La Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado aprobó el jueves 3 de septiembre de 2026 el dictamen de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia por 17 votos a favor —PP, Grupo Plural, Izquierdas por la Independencia y Grupo Mixto— y 15 abstenciones —PSOE, PNV e Izquierda Confederal—, según informó Europa Press, única fuente que ha dado cuenta de la votación. El dictamen es el texto que la comisión eleva al Pleno tras estudiar las enmiendas; no es todavía la ley.

Al proyecto se incorporaron 45 enmiendas y 10 transaccionales —las que nacen de un acuerdo de última hora entre grupos y sustituyen a las originales—, y 37 de ellas son del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara alta. Entre esos cambios, según la agencia, figura la eliminación de la prevalencia de la educación inclusiva sobre la especial en la ley educativa, además de retoques en fiscalidad, vivienda, empleo, justicia, accesibilidad y protección frente a la inteligencia artificial.

Qué llevaba el PP al Senado

El grupo popular registró 45 enmiendas —de la 108 a la 152— al proyecto, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado del 30 de julio de 2026. Dos tocan de lleno el asunto educativo. La enmienda 143 deroga la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, la LOMLOE, que encarga al Gobierno un plan para que en diez años los centros ordinarios tengan recursos para atender al alumnado con discapacidad y reserva a los centros de educación especial el papel de referencia y apoyo. Su justificación, escrita por el propio grupo, es de una línea: «En coherencia con la Proposición de Ley del Grupo Popular relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales».

La enmienda 112 reescribe el artículo 18 de la ley de discapacidad. Donde el texto que salió del Congreso dice que la escolarización en centros de educación especial «solo se llevará a cabo cuando, excepcionalmente», las necesidades del alumno no puedan atenderse en un centro ordinario, la redacción del PP suprime esa excepcionalidad, permite prolongar la escolarización en educación especial «al menos hasta los veintiún años» y obliga a las administraciones educativas a garantizar «el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente».

Qué cambia la reforma

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy, modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2013 y la Ley de Dependencia de 2006. El texto que el Congreso remitió al Senado, publicado el 20 de julio de 2026, contiene los cambios de fondo:

• Financiación. El nuevo artículo 32.2 obliga a la Administración General del Estado a garantizar «en todo caso» una aportación equivalente al 50 % del gasto total que certifiquen las comunidades autónomas el año anterior, sin contar lo que pagan de su bolsillo las personas atendidas. Hoy esa proporción no está fijada por ley. La aportación autonómica deberá igualar, como mínimo, la estatal. Europa Press vincula la reforma a una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades entre 2026 y 2027; esa cifra no figura en el texto legal.
• Discapacidad automática por dependencia. Quien tenga reconocido el grado I de dependencia pasará a considerarse persona con un 33 % de discapacidad, y quien tenga los grados II y III, un 65 %. La equivalencia no se aplica en el ámbito tributario, y cada persona puede pedir igualmente que se valore su discapacidad real.
• Fin de las incompatibilidades. Se suprime el régimen que impedía combinar determinadas prestaciones económicas y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la red pública que atiende a quien necesita ayuda para las tareas diarias. Las incompatibilidades que ya tengan aprobadas las comunidades siguen vigentes.
• Asistencia personal. Deja de estar limitada a los ámbitos educativo y laboral y entra en el catálogo como servicio propio, además de la prestación económica.
• Justicia accesible. Se crea la figura de la persona experta facilitadora procesal, neutral, que apoya a la persona con discapacidad ante los tribunales sin hablar en su nombre; se incorporó durante el trámite en el Congreso.

De dónde viene y adónde va

El Gobierno presentó el proyecto el 17 de julio de 2025 y se tramita por el procedimiento de urgencia. El Pleno del Congreso lo aprobó el 14 de julio de 2026 con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones. El registro de la votación publicado por la Cámara baja en datos abiertos desglosa el resultado: los 137 diputados del PP se abstuvieron en bloque, los 33 de Vox votaron en contra y todos los demás grupos apoyaron el texto.

Ya en el Senado hubo un pulso previo. El Gobierno intentó frenar once enmiendas —ocho de dos senadores del Grupo Plural y tres del PP— alegando el artículo 134.6 de la Constitución, que le permite vetar iniciativas que aumenten el gasto del presupuesto en vigor. La Mesa del Senado rechazó ese veto el 28 de agosto de 2026 por considerar el criterio del Gobierno «manifiestamente infundado» y no justificada la afectación al presupuesto, según el acuerdo publicado el 1 de septiembre.

El dictamen se debatirá en el Pleno del Senado la próxima semana, donde los grupos podrán defender mediante votos particulares —las enmiendas que no prosperaron en comisión y se mantienen vivas para el Pleno— los cambios rechazados. Después, como el Senado ha modificado el texto, este volverá al Congreso, que decide por mayoría simple si acepta o rechaza cada enmienda de la Cámara alta.

Es la segunda norma sobre discapacidad que pasa este verano por el Senado: el 23 de julio de 2026 la Cámara alta recibió del Congreso la reforma que convierte en infracción muy grave incumplir la cuota de reserva del 2 % de empleo para personas con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores.

Fuentes

• Europa Press: «La reforma de las Leyes de Discapacidad y Dependencia avanza en el Senado, con cambios introducidos por el PP» (3 de septiembre de 2026)
• Congreso de los Diputados: ficha de tramitación del proyecto de ley 121/000064 (expediente 621/000022 en el Senado)
• BOCG Senado núm. 443, de 20 de julio de 2026: texto remitido por el Congreso
• BOCG Senado núm. 446, de 30 de julio de 2026: enmiendas presentadas en el Senado
• BOCG Senado núm. 450, de 1 de septiembre de 2026: rechazo de la disconformidad del Gobierno
• BOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), texto consolidado