Doce Gobiernos han puesto por escrito su intención de cerrar el mercado a lo que se fabrica y se cultiva en los asentamientos israelíes de Cisjordania: unos con normas ya en vigor, otros todavía en fase de estudio. Sus ministros de Exteriores —los de Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia— lo firmaron el martes 8 de septiembre de 2026 en una declaración conjunta que el Foreign Office británico publicó a las 12.31 UTC en su sala de prensa. La noticia fue difundida en España por Europa Press esa misma tarde.

Qué dice exactamente el texto

El compromiso no es idéntico para los doce. La declaración dice que los firmantes «confirman su intención de introducir restricciones nacionales al comercio de bienes con los asentamientos, ilegales conforme al derecho internacional, y/o de apoyar restricciones europeas, o bien que están estudiando activamente estas y otras medidas, con arreglo a sus procedimientos nacionales» (traducción de esta redacción del original inglés, la única versión publicada). Es decir: unos se comprometen a legislar, otros a respaldar la vía comunitaria y otros, solo a estudiarlo. El texto no detalla qué país está en cada casilla.

El diagnóstico sí es común y va en la primera línea: las actuaciones del Gobierno israelí en Cisjordania «están socavando la posibilidad de una solución de dos Estados» y la situación «se está deteriorando rápidamente», con una violencia de los colonos y una expansión de los asentamientos que han alcanzado «niveles sin precedentes», incluida la «inadmisible decisión de publicar licitaciones para el proyecto de asentamiento E1».

De ahí, tres exigencias a Israel: detener «de inmediato» la expansión de los asentamientos y de las competencias administrativas civiles, depurar responsabilidades por la violencia de los colonos e investigar las acusaciones contra sus fuerzas armadas. Los doce se declaran también «firmemente opuestos» a lo que equivalga a la anexión de tierra palestina y al desplazamiento forzoso de la población palestina, y anclan todo ello en la Declaración de Nueva York sobre la solución de dos Estados, adoptada, según el propio texto, hace un año.

El cierre de la declaración compensa: reconoce «los legítimos intereses de seguridad de Israel» y reitera la condena de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, «la peor matanza antisemita desde el Holocausto», con un compromiso expreso contra el antisemitismo.

Quién ya lo hacía y quién se suma ahora

La parte operativa la ponen tres países. Reino Unido, Francia y Canadá «saludan» en el texto lo ya hecho por Irlanda, España, Países Bajos, Noruega y Bélgica —dos de ellos, los Países Bajos y Bélgica, ni siquiera firman la declaración— y anuncian que llevarán adelante medidas nacionales para prohibir el comercio de bienes de los asentamientos.

El Reino Unido concretó ese mismo 8 de septiembre, a las 17.24 UTC, su propio paquete: veto a la importación de productos de los asentamientos, prohibición de publicitar suelo y vivienda en ellos, nuevos poderes para designar a personas y empresas que se lucren con la colonización y la conclusión formal de que la ocupación israelí es «ilegal». Israel respondió horas después cerrando su consulado británico en Jerusalén y vetando la entrada a doce políticos británicos.

España aparece en el grupo de los que ya tenían norma. Su instrumento es el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, «por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina», cuyo listado oficial de códigos postales de asentamientos sirvió en julio para ordenar la retirada de 141 anuncios de alojamientos vacacionales en territorio palestino ocupado.

El detonante: E1

El proyecto E1 que la declaración llama «inadmisible» es la urbanización del área situada entre Jerusalén Este y el asentamiento de Maale Adumim: el Gobierno israelí sacó a concurso 1.234 viviendas en siete complejos el 20 de agosto de 2026. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), construir ahí partiría en dos Cisjordania. España se sumó el 21 de agosto a la declaración de líderes que exigía retirar el plan «de inmediato», un texto que acabó acumulando dieciséis firmas.

El otro motivo que invoca el comunicado, la violencia de los colonos, tiene también expediente reciente: el 29 de agosto, un asalto a una vivienda palestina en Qusra dejó ocho heridos tras tres semanas de cerco.

Fuentes

• Ministros de Exteriores de Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia, «Joint Foreign Ministers’ Statement on the Two-State Solution», publicada por el Foreign, Commonwealth and Development Office —el Ministerio de Exteriores británico— el 8 de septiembre de 2026 a las 12.31 UTC (documento primario).
• Gobierno del Reino Unido, «UK to bring forward new powers to respond to moral emergency in Palestine, and target illegal settlement activity in the West Bank…», 8 de septiembre de 2026, 17.24 UTC.
• Europa Press, «España y once países más defienden sancionar el comercio de productos de asentamientos israelíes», 8 de septiembre de 2026, 15.45 (hora peninsular española).
• Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, BOE.

Nota de verificación. El despacho de Europa Press resume el compromiso como la intención de imponer restricciones nacionales «además de promover este mismo paso en el ámbito europeo, y que “están considerando seriamente adoptar” estas sanciones». El original inglés no encadena las tres cosas: ofrece la vía nacional «y/o» el apoyo a restricciones europeas «o bien» el estudio activo de esas y otras medidas. Esta pieza sigue el documento primario. La única fuente periodística registrada en contenido/fuentes.yaml que ha sustentado esta noticia es Europa Press; el resto es documentación oficial de los propios firmantes.