Los cables y las tuberías que llevan energía de un país europeo a otro tendrán nuevas reglas de planificación, y la Comisión Europea más mano en ellas. La comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo fijó el jueves 10 de septiembre de 2026 su posición sobre la revisión del reglamento de redes transeuropeas de energía —TEN-E, por sus siglas en inglés—, la norma que decide cómo se planifican, se priorizan y se autorizan los grandes proyectos de electricidad e hidrógeno que cruzan fronteras dentro de la Unión Europea. El informe salió adelante con 56 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, según la nota de prensa del Parlamento Europeo.

En la misma sesión, y por 61 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, los eurodiputados decidieron abrir ya las negociaciones con el Consejo de la UE —donde se sientan los Estados miembros— para cerrar la versión definitiva de la ley. Ese mandato no es firme todavía: la propia nota lo condiciona a que el pleno del Parlamento respalde la decisión en una próxima sesión.

Qué cambia

La reforma refuerza el papel de la Comisión Europea en la elaboración de un escenario energético común, de modo que las decisiones sobre infraestructura se tomen a partir de datos compartidos y homogéneos en lugar de veintisiete ejercicios de previsión distintos. Incorpora además herramientas para detectar de forma sistemática los huecos de las redes eléctricas y de hidrógeno, con la idea de dirigir la inversión adonde falta, y recorta los trámites de autorización de los proyectos clave para reducir los retrasos administrativos.

Hay un cambio de orden que la nota resume en una frase y que afecta a cada proyecto: antes de aprobar nueva infraestructura física, las autoridades tendrán que valorar si basta con optimizar las redes existentes o si el problema se resuelve con soluciones digitales o de gestión de la demanda. Los eurodiputados amplían también la lista de prioridades: entran los equipos e instalaciones destinados a proteger los elementos críticos de la red y hacerla más resistente, los equipos de vigilancia, control y digitalización, y los proyectos que adaptan la infraestructura energética al cambio climático.

El argumento de los precios

En sus enmiendas, los eurodiputados sostienen que la expansión de la red debe apoyar activamente la integración del mercado, y en particular la estabilidad de precios y la suficiencia de recursos, porque un mercado energético más integrado ayuda a abaratar la factura de hogares y empresas. Es un argumento, no un cálculo: ni la nota ni el texto adoptado cuantifican esa rebaja.

La ponente de la reforma, la búlgara Tsvetelina Penkova (S&D), designada para el encargo el 25 de febrero de 2026, defendió que «Europa necesita la infraestructura adecuada en los lugares adecuados, basada en datos sólidos y en una evaluación clara de lo que ciudadanos y economía necesitan realmente». Penkova añadió que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) —el organismo de la UE que coordina a los reguladores energéticos nacionales— ejercerá «un mayor escrutinio independiente», y que las nuevas reglas deberían reducir las diferencias de precio de la electricidad entre Estados miembros y regiones.

Cuánto hay en juego

El origen del expediente es la propuesta que la Comisión Europea presentó el 10 de diciembre de 2025 dentro de su paquete de redes: el documento COM(2025) 1006, que deroga el reglamento TEN-E vigente —el (UE) 2022/869— y modifica otros tres reglamentos de gobernanza y mercado eléctrico. En su exposición de motivos, la Comisión cifra las inversiones necesarias hasta 2040 en 1,2 billones de euros para las redes eléctricas de transporte y distribución y en 240.000 millones para las de hidrógeno, y recuerda el objetivo de que cada Estado miembro alcance un nivel de interconexión eléctrica del 15 % en 2030.

España se mueve en esa misma dirección por su cuenta: el Consejo de Ministros elevó en 17.900 millones de euros el tope de inversión en redes eléctricas hasta 2030, y Bruselas autorizó en septiembre el mecanismo alemán de pagos por capacidad, otra pieza del mismo rompecabezas: cómo sostener un sistema eléctrico con más renovables y más demanda.

Próximos pasos

El mandato negociador debe confirmarse en el pleno. Después vendrán los trílogos —las negociaciones a tres bandas entre Parlamento, Consejo y Comisión— y una votación final del Parlamento sobre el texto pactado. No hay fecha anunciada para el cierre de esas conversaciones; el estado del expediente puede seguirse en la ficha 2025/0399(COD) del Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo.