El Consejo de Ministros aprobó el martes 28 de julio de 2026 el real decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de electricidad y que abre la puerta a 17.900 millones de euros de inversión adicional hasta 2030. Lo anunció ese mismo día la referencia del Consejo de Ministros, única fuente disponible de la medida: el texto de la norma no estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado al cierre de esta información.

El problema que la norma pretende resolver es un tope. La inversión anual en redes que se paga con cargo al propio sistema eléctrico —es decir, con lo que los consumidores abonan en la factura de la luz— está limitada por ley al 0,065% del PIB en la red de transporte, la de alta tensión que mueve la electricidad de punta a punta del país, y al 0,13% del PIB en la de distribución, la que la reparte hasta los hogares y las fábricas. Esos límites, dice el Gobierno, «se han mostrado insuficientes» ante el volumen de peticiones de acceso a la red para nuevas demandas y las necesidades de la transición energética, algo que asegura haber constatado al elaborar la planificación eléctrica con horizonte 2030, todavía en tramitación.

Una escalera de cuatro peldaños hasta 2030

El dinero no llega de golpe. La referencia detalla una senda creciente año a año:

• Distribución: hasta 10.200 millones adicionales — 1.020 millones en 2027, 2.550 en 2028, 3.060 en 2029 y 3.570 en 2030.
• Transporte: hasta 7.700 millones adicionales — 700 millones en 2027, 1.850 en 2028, 2.300 en 2029 y 2.850 en 2030, y solo «en función de la planificación que finalmente apruebe el Gobierno».

Son cantidades máximas, no gasto comprometido. Sumadas a las inversiones ordinarias, las que siguen atadas al porcentaje del PIB, el desembolso total en redes eléctricas podrá superar los 35.000 millones de euros hasta el final de la década, según la misma referencia. El Gobierno subraya además que las cifras han crecido respecto al borrador que sometió a audiencia pública, sin precisar cuánto.

En qué se puede gastar el dinero nuevo

La novedad no es solo cuánto, sino en qué. En transporte, el destino lo fijará la planificación pendiente. En distribución, el real decreto acota las cantidades adicionales: además de atender demandas industriales, residenciales y de descarbonización del transporte —el mismo objetivo del decreto de metas obligatorias de emisiones que el BOE publicó el 23 de julio—, reserva hasta un 20% para control de tensión, telemando, telecontrol, observabilidad y ciberseguridad; hasta un 20% para inversiones anticipatorias, definidas como aquellas en las que la demanda no está asegurada en los cinco años siguientes y que permiten conectar zonas sin red o con la red saturada; hasta un 10% para adaptar las líneas a la normativa de protección de las aves; y hasta un 10% para resiliencia climática frente a fenómenos naturales adversos. La norma también facilita que las eléctricas compren líneas privadas ya construidas —por ejemplo, de evacuación de plantas de generación— y las incorporen al sistema en lugar de tender otras nuevas.

Planes públicos y penalizaciones por desviarse

La otra mitad del decreto es de control. Las distribuidoras tendrán que someter sus planes de inversión a consulta previa, publicarlos en internet y explicar cómo han tenido en cuenta las propuestas de agentes y administraciones. A año vencido deberán emitir, en el plazo de un mes, informes de cumplimiento igualmente públicos. Y habrá penalizaciones: a las compañías que de forma reiterada inviertan menos —o más— de lo previsto se les recortará el límite de inversión de años posteriores. En transporte, en cambio, «a grandes rasgos se mantiene el vigente sistema de planificación».

El Gobierno sostiene que conectar a más usuarios repartirá los costes de la red entre una base mayor y rebajará los peajes que se repercuten en la factura final. Es una previsión suya: el real decreto no fija ninguna rebaja. La referencia invoca también un efecto multiplicador —cada millón invertido en redes generaría 1,27 millones de valor añadido bruto y un efecto veinte veces mayor en creación de empleo— atribuido a «algunos estudios» que no identifica, sin autor, encargo ni enlace, de modo que la cifra no es verificable.

El mismo Consejo retoca la red de transporte

En la misma reunión, el Consejo de Ministros aprobó la tercera modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026: 51 actuaciones y 615 millones de euros. Entre ellas, cuatro compensadores electrónicos (e-STATCOM), veinte reactancias, ocho reactancias de núcleo controlado magnéticamente y la renovación completa de otras cuatro. Son equipos que estabilizan la tensión y amortiguan las oscilaciones de la red, una tarea que hoy hacen sobre todo las centrales de gas de ciclo combinado a través del mecanismo de restricciones técnicas, por el que el operador del sistema paga a centrales concretas para que suban o bajen producción y la red aguante.

El cálculo del Gobierno es que sustituir ese servicio por equipos integrados en la red ahorrará entre 440 y 460 millones de euros al año, partiendo de un coste medio de las restricciones técnicas a subir de 165 euros por megavatio hora en 2025, más el ahorro en emisiones e importaciones de gas. La medida responde a una petición del operador del sistema, en línea con las recomendaciones de Entso-e —la red europea de gestores de transporte— y de ACER, la agencia europea de reguladores de la energía. Con esta modificación, la inversión total de la planificación con horizonte 2026 asciende a 8.818 millones.

Lo que aún no se puede comprobar

Toda la información de esta noticia procede de un único documento: la referencia del Consejo de Ministros publicada por La Moncloa, que acredita qué se ha aprobado y con qué cifras, pero no permite contrastar los efectos que el Gobierno le atribuye. El articulado del real decreto —los porcentajes exactos, el régimen de penalizaciones, los plazos— no se conocerá hasta su publicación en el BOE. La planificación eléctrica con horizonte 2030, de la que depende buena parte de los 7.700 millones de transporte, sigue en tramitación.

En el mismo Consejo de Ministros, el Gobierno creó también el panel científico que le asesorará en crisis climáticas.