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El Tesoro emite su segundo bono verde soberano, a veinte años

El «BOE» publicó el 9 de septiembre de 2026 la Orden ECM/941/2026, que dispone la emisión por sindicación de una nueva referencia de Obligaciones del Estado a veinte años, con vencimiento el 30 de julio de 2047 y liderada por BBVA, Santander, Barclays, Crédit Agricole, JP Morgan y Morgan Stanley. Es la segunda referencia del programa de bonos verdes soberanos de España; el Ministerio de Economía cifró en 4.000 millones de euros la colocación sindicada a veinte años del 8 de septiembre.

Renato Davila · 8 de septiembre de 2026 · economia

Ladera de pastos secos y matorral con una hilera de aerogeneradores blancos recortados sobre la línea de la loma, un grupo de árboles junto a un arroyo en el centro y una carretera cruzando el primer plano bajo un cielo encapotado.
Imagen de archivo: el parque eólico del Cerro de Gorría, en la Sierra de Ávila, en agosto de 2011. El Marco de Bonos Verdes compromete al Estado a identificar gastos en energía renovable, transporte limpio o biodiversidad por un importe equivalente al nominal emitido. (Foto: Xemenendura, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons)

España vuelve a pedir dinero prestado prometiendo gastarlo en verde. El «Boletín Oficial del Estado» publicó el miércoles 9 de septiembre de 2026 la Orden ECM/941/2026, de 8 de septiembre, por la que la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional dispone la emisión del primer tramo de una nueva referencia de Obligaciones del Estado a veinte años. Es la cuarta referencia a ese plazo que emite el Tesoro y, dice la propia orden, la segunda del programa de bonos verdes soberanos del Reino de España, bajo el Marco de Bonos Verdes actualizado en septiembre de 2026.

La orden no fija ni el importe ni el interés. El Ministerio de Economía sí puso cifra a la operación el mismo martes 8: 4.000 millones de euros colocados en una emisión sindicada de deuda a veinte años, con una demanda inicial superior a los 55.000 millones —casi catorce veces lo emitido—, según informó Europa Press. El ministerio no la identificó como emisión verde en ese anuncio.

Seis bancos al frente, sin subasta

Este primer tramo no sale a subasta: se coloca por sindicación, es decir, cediendo parte o la totalidad de la emisión a un precio pactado a un grupo de entidades financieras, que la reparten entre sus inversores. El Tesoro se reserva el sistema tradicional de subasta para los tramos siguientes de la misma referencia.

La orden justifica esa elección con dos argumentos: llegar a inversores nuevos y de perfil cualificado, dentro y fuera de España, y conseguir deprisa un saldo en circulación lo bastante grande como para que el papel se negocie con liquidez en las plataformas electrónicas internacionales.

El sindicato tiene tres escalones. En el primero, las entidades directoras principales, con mandato otorgado por una orden del 7 de septiembre para liderar y organizar la emisión: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Barclays Bank Ireland, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JP Morgan SE y Morgan Stanley Europe SE. En el segundo, como colíderes destacados, BNP Paribas, Citibank Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe y Société Générale. El tercero lo forma el resto de creadores de mercado de deuda pública española: las entidades que se comprometen a cotizar la deuda del Estado de forma continuada a cambio de acceso preferente a sus emisiones.

Vencimiento en 2047 y un cupón que todavía no existe

Las obligaciones se amortizarán a la par —al valor nominal— el 30 de julio de 2047. Pagarán cupón cada 30 de julio, y el primero, el del 30 de julio de 2027, será reducido: solo devengará intereses desde la fecha de emisión. La suscripción se hará por múltiplos de 1.000 euros y los títulos son segregables, lo que permite negociar por separado el principal y cada uno de los cupones.

El tipo de interés nominal, el precio de suscripción y la fecha de emisión los fijará el Tesoro previa consulta con el sindicato y se publicarán en el «BOE» mediante una orden posterior. El dinero entrará en la cuenta del Tesoro Público en el Banco de España, y los títulos se admitirán a negociación en AIAF, el mercado español de renta fija. La orden autoriza además operaciones de estabilización del precio, que en ningún caso correrán por cuenta del Tesoro. Firma la disposición, por delegación del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la secretaria general del Tesoro y Financiación Internacional, Paula Conthe Calvo.

Qué compromete el sello «verde»

Un bono verde no financia proyectos concretos uno a uno: compromete al emisor a identificar, en sus presupuestos, gastos elegibles por un importe equivalente al nominal emitido. La orden enumera las categorías: energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y de las aguas residuales, protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, gestión sostenible de los recursos naturales, prevención y control de la contaminación, economía circular y adaptación al cambio climático.

El Tesoro puso en marcha el programa en 2021, con un grupo de trabajo interministerial creado en marzo de aquel año, y ha publicado desde entonces informes anuales de asignación e impacto —el último, el de 2024—, según su página sobre el programa de bonos verdes soberanos y la información para inversores. La actualización del marco publicada en septiembre de 2026 busca, según el propio organismo, reflejar los avances de la política climática española e informar del grado de alineación de los gastos con la taxonomía de la Unión Europea —la clasificación comunitaria de qué actividades cuentan como sostenibles— «bajo un enfoque de mejores esfuerzos». El marco respeta los principios de bonos verdes de la asociación internacional de mercados de capitales (ICMA) y cuenta con una opinión externa de Sustainable Fitch, que le otorgó su mejor calificación posible.

Financiarse sale más caro

La emisión llega en una semana en la que el Estado está pagando por su deuda lo que no pagaba desde hace dos años. El mismo 8 de septiembre, el Tesoro adjudicó 2.416,82 millones en letras a tres y nueve meses y subió el interés en ambos plazos, y una semana antes llevó el tipo de las letras a seis y doce meses a máximos de dos años. El organismo prevé para 2026 emisiones brutas por 285.693 millones de euros y unas necesidades netas de financiación de 55.000 millones.

Hay un detalle presupuestario en el preámbulo de la orden que no es menor: la autorización legal para crear deuda del Estado sigue siendo la del artículo 46 de la Ley 31/2022, la de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados automáticamente por tercer año consecutivo —en 2024, en 2025 y en 2026— al amparo del artículo 134.4 de la Constitución. Esa ausencia de presupuestos nuevos es también uno de los reproches con los que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas pidió al Congreso rechazar la Cuenta General del Estado de 2024.

Fuentes