Las comunidades aprueban el reparto de 149,7 millones para profesorado universitario
El pleno de la Conferencia General de Política Universitaria acordó el viernes 4 de septiembre de 2026 distribuir 149,67 millones de euros entre las diecisiete comunidades autónomas para pagar el sueldo de 2026 de 3.400 profesores ayudantes doctor de universidades públicas. Votaron a favor todas menos Baleares, cinco semanas después de que ese mismo pleno se quedara sin quórum y el reparto quedara aplazado.
Los 149,67 millones de euros que llevaban cinco semanas atascados ya tienen destinatario. El pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) —el órgano donde el Estado y las comunidades autónomas coordinan la política de enseñanza superior— acordó el viernes 4 de septiembre de 2026 repartirlos entre las diecisiete autonomías para pagar el sueldo de este año de 3.400 profesores y profesoras ayudantes doctor de universidades públicas, dentro del programa María Goyri. Es la figura contractual de entrada a la carrera docente e investigadora en la universidad pública: un contrato temporal para doctores que empiezan.
La reunión fue telemática y la presidió el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa, junto al secretario general de Universidades, Francisco García. Esta vez participaron todas las comunidades autónomas, y el acuerdo salió adelante con el voto en contra de una sola: Illes Balears. Así lo detalla la nota del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) publicada ese mismo día, que incluye la tabla completa del reparto. Ni esa nota ni el teletipo de Europa Press explican los motivos del voto balear; esta redacción no ha obtenido una respuesta del Govern.
Cuánto va a cada comunidad
| Comunidad autónoma | Euros en 2026 |
|---|---|
| Cataluña | 34.884.105 |
| Madrid | 28.305.088 |
| Andalucía | 21.083.400 |
| Comunitat Valenciana | 17.841.306 |
| Castilla y León | 11.080.110 |
| País Vasco | 6.020.960 |
| Canarias | 5.437.673 |
| Región de Murcia | 5.225.800 |
| Galicia | 4.235.637 |
| Castilla-La Mancha | 4.229.088 |
| Aragón | 3.796.284 |
| Extremadura | 2.035.800 |
| Navarra | 1.862.080 |
| Asturias | 1.287.206 |
| Cantabria | 1.131.000 |
| Illes Balears | 1.058.568 |
| La Rioja | 160.435 |
| Total | 149.674.540 |
Las diferencias son enormes —de los 34,9 millones de Cataluña a los 160.435 euros de La Rioja hay un factor de 217— y no responden al tamaño de cada población ni de cada sistema universitario. El propio ministerio titula esa columna «coste de las plazas contratadas y sufragadas por el MICIU en 2026»: lo que cobra cada comunidad es la factura salarial de las plazas María Goyri que efectivamente se han cubierto en sus universidades. El ministerio no ha publicado cuántas plazas corresponden a cada territorio, así que el desglose por contrato no puede comprobarse.
Qué paga ese dinero
El programa María Goyri, en marcha desde 2024, pretende incorporar 5.638 profesores ayudantes doctor a las universidades públicas españolas de forma progresiva hasta 2028, un 70% más de los que había en el curso 2023-2024. El Estado financia durante seis años 3.400 de esas plazas —más de 900 millones de euros— y las comunidades sufragan las otras 2.236, con 600 millones adicionales.
Conviene precisar qué se aprobó el viernes, porque es fácil confundirlo: no es dinero para contratar profesorado nuevo. Las 3.400 plazas estatales ya están contratadas, y los 149,67 millones son su nómina de 2026. El ministerio sostiene que «es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo del salario del profesorado universitario, en el marco de una competencia que está transferida a las CCAA».
Las universidades llevaban meses adelantando las nóminas
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) celebró el «desbloqueo» y añadió el dato que mide el retraso: hasta ahora «han sido las universidades las que han adelantado la financiación para hacer frente al salario de 2026 de estos profesores» (comunicado de la CRUE, 4 de septiembre de 2026). Es decir: los ayudantes doctor han venido cobrando, pero con cargo a las arcas de sus propias universidades, a la espera de un dinero estatal que aún tiene por delante otra etapa. Ahora las comunidades deben transferirlo a las universidades de su ámbito, y ni el ministerio ni la CRUE han puesto fecha a ese último tramo.
Los rectores enmarcan el acuerdo en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que obliga a destinar al sistema universitario público al menos el 1% del Producto Interior Bruto en 2030. «El cumplimiento íntegro de los acuerdos consensuados por las administraciones es el pilar fundamental sobre el que se sostienen tanto la lealtad institucional como la confianza de la ciudadanía», escribió la CRUE.
El pleno que no llegó a celebrarse
El 29 de julio, la misma Conferencia se convocó por videoconferencia con el reparto en el orden del día y no llegó a constituirse por falta de quórum: solo se conectaron seis de las diecisiete consejerías, cuando el reglamento del órgano exige la mitad más uno. Nueve comunidades —Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares— habían pedido por carta aplazar la reunión por la emergencia de los incendios forestales y no participaron; la Región de Murcia confirmó su asistencia y no se conectó, y Aragón tampoco compareció. Las once son las once comunidades gobernadas por el PP.
El ministerio replicó entonces que existían «mecanismos suficientes para garantizar la celebración del Pleno sin interferir en la gestión de la emergencia»: la reunión era telemática, no pasaba de 30 minutos, el orden del día tenía dos puntos, el reparto ya estaba acordado por unanimidad en la comisión de directores generales y el reglamento permite sustituir al consejero por otro alto cargo. Y avisó de que «cada día de retraso en el inicio del procedimiento reduce el margen disponible para que los fondos lleguen con la agilidad prevista». Las comunidades sostuvieron que los asuntos podían esperar unos días con incendios activos.
Entre aquel pleno fallido y el del 4 de septiembre transcurrieron treinta y siete días. El dinero, como el ministerio dijo en julio, no se ha perdido; sigue sin saberse cuándo llegará a las universidades que lo han adelantado.
Fuentes
- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: «El MICIU acuerda transferir a las CCAA a través del Programa María Goyri cerca de 150 millones de euros para pagar el sueldo de 3.400 profesores/as ayudantes doctor en las universidades públicas españolas en 2026», 4 de septiembre de 2026 (documento primario: incluye la tabla de reparto por comunidad).
- Europa Press: «Universidades acuerda tranferir 150 millones de euros a las CCAA para incorporar profesores a universidades públicas», 4 de septiembre de 2026, 12.56 hora peninsular española (10.56 UTC).
- CRUE: «Valoración del desbloqueo de la transferencia de 150 millones a las CCAA para el programa María Goyri», 4 de septiembre de 2026.
- Actualidad Libre: «Once comunidades ausentes dejan sin quórum el reparto de 150 millones a universidades», 29 de julio de 2026.