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El Constitucional ve vulnerado el derecho de huelga en el handling de Ryanair

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dado la razón al sindicato USO: los servicios mínimos que Transportes impuso en Ryanair e Ihandling Aviation durante la huelga del personal de tierra de octubre de 2022 a enero de 2023 vulneraron el derecho de huelga, según informó Europa Press el 6 de noviembre de 2026.

Renato Davila · 6 de noviembre de 2026 · nacional

Un Boeing 737 blanco y azul con el rótulo «Ryanair» rueda por una calle de rodaje del aeropuerto de Madrid-Barajas; al fondo, la terminal T4 con aviones aparcados y la torre de control a la derecha.
Imagen de archivo: un avión de Ryanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas, fotografiado el 14 de marzo de 2015. (Foto: Eric Salard, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons)

El Gobierno no puede fijar unos servicios mínimos tan vagos que dejen en manos de la empresa decidir quién trabaja durante una huelga. Es lo que ha concluido el Pleno del Tribunal Constitucional al estimar el recurso de amparo —la vía para pedir al Constitucional que proteja un derecho fundamental que los tribunales ordinarios no han protegido— presentado por la Unión Sindical Obrera (USO), según informó Europa Press el 6 de noviembre de 2026.

La resolución recurrida la firmó la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Fijaba los servicios mínimos —el trabajo que debe seguir prestándose durante una huelga en un servicio considerado esencial— en Ryanair e Ihandling Aviation durante el paro del personal de asistencia en tierra (handling: facturación, carga de equipajes, embarque y atención al avión en pista), que se prolongó de octubre de 2022 a enero de 2023.

Del Supremo al Constitucional

USO recurrió la resolución porque, a su juicio, imponía servicios mínimos «abusivos y excesivos» que hacían impracticable la huelga. La Audiencia Nacional le dio la razón en primera instancia y la anuló por falta de motivación: no decía cuántos trabajadores, ni en número ni en porcentaje, debían cubrir esos servicios, y dejaba esa decisión a la empresa.

El Tribunal Supremo enmendó después ese fallo en casación —el recurso que revisa si una sentencia aplicó bien la ley—. Según el texto citado por Europa Press, consideró la resolución suficientemente motivada y entendió que no correspondía a la autoridad gubernativa concretar con una cifra o un porcentaje cuántos trabajadores debían quedarse en su puesto.

El Constitucional lo ve de otra manera. Para el tribunal, la resolución definió qué trabajadores quedaban afectados con fórmulas «indeterminadas, faltas de concreción y objetivación». La doctrina constitucional admite que la empresa complete los detalles técnicos o funcionales de unos servicios mínimos, pero aquí, según el fallo, se le concedió mucho más: un margen de discrecionalidad que supone, «en la práctica, un apoderamiento a la parte empresarial en el conflicto laboral que menoscaba el elemento de imparcialidad que es exigible en la determinación de los servicios mínimos». Dicho de otro modo: la empresa contra la que se hacía la huelga acababa decidiendo cuánta gente podía secundarla.

Segundo revés por las huelgas de Ryanair de 2022

No es la primera vez. Según recuerda Europa Press, USO obtuvo recientemente un resultado similar por los servicios mínimos de otra huelga en Ryanair, la de los tripulantes de cabina en 2022: el Constitucional estimó también entonces su amparo contra una sentencia del Supremo que había validado la resolución del Ministerio de Transportes sobre aquel conflicto.

La crónica de Europa Press no detalla el número de la sentencia, su ponente, si hubo votos particulares ni qué consecuencias prácticas tiene el fallo para los trabajadores afectados. El texto del tribunal no ha podido consultarse: la web del Tribunal Constitucional rechazaba el acceso el 6 de noviembre de 2026.

La fijación de servicios mínimos por el Gobierno es un foco de conflicto recurrente: en septiembre, Hacienda impuso mínimos de hasta el 40% en la huelga de RTVE.

Fuentes