Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) —los equipos de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales que examinan a las mujeres y a los menores que denuncian malos tratos y calibran la peligrosidad del denunciado— han cambiado de dueño político en Andalucía. Cuelgan de los Institutos de Medicina Legal, y esos institutos figuran hoy en el organigrama de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, cuyo titular es Manuel Gavira Florentino, vicepresidente segundo de la Junta y líder andaluz de Vox. La propia ficha de las UVIVG en el portal de la Junta se publica ya bajo esa consejería. Gavira y su equipo tomaron posesión en julio de 2026, «hace apenas un mes», según informó elDiario.es el 5 de agosto de 2026.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, respondió el jueves 6 de agosto con una carta al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la que pide una reunión urgente y una rectificación. Lo anunció su propio ministerio en una nota de prensa, recogida después por Europa Press. La carta no se ha hecho pública: solo se conocen los fragmentos que difundió el ministerio.

Qué hacen esas unidades y qué puede tocar Vox

Las unidades están adscritas a los ocho Institutos de Medicina Legal andaluces, uno por provincia. Trabajan a petición de los juzgados con competencia en violencia sobre la mujer y, según la descripción oficial de la Junta, valoran los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en la mujer, los daños de los hijos expuestos a esa violencia, «la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia del agresor» y los aspectos que afectan a los procedimientos civiles. Son los informes con los que un juez decide una orden de protección o un régimen de visitas.

Según los datos de la consejería que cita elDiario.es, los profesionales de los ocho institutos atendieron a 893 personas en 2024 —último año publicado— en actuaciones para esclarecer presuntos delitos contra la libertad sexual, y sus equipos psicosociales firmaron 2.257 informes pedidos por los juzgados de familia. El servicio cuesta unos 25 millones de euros al año entre personal fijo y refuerzos, siempre según ese medio.

Suprimirlas no está en la mano de un gobierno autonómico. La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, en su disposición adicional segunda, obliga al Gobierno y a las comunidades con competencias en justicia a organizar sus servicios forenses «de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género».

Lo que sí cabe es vaciarlas por dentro. «No pueden suprimirlas, pero sí pueden cambiar los protocolos, que dependen de la Junta, y cambiar al personal que los coordina, sustituyendo a las directoras de los Institutos de Medicina Legal en las ocho provincias andaluzas, y nombrando a gente de su cuerda, hostiles con las políticas de género», explica a elDiario.es Miguel Lorente, que diseñó y puso en marcha la red andaluza de UVIVG. El margen incluye también recortar presupuesto y eliminar al personal de refuerzo subcontratado. Los nombramientos, eso sí, deben recaer en funcionarios del mismo departamento.

Vox conoce bien ese servicio: en 2019, recién llegado al Parlamento andaluz, su entonces líder autonómico, el juez de familia en excedencia Francisco Serrano, pidió a la Cámara el listado con los nombres de quienes trabajaban en esos equipos: «Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños», sostuvo. El Parlamento no entregó los nombres, amparándose en la ley de protección de datos, según el relato de elDiario.es. Los afectados llamaron a aquello «caza de brujas».

Ni Gavira ni su equipo han explicado qué planes tienen para el servicio. Ni la Presidencia de la Junta ni la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad quisieron valorar la cesión ante elDiario.es; el mensaje de tranquilidad del PP andaluz —que sus socios no podrán «interceder en el trabajo de sus profesionales»— llegó desde el anonimato. El portal del portavoz del Gobierno andaluz, consultado el 6 de agosto de 2026, no recogía ninguna nota sobre el traspaso.

Qué dice la carta de Redondo

La ministra traslada «la profunda preocupación» de su departamento y califica la decisión de «enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género». Advierte de que ceder esas competencias «puede además comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos vinculados al pacto de Estado contra la Violencia de Género», y pide a la Junta que reconsidere la decisión: «Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en víctimas de segunda».

El escrito se remitió también a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa. El ministerio cierra ofreciendo una «colaboración institucional leal y constructiva» con la Junta. Un día antes, el 5 de agosto, Redondo había escrito en su cuenta de X que el Gobierno andaluz «deja a las víctimas en manos de los negacionistas» y que estudiaba «medidas»; preguntado por elDiario.es, su gabinete no aclaró cuáles.

El contexto: la comunidad con más casos abiertos

Andalucía es la comunidad con más expedientes vivos de violencia de género en España. Según los datos de VioGén a 31 de julio de 2026 —el sistema con el que policía y guardia civil valoran y siguen el riesgo de cada víctima—, tenía 27.885 casos activos, el 26,6 % de los 104.666 de todo el país. En la comunidad han sido asesinadas nueve mujeres en lo que va de año, según elDiario.es; la cuenta oficial de todo el país iba por 32 el 29 de julio.

Los fondos que la ministra teme por su «adecuada gestión» son los del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un reparto anual de 40 millones de euros congelado desde 2023 y lastrado por remanentes sin gastar. El ministerio acaba de estrenar además un sistema de seguimiento semestral de las medidas que salen de los comités de crisis convocados tras cada asesinato machista.

Si sufres violencia machista

El 016 atiende a víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año y en 53 idiomas. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. También atiende por WhatsApp (600 000 016), por chat en línea y en el correo [email protected]. En caso de emergencia, el 112.

Fuentes

• Ministerio de Igualdad, «El Ministerio de Igualdad solicita una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía tras la cesión a Vox de competencias en violencia de género», 6 de agosto de 2026. Documento primario del que salen las citas de la carta.
• Europa Press, «Redondo pide una reunión urgente a Juanma Moreno y una rectificación tras ceder a Vox competencias en violencia machista», 6 de agosto de 2026, 12.19 hora peninsular (10.19 UTC).
• elDiario.es, «Qué puede “depurar” Vox y qué no de las unidades de violencia de género que ahora gestiona en el Gobierno andaluz», publicado el 5 de agosto de 2026 a las 21.15 hora peninsular y actualizado el 6.
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, disposición adicional segunda (texto consolidado en el BOE).
• Junta de Andalucía, fichas oficiales de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, consultadas el 6 de agosto de 2026.

Europa Press (confianza alta) y elDiario.es (confianza media) son fuentes independientes entre sí y coinciden con la nota del propio Ministerio de Igualdad en el hecho central: la Junta de Andalucía ha cedido a Vox competencias sobre la atención a las víctimas de violencia de género. Que esas competencias incluyen las UVIVG lo confirma el propio portal de la Junta, que publica sus fichas bajo la consejería de Gavira; el detalle de qué margen de maniobra deja la ley y las cifras de actividad del servicio proceden de elDiario.es. La Junta no ha explicado públicamente la decisión.