El Consejo de Ministros aprueba desde 2025 acuerdos de gasto militar por un importe medio anual de 4.750 millones de euros, seis veces y media más que los 730 millones de media que aprobó entre 2013 y 2024 —un 550,7% más—. Lo sostiene el estudio «España | Así está cambiando el gasto en defensa», que BBVA Research, el servicio de estudios del banco, publicó el lunes 17 de agosto de 2026 y firman las economistas Carmen Pelayo Fernández y Virginia Pou. España, escriben, «parece haber entrado en un nuevo ciclo inversor de carácter estructural».

Conviene fijar qué mide esa cifra, porque no es el presupuesto de Defensa. Los 4.750 millones son el dinero que el Consejo de Ministros compromete al aprobar programas, autorizaciones de gasto plurianual y contrataciones militares: una foto de las decisiones políticas, tomada meses o años antes de que el dinero salga de caja. El gasto militar español que la OTAN contabiliza es varias veces mayor —el propio informe da por alcanzado en 2025 el umbral del 2% del producto interior bruto (PIB, el valor de todo lo que produce el país en un año) fijado por la Alianza—. Los autores tampoco desglosan públicamente por qué hablan de «importe medio anual» dentro de un solo ejercicio.

Un indicador construido con 26.000 acuerdos

La gracia del trabajo está en el método, y en el problema que intenta resolver: las estadísticas oficiales de gasto —Presupuestos Generales del Estado, Contabilidad Nacional, cifras de la OTAN— llegan con meses de retraso y con metodologías distintas entre sí. «Cuando un Gobierno decide adquirir una fragata, un sistema antimisiles o una flota de helicópteros, la decisión política se produce meses, e incluso años, antes de que el gasto quede reflejado en las cuentas públicas», escriben Pelayo y Pou.

Para adelantarse a ese retraso, BBVA Research ha rastreado con técnicas de análisis masivo de datos y de inteligencia artificial más de 26.000 acuerdos publicados en las referencias del Consejo de Ministros desde 2013: el sistema separa cuáles son de defensa, descarta el resto y clasifica cada actuación según la capacidad militar afectada. El resultado, advierten los propios autores, «no sustituye a las estadísticas oficiales ni mide la ejecución presupuestaria»; es un indicador de alta frecuencia, es decir, una medición que se actualiza casi en tiempo real. El detalle metodológico está en una nota aparte de julio de 2026, «Big Data e IA para analizar la política de defensa», que el estudio cita al pie.

Ya no son solo los grandes programas

Tan revelador como el volumen es el reparto. El aumento no responde únicamente a grandes programas de modernización, como en años anteriores, sino que «se reparte entre prácticamente todas las categorías de inversión del espectro militar»: sistemas de armas, capacidades aéreas, infraestructuras, ciberdefensa, I+D, logística o munición. «Todo apunta a un proceso amplio de modernización de las Fuerzas Armadas», concluyen.

Las licitaciones —los concursos públicos con los que la Administración compra— confirman que esas decisiones acaban en contratos firmados. Desde mediados de 2025 se han adjudicado en promedio casi 2.000 millones de euros, «niveles históricamente elevados», con el peso concentrado en la compra de equipamiento militar, aunque también crecen los servicios de mantenimiento, software y comunicaciones.

Quince empresas, cuatro polos industriales

El dinero llega a pocas manos y a pocos sitios. Las quince mayores empresas adjudicatarias —las que se llevan los contratos— acaparan el 43% del importe total contratado en 2025, y la actividad se concentra en «unos pocos polos tecnológicos»: Madrid, Sevilla, Albacete y Asturias reúnen buena parte del diseño, la fabricación y la integración de los principales programas. El estudio no publica los nombres de esas quince empresas.

También cambia el mapa según la rama. Las capacidades terrestres y navales «descansan principalmente sobre fabricantes nacionales», mientras que los grandes programas aeronáuticos tienen «un grado mucho mayor de cooperación con socios europeos», con el Eurofighter como ejemplo. Es precisamente la aeronáutica la que agrupa el grueso de las exportaciones españolas de defensa, cuyo principal mercado es la propia Unión Europea.

Contexto

El giro que describe el estudio encaja con lo que el Ministerio de Defensa lleva meses anunciando: el 29 de julio de 2026 presentó 15 nuevos Programas Especiales de Modernización, que elevaron su cartera de 79 a 95 programas en curso y que se suman a los 35 del plan de 2025, con un techo de gasto conjunto de 34.000 millones de euros hasta 2042. También entonces el ministerio dio por cumplido el 2% del PIB en 2025.

Una advertencia sobre la fuente: BBVA Research es el servicio de estudios de un banco cotizado, no un organismo público independiente ni un auditor del gasto. Sus cifras no son estadística oficial y su propio informe lo dice. El lector puede leer el análisis completo en el enlace de abajo y juzgar por sí mismo.

Fuentes

• BBVA Research, «España | Así está cambiando el gasto en defensa» (17 de agosto de 2026), de Carmen Pelayo Fernández y Virginia Pou — documento primario, consultado el 18 de agosto de 2026.
• Europa Press, «España dispara su gasto en defensa hasta 4.750 millones en 2025, con casi la mitad concentrada en 15 empresas» (18 de agosto de 2026, 12:12 hora peninsular), que dio a conocer el informe.

Nota de transparencia: esta pieza se apoya en un solo origen de los datos —el estudio de BBVA Research—, verificado por esta redacción directamente contra el documento original, no solo contra el teletipo que lo difundió. No existe por ahora una fuente independiente que confirme sus cálculos, así que todas las cifras quedan atribuidas a BBVA Research. El titular y la entradilla se apartan deliberadamente del enfoque del teletipo, que presenta los 4.750 millones como «el gasto en defensa» de España: son el importe de los acuerdos del Consejo de Ministros, no el presupuesto militar del país.