Las universidades públicas españolas apenas han aplicado la reserva de plazas para personas con discapacidad que la ley les impone al contratar profesorado estable. Es la conclusión de una investigación del catedrático de la Universidad de Salamanca Francisco José Plaza Martín, que habla de “un incumplimiento generalizado” en el personal docente e investigador (PDI) permanente —el profesorado y personal investigador con plaza fija, funcionario o laboral—, según recogió Europa Press el 22 de agosto de 2026.

La cuenta es corta. Entre 2016 y 2025 la reserva debió aplicarse en 480 ocasiones —el equivalente a una por cada una de las 48 universidades públicas y por cada uno de los diez años—, y el estudio solo pudo comprobar que se cumpliera en siete. El propio trabajo califica esa cifra de “anecdótica”. A partir de ahí, Plaza Martín estima “un mínimo de 2.000” plazas no reservadas en la década y advierte de que “la dimensión real del incumplimiento podría ser todavía mayor”: el número “podría rondar las 3.000, únicamente en el ámbito de las figuras permanentes del PDI”.

El catedrático insiste en que sus datos “no proceden de estimaciones, estadísticas generales ni cuestionarios”. Los reunió, según su relato, tras más de un año de solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a todas las universidades públicas españolas, y los respalda con resoluciones rectorales.

Qué obliga la ley

La reserva no es un objetivo voluntario. El artículo 59 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público obliga a toda oferta de empleo público a apartar “un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes” para personas con discapacidad, “de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública”. De ese segundo porcentaje sale el “objetivo legal del 2 %” del que, según el estudio, la plantilla docente universitaria está “muy lejos”. Y el artículo 65.2 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, en vigor desde el 12 de abril de 2023, encarga expresamente a universidades y comunidades autónomas garantizar que las ofertas de empleo universitarias se ajusten a ese cupo.

Datos que nadie publica

Buena parte del hallazgo es, en realidad, un agujero de información. Algunas universidades no contestaron a las solicitudes, otras dijeron no disponer de registros o pusieron pegas para acceder a ellos. Esos datos, señala Plaza Martín, “tampoco forman parte de las principales estadísticas públicas universitarias, como el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)” —el registro estatal que recoge las cifras oficiales del sistema universitario— “ni de los datos que las universidades están obligadas a publicar en sus portales de transparencia”. La consecuencia, sostiene, es que “la ausencia de información accesible, homogénea y comparable contribuye a invisibilizar la situación y dificulta verificar el cumplimiento efectivo de la reserva legal”.

El estudio propone que cada universidad publique cuántas plazas de PDI convoca y cuántas reserva de verdad, porque hay casos en los que las plazas figuran en la oferta de empleo público pero luego no llegan a convocarse por el turno de reserva.

No todo son incumplimientos: el trabajo destaca la política de la Universidad de Barcelona, a la que llama “un modelo especialmente garantista”, y determinadas convocatorias de la UNED y de las universidades de Jaén y Zaragoza.

La investigación mira además aguas arriba, a la carrera académica. En grado, máster y doctorado existe una reserva del 5 % de plazas para estudiantes con discapacidad —la fija el artículo 31.4 de la misma ley universitaria—, y también la hay en los contratos predoctorales del ministerio, pero esa protección “no se mantiene de manera generalizada en los contratos temporales de acceso a la carrera docente”. A eso suma que “son minoría las universidades que disponen de procedimientos reglados y aprobados para realizar adaptaciones del puesto de trabajo”.

Lo que pide el CERMI

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la principal plataforma del sector, reclama a partir de estos datos que universidades públicas y comunidades autónomas “asuman plenamente sus responsabilidades” para que la reserva sea “una verdadera herramienta de igualdad de oportunidades y no una obligación legal de aplicación meramente formal”. Pide incorporar los datos de PDI con discapacidad al SIIU y completar el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y reclama un “seguimiento, evaluación y replanteamiento” de la política, superando “la fragmentación de competencias, la dilución de responsabilidades y la ausencia de indicadores”.

Contexto

La otra cuota de reserva por discapacidad, la del 2 % en empresas de 50 o más trabajadores, está en plena revisión legal: el 23 de julio de 2026 la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó elevar su incumplimiento a infracción muy grave, con multas de hasta 225.018 euros, y el texto pasó al Senado. La reserva que examina este estudio es otra: la de las ofertas de empleo público.

Advertencia sobre la fuente

El estudio no es público. Europa Press no enlaza el documento ni precisa dónde, cuándo ni ante quién se presentó, y esta redacción no ha localizado una copia accesible, ni quién lo financia, ni una segunda fuente independiente que lo haya examinado. Todas las cifras de esta noticia proceden del autor a través de la agencia; solo el marco legal citado procede de documentos originales enlazados. Actualidad Libre publicará el enlace al trabajo en cuanto esté disponible.

Fuentes

• Europa Press: «Universidades públicas dejaron de reservar en 10 años al menos 2.000 plazas para docentes con discapacidad según estudio», 22 de agosto de 2026.
• BOE: Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 59.
• BOE: Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, artículos 31.4 y 65.2.