El pleno de la Conferencia General de Política Universitaria —el órgano donde el Estado y las comunidades autónomas coordinan la política de enseñanza superior— se convocó por videoconferencia para las 10.00 del miércoles 29 de julio de 2026 y no llegó a celebrarse. Once comunidades no se conectaron y la reunión se quedó sin el quórum que fija su reglamento, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El punto principal del orden del día era ratificar el reparto entre comunidades de la financiación de 2026 del programa María Goyri, con el que el Gobierno paga el sueldo de profesorado ayudante doctor —la figura contractual de entrada a la carrera docente e investigadora en la universidad pública—. El Consejo de Ministros autorizó esa transferencia el martes 21 de julio: 149.674.540 euros, y la propia nota del ministerio precisaba que los criterios de reparto y la distribución resultante «se fijarán» después «en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria» (nota del ministerio, 21 de julio de 2026). Sin pleno válido, ese paso no se ha dado.

Quién faltó y quién se conectó

Nueve comunidades habían pedido aplazar la reunión por los incendios forestales y finalmente no participaron: Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares. La Región de Murcia había confirmado su asistencia y no se conectó, y Aragón no la había confirmado y tampoco compareció, según el relato del ministerio recogido por Europa Press. Presidía el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa.

El recuento de los presentes lo publicó El Mundo, también con datos del ministerio: acudieron País Vasco, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra, seis de las diecisiete comunidades. El reglamento interno de la Conferencia, aprobado el 7 de noviembre de 2024 y publicado en el BOE, exige para la válida constitución del pleno la presencia de la presidencia o una vicepresidencia, de «la mitad más uno de las personas titulares de las Consejerías», de al menos un miembro nombrado por la presidencia y de la secretaría (BOE-A-2024-26591, artículo 12.3). Con seis consejerías conectadas, el pleno no podía constituirse.

La versión del ministerio

El departamento que dirige Diana Morant sostiene que no había nada que discutir: «no había ninguna negociación pendiente, no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente». El pleno, dice, solo debía ratificar un acuerdo «ya aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada» —el órgano de directores generales que prepara los asuntos de la Conferencia— para iniciar un procedimiento administrativo «imprescindible».

El ministerio acusa a las ausentes de haber bloqueado ese arranque a sabiendas: «sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento», y añade que «las consecuencias recaen sobre las propias comunidades autónomas y, en última instancia, sobre las universidades públicas y el profesorado beneficiario del programa».

Su argumento sobre por qué la ausencia no estaba justificada se apoya en el reglamento, y ahí el texto le da la razón: el secretario de Estado respondió por escrito el martes 28 a las comunidades que la reunión era telemática, que no pasaría de 30 minutos, que el orden del día tenía solo dos puntos y que «el Reglamento permite expresamente que la consejera o consejero sea sustituido por otro alto cargo de su departamento cuando no pueda asistir». El artículo 5.4 de la norma dice, en efecto, que los miembros no pueden delegar su representación pero que, «excepcionalmente, cuando sea imposible la asistencia», el responsable autonómico «podrá ser sustituido por un alto cargo de su departamento, comunicando la sustitución a la Presidencia».

Sobre las consecuencias, el ministerio afirma que ya no puede garantizar que los fondos lleguen «en los plazos inicialmente previstos», aunque precisa que el dinero no se pierde y que seguirá tramitándolo «tan pronto como sea posible». Quedaban trámites internos antes de ordenar la transferencia y, después, los procedimientos de cada comunidad para hacer llegar los recursos a sus universidades. No ha concretado cuánto retraso supone en días ni qué fecha límite maneja.

La versión de las comunidades

Las once ausentes son las once comunidades gobernadas por el PP, y todas ellas faltaron también a la Conferencia Sectorial de Educación convocada una hora después por la ministra Milagros Tolón, según El Mundo, que adelantó el doble plantón. Su argumento es la emergencia: los asuntos del orden del día no eran urgentes y podían esperar unos días.

«Entendemos que, en un contexto como el actual, con incendios activos, evacuaciones y un importante despliegue de recursos públicos, la prioridad debe ser la coordinación institucional frente a la emergencia», dijeron fuentes de la Consejería de Educación de Castilla y León al mismo diario; los asuntos del orden del día «pueden abordarse unos días más tarde, cuando la situación esté normalizada y todas las administraciones puedan participar en igualdad de condiciones». Desde la Comunidad de Madrid apelaron a «ofrecer soluciones perentorias a las miles de personas que se han visto obligadas al confinamiento o a la evacuación». Andalucía añadió un reproche de gestión: que los dos ministerios convocaran sus conferencias la misma mañana, cuando en muchas comunidades un mismo consejero lleva Educación y Universidades, hacía imposible acudir a ambas.

Las comunidades invocan además un precedente del propio Gobierno: Hacienda sí aceptó aplazar, al 4 de septiembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera que iba a debatir ese mismo miércoles la reforma del modelo de financiación autonómica.

Contexto

España encara la peor temporada de incendios de lo que va de siglo: el balance del Gobierno del 28 de julio situaba en 173.651 hectáreas quemadas la superficie afectada en 2026, y seguían activos grandes fuegos en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunitat Valenciana, cuatro de los territorios ausentes.

El programa María Goyri, en marcha desde 2024, compromete 900 millones de euros del Estado en seis años para 3.400 plazas de ayudante doctor, más otras 2.236 plazas sufragadas por las comunidades con 600 millones. Es, según el ministerio, la primera vez que el Gobierno central paga directamente el salario de profesorado universitario, una competencia transferida a las autonomías. Conviene un matiz: El Mundo escribe que los 150 millones sirven «para contratar a 3.400 profesores», pero la nota oficial del 21 de julio dice que esas 3.400 plazas «ya se han contratado» y que la anualidad de 2026 las financia; las que faltan por cubrir son las 2.236 autonómicas, de las que las comunidades llevan 311, con plazo hasta el curso 2027-2028.

Esta redacción no ha obtenido una respuesta específica de las consejerías al reproche del ministerio sobre el bloqueo del trámite, ni consta convocatoria de una nueva fecha para el pleno de la Conferencia. La cronología del retraso y su efecto real sobre las universidades proceden, por ahora, de una sola parte: el ministerio.

Fuentes

• Europa Press: «Once CC.AA. “bloquean” el reparto de 150 millones del programa María Goyri al no asistir a la reunión con el Gobierno», 29 de julio de 2026, 12.20 hora peninsular española (10.20 UTC).
• El Mundo: «Las autonomías del PP plantan a los ministerios de Diana Morant y Milagros Tolón por los incendios», 29 de julio de 2026, 10.49 hora peninsular española (08.49 UTC).
• Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: «El Gobierno acuerda transferir a las CCAA cerca de 150 millones de euros a través del Programa María Goyri…», 21 de julio de 2026.
• BOE: Resolución de 9 de diciembre de 2024 por la que se publica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Conferencia General de Política Universitaria (BOE-A-2024-26591).