El Gobierno de España ha puesto fecha a su paciencia con Italia: si Roma no retira antes de que acabe el domingo 9 de agosto de 2026 los controles que aplica a los viajeros españoles, «España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos». Así lo advirtió Moncloa el viernes 7 de agosto en un comunicado oficial del Gobierno, difundido por Presidencia del Gobierno y recogido a las 13.24 hora peninsular (11.24 UTC) por Europa Press. El texto no detalla en qué consistirían esas medidas.

Poco más de tres horas después, la respuesta italiana llegó en sentido contrario: «Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras». Lo dijo la oficina de la primera ministra, Giorgia Meloni —el Palazzo Chigi, sede del Gobierno italiano—, en un comunicado recogido por Europa Press. Roma no revisará su decisión, dice, hasta el 15 de agosto como pronto.

Lo que reprocha España

El comunicado de Moncloa fecha el 1 de agosto la reintroducción por Italia de «los controles en frontera con España» —el Gobierno de Meloni la había anunciado el 31 de julio— y sostiene que ha afectado «a la movilidad de miles de pasajeros», generando «inseguridad jurídica en pleno periodo estival». La medida, añade, no tiene «precedentes en la historia reciente» y se adoptó «sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad». Conclusión del Ejecutivo español: es «injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española».

El grueso del texto es una lista de cinco reproches. Dos se refieren a Ceuta: que ninguno de los migrantes que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma «pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen» —el área de 29 países europeos que suprimieron los controles en sus fronteras interiores— porque Ceuta «tiene un régimen especial en el mismo», y que «la práctica totalidad» de esas personas «ya han retornado a Marruecos». Lo primero coincide con lo que sostuvo la Comisión Europea el 31 de julio: por el artículo 41 del Código de Fronteras Schengen, quien sale de Ceuta o Melilla hacia la península u otro Estado miembro pasa un control de frontera exterior. Lo segundo tiene respaldo en cifras oficiales previas: Interior contabilizó 48.300 retornos a Marruecos hasta las 18.00 del 31 de julio y el ministro Fernando Grande-Marlaska cifró el 4 de agosto en 72.000 las entradas y en unas 70.000 las salidas de la ciudad.

Los otros tres apuntan al historial italiano: que Italia es, «según Frontex» —la agencia europea de la guardia de fronteras y costas—, «el Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España»; que desde 2022 «no cumple el Reglamento de Dublín», la norma que fija qué país de la UE debe tramitar cada solicitud de asilo; y que España, pese a ello, «nunca ha introducido controles para Italia» y acogió parte de los migrantes llegados a Lampedusa en 2023. Son afirmaciones del propio Gobierno español: el comunicado no enlaza los datos de Frontex en los que dice apoyarse, y esta redacción no los ha verificado de forma independiente. La misma comparación —«la mitad» de entradas irregulares que Italia en cinco años— ya la usó Pedro Sánchez en su carta del 1 de agosto a Bruselas.

El comunicado se cierra con un reproche directo, sin nombrar a nadie: los gobiernos «están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas».

La respuesta de Roma

Europa Press difundió la respuesta italiana a las 16.44 hora peninsular (14.44 UTC), y en ella el Palazzo Chigi no mueve un milímetro su posición. No reconsiderará la suspensión «hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia», y marca el 15 de agosto solo como fecha tentativa. «Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido», reza el comunicado italiano.

Esa fecha no es arbitraria: el 15 de agosto es el día que fijan los mensajes que circulan en WhatsApp, Facebook e Instagram para un nuevo cruce masivo desde Marruecos a Ceuta, documentados por el equipo de verificación Maldita.es. Que una convocatoria circule por redes no garantiza que se materialice; el Gobierno italiano la convierte, de facto, en la condición de su calendario.

Roma acompañó el rechazo de dos gestos. Uno diplomático: la respuesta «no menoscaba la relación con un país amigo como España» y su Gobierno sigue dispuesto «a continuar un diálogo constructivo con el Gobierno de Madrid». Otro que contradice de frente el motivo del ultimátum: las autoridades fronterizas italianas «harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por la reintroducción de los controles en las fronteras aéreas y marítimas». Donde Moncloa cuenta «miles de pasajeros» con la movilidad afectada, el Palazzo Chigi asegura que ningún ciudadano español o europeo lo está. Ninguno de los dos gobiernos ha publicado datos de esperas, vuelos o pasajeros que permitan dirimir quién tiene razón.

El comunicado italiano no aparecía, en el momento de publicar esta noticia, en las secciones de notas del Presidente y del Gobierno de governo.it, la web oficial del Ejecutivo italiano; sus citas proceden de la transcripción de Europa Press y no de la fuente primaria.

El origen: la crisis de Ceuta

El pulso arranca en la entrada masiva de migrantes a Ceuta del 30 de julio de 2026 y en la suspensión temporal de Schengen con España que Italia anunció al día siguiente, a la que sumaron reproches los gobiernos de la República Checa, Finlandia, Dinamarca y Polonia, entre otros. España llamó a consultas al embajador italiano, Giuseppe Buccino Grimaldi, y Sánchez pidió una reunión urgente de ministros del Interior de los Veintisiete. La Comisión Europea rechazó entonces expulsar a España del espacio Schengen —«no se ha observado ningún movimiento desde Ceuta hacia la España peninsular ni hacia otros Estados miembros»— y, tras la reunión de ministros del Interior del 4 de agosto, puso sobre la mesa un plan de cinco puntos. Una semana después, ninguna de las dos capitales ha movido su posición pública.

Fuentes

• La Moncloa, «Comunicado oficial del Gobierno de España», 7 de agosto de 2026 (documento primario del ultimátum).
• Europa Press, «España da un ultimatún a Italia para eliminar los controles en Schengen que amenazan el turismo estival», 7 de agosto de 2026, 13.24 hora peninsular (11.24 UTC).
• Europa Press, «Italia responde a España que no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto», 7 de agosto de 2026, 16.44 hora peninsular (14.44 UTC).

La posición española está acreditada por su documento primario. La respuesta italiana se apoya en una sola fuente, la agencia Europa Press: el comunicado del Palazzo Chigi no se ha localizado publicado en la web del Gobierno de Italia. Las cifras que ambos gobiernos se atribuyen sobre migración no están verificadas de forma independiente por esta redacción.