Reforma de las leyes de discapacidad y dependencia (2026)
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El Gobierno presentó el proyecto de ley, tramitado por el procedimiento de urgencia. leer la pieza →
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El Pleno del Congreso lo aprobó con 179 votos a favor, 33 en contra (Vox) y 137 abstenciones (el PP en bloque). leer la pieza →
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El Congreso remitió el texto al Senado (BOCG Senado núm. 443). leer la pieza →
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Se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las 45 enmiendas del PP al proyecto (de la 108 a la 152); entre ellas, la 143 deroga la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, que encarga al Gobierno un plan para que los centros ordinarios tengan en diez años recursos para atender al alumnado con discapacidad, y la 112 suprime la «excepcionalidad» de la escolarización en centros de educación especial, permite prolongarla «al menos hasta los veintiún años» y obliga a garantizar el derecho de los padres a elegir el modelo educativo. leer la pieza →
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La Mesa del Senado rechazó el veto del Gobierno —basado en el artículo 134.6 de la Constitución, que le permite frenar iniciativas que aumenten el gasto— a once enmiendas (ocho del Grupo Plural y tres del PP), por considerar «manifiestamente infundado» el criterio del Gobierno. leer la pieza →
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La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado aprobó el dictamen por 17 votos a favor (PP, Grupo Plural, Izquierdas por la Independencia y Grupo Mixto) y 15 abstenciones (PSOE, PNV e Izquierda Confederal), con 45 enmiendas y 10 transaccionales incorporadas —37 de ellas del PP—. leer la pieza →
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El texto obliga al Estado a garantizar «en todo caso» una aportación equivalente al 50 % del gasto total en dependencia que certifiquen las comunidades autónomas (hoy sin fijar por ley); equipara automáticamente el grado I de dependencia a un 33 % de discapacidad y los grados II y III a un 65 %, sin efectos en el ámbito tributario; suprime el régimen de incompatibilidades entre prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD); amplía la asistencia personal fuera de los ámbitos educativo y laboral; y crea la figura de la persona experta facilitadora procesal. Europa Press vincula la reforma a una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades entre 2026 y 2027, cifra que no figura en el texto legal. leer la pieza →
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El dictamen se debatirá en el Pleno del Senado la semana siguiente a su aprobación en comisión; al modificar el texto, este volverá después al Congreso, que decidirá por mayoría simple si acepta o rechaza cada enmienda de la Cámara alta. leer la pieza →
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La Ley 4/2026, de 1 de octubre, reformó la Ley 39/2006 de Dependencia, en vigor desde el 23 de octubre de 2026: su artículo 22 ya reconoce la teleasistencia «en cualquiera de los grados de dependencia» y compatible con el resto de prestaciones; su artículo 23 ya extiende la ayuda a domicilio al «entorno comunitario próximo»; y su artículo 32 obliga al Estado a garantizar «en todo caso» una financiación equivalente al 50% del gasto que certifique cada comunidad el año anterior. leer la pieza →
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El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, que garantiza el crédito necesario para que la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) alcance en 2027 los 7.240 millones de euros —el 50% de la financiación total—, sumando el nivel mínimo y el nivel acordado con las comunidades autónomas (970 millones, «máximo histórico» según el ministerio); el departamento lo presenta como el paso para «garantizar la aplicación correcta y efectiva» de la reforma de la Ley 4/2026. Ni la agencia ni el ministerio detallaron las cifras de 2020 y 2023 sobre las que calculan sus comparaciones («423% más que en 2020», «124% más que en 2023»), y la Moncloa no había publicado a las 16.50 UTC la referencia del Consejo de Ministros que permitiría contrastarlas. leer la pieza →
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El decreto-ley deberá ser convalidado por el Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación; con las Cortes disueltas por las elecciones generales del 29 de noviembre, esa votación corresponde a la Diputación Permanente. Qué cambia exactamente respecto a la Ley 4/2026 no podrá saberse hasta que el texto se publique en el BOE, cosa que no había ocurrido al cierre de la pieza. leer la pieza →
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La Diputación Permanente del Congreso convalidó el Real Decreto-ley 36/2026 (dependencia), que fija la cantidad mínima que el Estado garantiza cada mes por persona atendida en el SAAD: 90 euros en grado I, 260 en grado II y 660 en grado III, y habilita los suplementos de crédito para pagar en 2027 el nivel acordado con las comunidades autónomas. Solo Vox votó en contra. leer la pieza →