo, no con un nombramiento de funcionario— a tiempo completo puede acceder a la jubilación parcial anticipada si al mismo tiempo se firma un contrato de relevo: el que suscribe otro trabajador para cubrir la jornada que el jubilado parcial deja libre.
Los requisitos, según el desglose que publican Europa Press y elDiario.es, son estrictos: retirarse como mucho tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, acreditar 33 años cotizados, sumar seis años de antigüedad inmediatamente anteriores en la empresa y reducir la jornada entre el 25% y el 75%. Si el adelanto supera los dos años, la reducción del primer año debe quedar entre el 20% y el 33%. Quien se acoge cobra la parte proporcional del salario por el tiempo que sigue trabajando y, por el resto, la parte proporcional de la pensión.
El relevista tampoco entra de cualquier manera. Como recuerda el propio decreto, desde el 1 de abril de 2025 el contrato de relevo debe ser indefinido y a tiempo completo, mantenerse vigente hasta al menos dos años después de que el jubilado parcial pase a la jubilación plena y firmarse con una persona en paro o que ya tuviera un contrato temporal en la misma empresa.
Un decreto para reparar otro decreto
El problema que resuelve esta norma lo creó el Gobierno hace año y medio. El Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que reformó el contrato de relevo, exigió esa simultaneidad entre la jubilación parcial y la contratación de un relevista fijo. En el sector privado basta con firmar; en el público, el acceso a una plaza fija exige convocatoria pública y los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de encajar en la oferta de empleo público y en los límites de la Ley de Presupuestos. Aplicado a rajatabla, el resultado era que casi ninguna administración podía tramitar una jubilación parcial.
El preámbulo del decreto lo admite sin rodeos: se trataba de evitar que la reforma legal supusiera «un vaciamiento de la figura de la jubilación parcial en el sector público, consecuencia no deseada por el legislador».
La solución es un sistema escalonado. Cada administración debe contar con un instrumento de planificación de personal aprobado —preferentemente la oferta de empleo público ordinaria— que incluya expresamente la cobertura de esas jubilaciones parciales; solo si eso resulta materialmente imposible puede recurrir a fórmulas más flexibles, como contratar personal laboral temporal de sustitución mientras se resuelve la convocatoria del relevista fijo. Hay además un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para que las administraciones se adapten. La oferta de empleo público de 2026 en la Administración del Estado ya incluyó 854 plazas de personal relevista fijo, según Europa Press.
Baleares: el complemento de residencia se multiplica
El mismo decreto lleva una disposición adicional sobre la indemnización por residencia —el complemento que compensa el sobrecoste de estar destinado en un territorio insular— del personal del sector público estatal en las Illes Balears. La disposición obligaba al Gobierno a revisar las cuantías en seis meses, previa negociación colectiva, y prohibía expresamente que la actualización rebajara lo que ya se cobraba.
Ese trámite ya está cerrado. Tras el acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado del 6 de julio, el Consejo de Ministros aprobó las nuevas cuantías el 7 de julio y se publicaron en la Orden PJC/683/2026, de 7 de julio, con efectos económicos desde el 1 de julio de 2026. En Mallorca, el complemento mensual queda en 214,61 euros para el subgrupo A1 y en 144,61 para el C1. En el resto de islas del archipiélago, en 697,67 y 405,10 euros respectivamente.
El Gobierno calculó que la mejora alcanza a más de 11.000 empleados públicos y supone un alza del 100% en Mallorca y de más del 300% en las demás islas, hasta equiparar la compensación con la de Canarias, según elDiario.es.
El debate: «por encima de colores políticos» frente a la «avería normativa»
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, pidió el respaldo de los grupos «por encima de colores políticos» y resumió su argumento en una pregunta: si un empleado del sector privado puede jubilarse parcialmente, por qué no uno de la administración.
Enfrente, el portavoz del PP Ángel Ibáñez calificó el decreto de «avería normativa» y reprochó al Gobierno una forma «atropellada» de legislar, aunque su grupo acabó absteniéndose. Junts, por boca de Josep Pagès, denunció el «uso perverso» del real decreto-ley para sacar adelante iniciativas sin mayoría estable y cuestionó que esto sea urgente mientras sigue sin resolverse la situación de los interinos. Las intervenciones proceden de la crónica parlamentaria de elDiario.es.
La votación se celebró en la misma sesión extraordinaria en la que la Cámara aprobó definitivamente la pasarela de los mutualistas a la Seguridad Social y convalidó el decreto que rebaja el impuesto de los carburantes.
Fuentes
- BOE: Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio (BOE de 30 de junio de 2026, referencia BOE-A-2026-14113; preámbulo, artículo único y disposición adicional única).
- BOE: Orden PJC/683/2026, de 7 de julio (BOE de 8 de julio de 2026, referencia BOE-A-2026-14761; cuantías de la indemnización por residencia en Illes Balears).
- Europa Press: «PP y Junts se abstienen en el decreto de jubilación parcial en la administración pública y permiten su convalidación», 23 de julio de 2026 (resultado de la votación, desglose por grupos, requisitos y plazas de relevistas).
- elDiario.es: «La jubilación parcial del personal laboral de las administraciones sale adelante en el Congreso tras la abstención del PP», 23 de julio de 2026 (debate parlamentario y datos del complemento de insularidad).