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La CIJ declara a Birmania responsable de genocidio contra los rohinyás

La Corte Internacional de Justicia concluyó el 19 de noviembre de 2026, en La Haya, que Birmania cometió genocidio contra la minoría rohinyá en la ofensiva militar de 2017, en la que murieron unas 10.000 personas. Horas después, el Reino Unido expulsó al agregado de Defensa birmano y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Renato Davila · 19 de noviembre de 2026 · internacional

Un hombre de traje oscuro y corbata roja habla de pie ante un atril en una sala con paredes de madera, rodeado de delegados sentados y de un ujier con frac al fondo.
Imagen de archivo: el ministro de Justicia de Gambia, Abubacarr Tambadou, presenta la demanda contra Birmania ante la Corte Internacional de Justicia el 10 de diciembre de 2019. (Foto: Shafiur Rahman, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons))

Siete años después de que Gambia llevara a Birmania ante la justicia internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —el tribunal de Naciones Unidas que resuelve litigios entre Estados— le dio la razón este jueves 19 de noviembre. Birmania actuó con la «intención de destruir una parte sustancial» de la minoría musulmana rohinyá durante las llamadas «operaciones de limpieza» de 2017 en el estado de Rajine, en el oeste del país. Los jueces dan por buena la estimación de que unas 10.000 personas de esta minoría murieron en aquella ofensiva, según recogen Europa Press y El Confidencial.

La intención es la clave. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, no se conforma con probar matanzas: exige demostrar que se quiso destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es lo que hace del genocidio el crimen más difícil de acreditar. «Es razonable inferir que las fuerzas de Birmania actuaron con intención genocida», leyó el juez Yuji Iwasawa. Según Europa Press, la decisión salió por nueve votos contra seis.

Lo que la corte da por probado

El fallo describe asesinatos indiscriminados, hombres separados del resto y ejecutados, violencia sexual generalizada y «actos de extrema violencia contra menores». Las tropas atacaron a quienes huían en masa hacia Bangladés en agosto de 2017, el momento álgido de la ofensiva, y quemaron viviendas y cadáveres. Las aldeas rohinyás fueron «destruidas sistemáticamente» y repobladas con personas ajenas a la minoría. La corte también considera probado que Birmania impuso medidas para impedir los nacimientos dentro de la comunidad, otra de las conductas que prohíbe la Convención.

Para los jueces, la magnitud de la violencia fue «mucho más allá de lo necesario para castigar a la población» y es característica de quien quiere destruir al grupo. El tribunal reconoce que hubo ataques previos del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos militares, el argumento con el que Birmania justificó las operaciones. Y señala que la quema de cuerpos y la destrucción de los lugares de los hechos han «bloqueado la posibilidad de llevar a cabo una investigación efectiva». Birmania, añade, no ha investigado de verdad y se ha negado a dar acceso a pruebas y testigos.

La corte rechazó, en cambio, que hubiera incitación pública al genocidio, y descartó que el Ejército usara plataformas como Facebook para difundir mensajes que buscaran incitar a la violencia contra los rohinyás como grupo.

Qué le exige a Birmania

La CIJ juzga Estados, no personas: no condena a ningún militar ni dirigente concreto. Lo que declara es que el Estado birmano violó sus obligaciones de prevenir y castigar el genocidio. En 2017 gobernaba la Liga Nacional para la Democracia, con la nobel de la paz Aung San Suu Kyi como líder de facto en un reparto de poder con el Ejército. Hoy el país lo gobierna una junta militar.

El tribunal ordena a Birmania dejar de incumplir el artículo 5 de la Convención —que obliga a aprobar leyes para castigar el genocidio— e investigar a todos los sospechosos de los actos que prohíbe su artículo 3, desde el genocidio mismo hasta la complicidad. Birmania deberá además reparar a los rohinyás: la propia corte fijará más adelante cómo, y el país tiene dos años para presentar un informe sobre esa restitución, según la lectura que recoge Europa Press. La sentencia es definitiva y no admite recurso.

Londres mueve ficha

Horas después del fallo, el ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, anunció la expulsión inmediata del agregado de Defensa birmano en Londres y pidió una «reunión urgente del Consejo de Seguridad» para discutir la decisión, según Europa Press. Miliband condenó el «horrible tratamiento del pueblo rohinyá por parte del régimen militar birmano» y pidió a la comunidad internacional que «cumpla ahora con su parte» para que Birmania acate la sentencia. El Gobierno británico, antigua potencia colonial en Birmania, convocó al encargado de negocios de la embajada birmana y avisó de que anunciará «acciones adicionales» en los próximos días.

Contexto

Gambia presentó la demanda en 2019, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, y otros once países se sumaron después al procedimiento. Las audiencias sobre el fondo se celebraron en enero de 2026; Birmania negó las acusaciones y sostuvo que respondía a ataques del ARSA, al que califica de grupo terrorista. La ofensiva de 2017 empujó a más de 700.000 rohinyás a Bangladés, donde hoy viven más de un millón de refugiados apátridas en más de una treintena de campamentos del distrito de Cox’s Bazar, según Europa Press. Birmania no reconoce a los rohinyás como ciudadanos.

Según El Confidencial, es la primera vez que la CIJ declara a un Estado responsable de cometer un genocidio. En 2007, en el caso de Bosnia contra Serbia, el tribunal solo condenó a Belgrado por no haber impedido la matanza de Srebrenica. La corte tiene abierto otro caso por genocidio, el de Sudáfrica contra Israel por la guerra de Gaza, cuya sentencia sobre el fondo aún no tiene fecha.

Fuentes