El Consejo de Ministros declaró el martes 28 de julio de 2026 zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil —la figura que en lenguaje corriente se llama zona catastrófica— los territorios dañados por 211 episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026 en comarcas de catorce comunidades autónomas. La mayoría son incendios forestales. Así lo recoge el resumen oficial de la rueda de prensa posterior al Consejo publicado por La Moncloa, y así lo informaron Europa Press y elDiario.es.

Es la aprobación efectiva de lo que Pedro Sánchez había anunciado el domingo 26 desde Navaluenga (Ávila), ahora con número de episodios, periodo y territorios.

Las comunidades incluidas son Andalucía, Aragón, Illes Balears, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia y la Comunitat Valenciana, según elDiario.es. La Moncloa y Europa Press hablan de catorce comunidades sin enumerarlas.

Qué entra en la declaración

• Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional del 23 de julio, la primera vez que se adopta esa decisión por incendios forestales.
• El incendio de La Vall d’Uixó (Castellón). En ambos casos, los trabajos de extinción seguían en marcha.
• El de Los Gallardos (Almería), el episodio más grave del periodo por sus consecuencias personales, que se dio por extinguido el 24 de julio.
• Los incendios de abril en Galicia y Asturias —con el de Ponteareas (Pontevedra) a la cabeza—, un episodio de fenómenos costeros en Menorca y lluvias y tormentas en Cataluña.
• Los incendios de mayo en Rugat y Benidorm (Comunitat Valenciana), Santa Eulària des Riu y Can Anfos (Ibiza) y Òrrius (Cataluña), y los episodios de lluvias y tormentas de ese mes en Mallorca, Murcia y Cataluña.
• Los desprendimientos de un muro en Nalda y de parte de la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, y las tormentas de finales de junio en esa comunidad, con Haro como municipio más castigado: 70 actuaciones tras registrar 54,9 litros por metro cuadrado.
• Los incendios de junio en Murcia, Huelva, A Coruña, Ourense, Castilla y León —con la coincidencia de varios fuegos en El Bierzo—, Navarra, Aragón y Cataluña.

Junto a esos sucesos, según el comunicado del Ministerio del Interior que citan Europa Press y elDiario.es, en el mismo periodo hubo «incendios en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas o industriales» que activaron sus respectivos planes de protección civil.

Hay además un episodio que se cuela fuera del plazo: los fuertes vientos de la borrasca Marta en Cataluña, comunicados al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) el 9 de febrero. Europa Press explica que no había quedado comprendido en los dos acuerdos de declaración de zona afectada gravemente aprobados el 10 de febrero y el 7 de abril.

Un acuerdo o un real decreto: el instrumento no está cerrado

Las dos fuentes no llaman igual al documento. Europa Press escribe que «el acuerdo del Consejo de Ministros contempla» los daños declarados; elDiario.es titula que el Consejo «ha aprobado este martes el real decreto por el que se declaran 211 zonas gravemente afectadas». La diferencia no es cosmética: marca qué norma manda y cómo se articulan después las ayudas.

Tres datos verificables acotan la duda sin resolverla. El primero, la ley: el artículo 23.1 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil dice que la declaración «se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos», y que incluirá «en todo caso, la delimitación del área afectada». Ambos medios, sin embargo, atribuyen la propuesta solo al Ministerio del Interior.

El segundo, el propio comunicado de Interior que las dos fuentes reproducen literalmente: habla del «periodo incluido en este Acuerdo». El tercero, el resumen de La Moncloa, que describe la declaración sin ponerle nombre al instrumento y, en un punto aparte, dice que el Consejo aprobó además «un real decreto ley con medidas laborales, extraordinarias y urgentes» para los afectados por los incendios: son dos decisiones distintas de la misma sesión.

Nada de esto es una comprobación. Al cierre de esta información, la referencia oficial del Consejo de Ministros del 28 de julio —el documento que enumera los acuerdos con su título exacto— no estaba publicada en lamoncloa.gob.es (la última disponible era la del 21 de julio) y el texto tampoco había aparecido en el BOE. Hasta que se publique, esta redacción no puede confirmar qué se aprobó exactamente ni, sobre todo, cuál es la delimitación del área afectada que la ley obliga a incluir: el detalle del que depende quién cobra y quién no.

Qué abre la declaración

La figura no reparte dinero por sí sola: habilita a los ministerios a aplicar ayudas. Interior ha adelantado las destinadas a daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, gastos de las corporaciones locales, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios y subvenciones a quienes aportaron bienes o trabajo durante la emergencia. Y «prevé la posibilidad» —así lo formula el ministerio, en condicional— de eximir de las tasas de la Jefatura Central de Tráfico por duplicados de permisos de circulación o conducción y bajas de vehículos siniestrados, y de la expedición del DNI.

A eso se suman los beneficios que dependen de otros departamentos: exención de la cuota del IBI, reducción de la del Impuesto sobre Actividades Económicas, medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social, y ayudas de hasta el 50% del Ministerio de Política Territorial para reparar infraestructuras municipales, según elDiario.es. El artículo 24 de la Ley 17/2015 fija el catálogo del que se sacan.

El Consejo aprobó también, según La Moncloa, un real decreto ley laboral con una Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema: hasta cuatro meses, sin exigir periodo mínimo de cotización y sin consumir cotizaciones futuras, para quienes no puedan acceder a su vivienda, tengan que acondicionarla o deban atender cuidados por los incendios. Cubre desde el 23 de julio hasta el final de la campaña anual de peligro alto de incendios de 2026.

Trece o catorce muertos en Los Gallardos

El resumen de La Moncloa cifra en catorce los fallecidos del incendio de Los Gallardos. Europa Press y elDiario.es escriben trece el mismo día, y trece es el balance que la Junta de Andalucía dio al declararlo extinguido el 24 de julio —doce cuerpos localizados en el terreno y una persona muerta en el hospital—, la cifra que recogió esta redacción. No consta ningún anuncio de un decimocuarto fallecimiento. Esta redacción no ha podido verificar cuál de las dos cuentas está actualizada y deja cada una con el nombre de quien la firma.

Contexto

En la comparecencia posterior al Consejo, en la que hizo balance del curso político, Sánchez afirmó que con la declaración «comenzamos a desplegar ayudas destinadas a paliar los daños personales y materiales» e insistió en que irán llegando «conforme hacemos una evaluación más certera de la catástrofe». Cifró en ocho los grandes incendios forestales activos en España en ese momento y sostuvo que la emergencia climática «se agrava año tras año»: «El negacionismo climático es el peor de los combustibles».

El telón de fondo es una temporada sin precedente reciente: el Gobierno cifró el 26 de julio en 152.678 las hectáreas quemadas en lo que va de año, un 45% más que la media anual completa del decenio 2015-2024, con la campaña de incendios por la mitad. Ese dato, como los anteriores, sigue sin aparecer en un documento publicado del Ministerio para la Transición Ecológica: el último avance difundido corresponde al corte del 12 de julio.