La flota estaba a la vista de todos. Barcos de pesca con base en Manta, en la costa central de Ecuador, faenando con apariencia de negocio legal y repostando combustible subvencionado por el Estado. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ese combustible no siempre iba al atún: servía para repostar en alta mar a las lanchas rápidas cargadas de cocaína que suben hacia México por el Pacífico oriental.

Con esa acusación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, el organismo del Tesoro que administra las sanciones económicas estadounidenses) designó el 20 de agosto de 2026 a quince objetivos con sede en Ecuador —ocho personas y siete empresas— y declaró «bienes bloqueados» diez embarcaciones pesqueras. Designar significa que todo lo que esos nombres tengan en Estados Unidos, o en manos de personas o empresas estadounidenses, queda congelado, y que operar con ellos expone a sanciones a cualquier banco extranjero que lo haga.

Repostaje, comida y vigilancia en alta mar

El comunicado describe un servicio logístico más que un transporte. Los pesqueros, dice la OFAC, actúan «bajo la apariencia de empresas pesqueras legítimas» y se citan con las lanchas —las llamadas go-fast, embarcaciones pequeñas y muy rápidas— en puntos acordados de la ruta para darles combustible, comida y asistencia médica, además de vigilar la presencia de buques policiales y militares. Uno de los barcos, el Todos Vuelven, transportaría además cocaína por toneladas, según el Tesoro. Los otros nueve bloqueados son el Arca de Noé III, el Arca de Noé III Jr, el Arca de Noé IV, el Arca de Noé V, el Conquista, el Siempre Mi Arca, el Rey de Arca, el Costa Marlín y el Solo es Mejor.

En el centro de la lista está una empresa familiar, Arcasdenoe, S.A. El Tesoro sostiene que Alfonso Mero Mero y sus hijos Roberth Alfonso y Edwar Alexis Mero Arcentales son «responsables del contrabando de miles de kilogramos de cocaína» y prestan el servicio de repostaje; a Edwar Mero Arcentales le atribuye además coordinarse con la banda ecuatoriana Los Choneros. Completan la lista de personas Julio Javier Mero Franco, Milton Edixon Martínez Mendoza, Jhonny Francisco Vera Laz, Byron Aldino Mero Bermello y Jimmy Leonidas Alarcón Holguín, propietario de las otras seis empresas sancionadas: Alho Fish, Globaldistrial, JAH-HMH, Negocios Jimar, Proyectos Neyzoa y Soisamar. Todas son pesqueras salvo Globaldistrial, dedicada según el propio comunicado al comercio de materiales de construcción.

Ninguno de los señalados ha sido condenado por estos hechos: las designaciones de la OFAC son actos administrativos que no requieren juicio ni sentencia, y las acusaciones proceden en su totalidad del Gobierno estadounidense. No consta reacción pública de las personas y empresas afectadas. Todas las designaciones se apoyan en la orden ejecutiva 14059, la que Washington usa contra la proliferación internacional de drogas ilícitas, y tres de ellas —Mero Franco, Martínez Mendoza y Vera Laz— también en la 13224, la norma antiterrorista vigente desde 2001.

Una cifra que pide contexto

El Tesoro atribuye a uno solo de los sancionados, Julio Mero Franco, la coordinación de «entre 30 y 40 toneladas de cocaína al mes» desde Ecuador hacia Centroamérica y México. El propio comunicado ofrece una vara de medir: la operación Pacific Viper, la campaña antidroga que la Guardia Costera estadounidense lanzó en agosto de 2025 en ese mismo corredor del Pacífico, se había incautado hasta junio de 2026 de «más de 225.000 libras» de cocaína —unas 102 toneladas métricas; el Tesoro las cuenta como 112 toneladas cortas estadounidenses—. Son menos de diez toneladas al mes de media para todo el dispositivo. Es decir, Washington atribuye a un único operador entre tres y cuatro veces más droga de la que intercepta en ese corredor. El comunicado no explica cómo calcula la cifra ni a qué periodo corresponde.

Ecuador, plataforma de salida

La acción se enmarca en la ofensiva que la Administración de Donald Trump mantiene contra las organizaciones del narcotráfico en el hemisferio. El Departamento de Estado designó a Los Choneros y a Los Lobos organizaciones terroristas extranjeras el 4 de septiembre de 2025 —una etiqueta del derecho estadounidense que permite congelar activos y perseguir penalmente a quien les preste apoyo material—, después de que el Tesoro ya los hubiera sancionado en febrero y junio de 2024. Al Cártel de Jalisco Nueva Generación le colgó la misma etiqueta el 20 de febrero de 2025; a principios de agosto de 2026, Washington ofreció recompensas de hasta 102 millones de dólares por ocho de sus líderes y activó en Florida una fuerza operativa conjunta con 18 países contra el crimen organizado. El líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, fue detenido en España el 16 de noviembre de 2025, recuerda el propio Tesoro.

La pesca ecuatoriana como tapadera tampoco es novedad para las autoridades españolas: la Guardia Civil cerró el 5 de agosto de 2026 la operación Mondragón con 43 detenidos y 21 toneladas de cocaína intervenidas en contenedores procedentes, sobre todo, del puerto de Guayaquil.

«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está combatiendo sin descanso a las redes narcoterroristas que se lucran envenenando a estadounidenses», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.

Fuentes

• Departamento del Tesoro de Estados Unidos, «Treasury Sanctions Major Ecuador-Based Cocaine Network Linked to Violent Gangs and Mexican Cartels» (20 de agosto de 2026) — documento primario.
• OFAC, lista de designados del 20 de agosto de 2026.
• Europa Press, «EEUU sanciona a “15 objetivos” en Ecuador que vincula al narcotráfico y al crimen organizado en Ecuador y México» (21 de agosto de 2026), que dio la noticia en español.