España devuelve el golpe. El Gobierno ha acordado restablecer de forma temporal los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros que lleguen de Italia, después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni se negara a retirar la suspensión que aplica a España del acuerdo Schengen —el área de 29 países europeos que suprimieron los controles en sus fronteras interiores—. Lo informó Europa Press la noche del viernes 7 de agosto de 2026, citando «fuentes gubernamentales» que no identifica.

Los controles empiezan a las 00.00 horas del sábado 8 de agosto y duran hasta las 00.00 del 7 de septiembre, salvo que «un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo». Consisten en comprobar la identidad y la nacionalidad del viajero mediante el pasaporte; a quien no sea ciudadano de la Unión se le revisará además el visado o el permiso de residencia. No serán sistemáticos: según esas fuentes, se practicarán «de manera aleatoria».

El motivo que alega el Gobierno español es un espejo del que esgrimió Roma hace una semana: «la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino».

Lo que no se ha publicado

La medida se conoce por una agencia y por fuentes sin nombre. Al cierre de esta noticia, Moncloa no había difundido ninguna nota sobre el restablecimiento de controles —su última publicación del 7 de agosto seguía siendo el comunicado del ultimátum a Italia— y el Boletín Oficial del Estado del viernes no recogía ninguna orden sobre fronteras interiores. Ni el comunicado de Moncloa ni el teletipo de Europa Press mencionan la notificación a Bruselas.

Esa notificación no es un trámite menor. El Código de Fronteras Schengen —el reglamento europeo que rige el cruce de fronteras—, reformado en 2024, permite a un Estado restablecer controles interiores solo «como medida de último recurso» y ante «una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior»; entre los supuestos que menciona figura «una situación excepcional caracterizada por movimientos repentinos a gran escala no autorizados de nacionales de un tercer país entre los Estados miembros». Cuando la amenaza es imprevisible y exige actuación inmediata, el artículo 25 bis permite implantar los controles al instante, pero obliga a notificarlo «en el momento preciso» al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los demás Estados miembros, y limita la medida a un mes como máximo, prorrogable hasta tres. Los treinta días exactos que ha fijado España encajan con ese tope; el Gobierno no ha publicado bajo qué artículo actúa.

Un pulso que arranca en Ceuta

La respuesta llega el mismo día en que España había dado a Italia tres días de plazo, hasta el domingo 9 de agosto, para levantar sus controles o afrontar «medidas proporcionales» sin concretar. Por la tarde, el Palazzo Chigi —sede del Gobierno italiano— contestó que «no acepta ultimátums ni imposiciones» y que no reconsiderará nada hasta el 15 de agosto como pronto, la fecha de un nuevo cruce masivo a Ceuta convocado por redes sociales. Por la noche llegaron las medidas proporcionales, dos días antes de que expirara el plazo que había puesto el propio Gobierno español.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había defendido antes de conocerse la decisión que los controles italianos no solo perjudican a los españoles, sino que debilitan la «unidad» de la Unión Europea en un momento que, dijo, «exige» actuar de forma coordinada frente a la migración y a la guerra en Ucrania.

El origen del choque está en la entrada masiva de migrantes a Ceuta del 30 de julio de 2026 y en la suspensión de Schengen que Italia anunció al día siguiente, a la que se sumaron reproches de otros gobiernos europeos. Pedro Sánchez replicó entonces en un mensaje en X con cifras de Frontex —la agencia europea de la guardia de fronteras y costas— según las cuales entre 2021 y 2026 entraron por Italia 478.600 migrantes irregulares frente a 234.760 por España, 340.600 por la ruta de los Balcanes occidentales y 259.800 por Grecia. Son datos que cita el presidente del Gobierno y que esta redacción no ha verificado de forma independiente en la fuente original.

Ninguna de las dos capitales ha publicado, en toda la semana, cifras de esperas, vuelos o pasajeros afectados que permitan medir el daño real de unos controles ni de los otros.

Fuentes

• Europa Press, «El Gobierno de España restablece los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia», 7 de agosto de 2026, 21.14 hora peninsular (19.14 UTC), actualizada a las 21.54.
• Unión Europea, Reglamento (UE) 2016/399, Código de Fronteras Schengen, y Reglamento (UE) 2024/1717, que lo modifica (artículos 25 y 25 bis).
• La Moncloa, «Comunicado oficial del Gobierno de España», 7 de agosto de 2026 (el ultimátum previo; no cubre esta medida).

Los hechos de esta noticia —la decisión, sus fechas y su alcance— se apoyan en una sola fuente, la agencia Europa Press (confianza alta), que a su vez los atribuye a fuentes gubernamentales sin identificar. No hay, al publicar, documento oficial español que los acredite.