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El Supremo de EEUU rechaza apartar 20.000 votos por correo en California

El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó el 2 de noviembre de 2026 la petición urgente del Gobierno de Donald Trump para que California separase y dejase sin contar unos 20.000 votos por correo de personas que la Administración considera posibles no ciudadanas, a un día de las elecciones de mitad de mandato.

Renato Davila · 2 de noviembre de 2026 · internacional

Fachada oeste del edificio del Tribunal Supremo de Estados Unidos, con sus columnas iluminadas al anochecer
Imagen de archivo: sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington. (Foto: Joe Ravi, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons))

Las papeletas se contarán. El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó el lunes 2 de noviembre de 2026 la solicitud del Gobierno federal para obligar a California a apartar, antes del escrutinio, unos 20.000 votos por correo. La decisión cabe en una línea: la petición de medida cautelar —una orden provisional mientras se resuelve el recurso—, presentada ante la jueza Elena Kagan y remitida por ella al pleno, «queda denegada», según la orden del tribunal en el asunto United States v. California (expediente 26A624). La orden no está firmada y no recoge votos particulares discrepantes.

El Gobierno de Trump había acudido al Supremo ese mismo lunes, a un día de las elecciones legislativas de mitad de mandato del martes 3 de noviembre. Su escrito, firmado por el procurador general —el abogado que representa al Gobierno ante el Supremo—, John Sauer, pedía una medida «modesta»: separar esas papeletas de las válidas hasta verificar la ciudadanía de quienes las enviaron. Sostenía que la ley federal prohíbe el voto de extranjeros, que contarlas causaría un «daño irreparable» al diluir los votos legítimos y que el Gobierno federal puede hacer cumplir sus leyes electorales por encima de las estatales en virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución, según Europa Press.

Dos derrotas previas

El pleito nació el 15 de octubre, cuando el Departamento de Justicia demandó a California. Con el Departamento de Seguridad Nacional había confeccionado una lista de más de 20.000 personas a las que considera posibles votantes sin ciudadanía, según elDiario.es. California rechazó la petición y puso en duda la fiabilidad de esa lista. Sus autoridades añadieron un problema práctico: durante el procesado, las papeletas se separan de los sobres que llevan los datos del votante, así que localizarlas sería difícil y podría causar retrasos e incertidumbre en el recuento.

El juez federal David O. Carter, del Distrito Central de California, rechazó la petición el 29 de octubre, según Europa Press. A su juicio, atenderla vulneraría la autonomía del estado para organizar sus elecciones y podría privar del voto a miles de ciudadanos con base en acusaciones inciertas y datos que pueden contener errores, recoge elDiario.es.

El 30 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó el rechazo. Se apoyó, como Carter, en la cláusula constitucional que reserva a los estados el control de sus procedimientos electorales, y dejó una advertencia: si el Gobierno cree que el voto por correo necesita otros procedimientos, debe «plantear esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales», según la traducción de elDiario.es.

Abogados y observadores

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció el despliegue por todo el estado de abogados especializados en derecho electoral y de observadores para «proteger cada voto». Es su respuesta a la directiva de la Administración Trump de situar agentes federales en los centros de votación, según elDiario.es.

No es el primer choque de California con la Casa Blanca por el voto por correo. El estado encabeza la coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia que consiguió bloquear en los tribunales la orden ejecutiva de Trump sobre verificación de ciudadanía y voto por correo, una suspensión que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo el 25 de julio (noticia relacionada).

El País informó también de la decisión del Supremo el 2 de noviembre.

Fuentes