Once de los doce hombres detenidos por la emboscada a pedradas contra una patrulla militar en Benzú ya tienen condena, y no la van a cumplir en una cárcel española. El Juzgado de lo Penal de Ceuta les impuso el viernes 28 de agosto de 2026 dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y sustituyó esa pena por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de volver a España durante cinco años. Los once, todos de nacionalidad marroquí, reconocieron los hechos y aceptaron la pena que habían pactado la Fiscalía y sus defensas: eso permitió resolverlo en una vista de conformidad —el acuerdo que evita el juicio— al día siguiente del ataque.

El ataque es el que esta redacción contó el jueves 27: doce detenidos tras apedrear a cuatro militares en Benzú, a las cinco y media de la madrugada, en el extremo noroeste de la ciudad autónoma.

De dos años de cárcel a cinco sin poder volver

La sustitución no es una concesión del juzgado: es lo que ordena el artículo 89 del Código Penal, según el cual «las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español», salvo que la expulsión resulte desproporcionada por las circunstancias personales del condenado, en particular su arraigo en España. El mismo artículo fija que el expulsado no podrá regresar «en un plazo de cinco a diez años»: los cinco años que se han impuesto aquí son el mínimo de la horquilla legal. Si alguno volviera antes de ese plazo tendría que cumplir la pena sustituida; si lo sorprenden en la frontera, será expulsado de nuevo y el plazo empezará a contar otra vez desde cero.

El delito por el que se les condena, el atentado, castiga a quien agrede o se resiste con violencia grave a la autoridad, a sus agentes o a funcionarios públicos que están ejerciendo su cargo.

La expulsión no se quedó sobre el papel: el juzgado ordenó ejecutarla de inmediato, según fuentes judiciales citadas por El Faro de Ceuta, el diario local que adelantó la resolución a las 15.48 del viernes (13.48 UTC), y el mismo extremo recoge El Pueblo de Ceuta. Una precisión: los titulares que circularon esa tarde —también el de Europa Press— dieron a los once por «expulsados a Marruecos», pero lo que consta en las tres informaciones es la orden judicial de expulsión y de su ejecución inmediata. Esta redacción no ha podido confirmar de forma independiente que la salida material se haya consumado, ni ha tenido acceso a la sentencia.

El duodécimo, en prisión y a la espera de juicio

El caso del duodécimo detenido va por otro camino. Rechazó el acuerdo que le planteó la Fiscalía, negó haber participado en la agresión y declaró ante el juez que estaba durmiendo cuando se produjo la intervención policial. Al no haber conformidad, el juzgado acordó su ingreso en prisión provisional mientras sigue la tramitación del procedimiento y se fija fecha de juicio. No hay condena contra él: está acusado y le ampara la presunción de inocencia.

Lo que la sentencia da por probado

Según los hechos que recoge la resolución, tal como los describen Europa Press y El Pueblo de Ceuta, los acusados formaban parte de un grupo de migrantes en situación irregular que se encontraba en las inmediaciones de Benzú y que había preparado una acción contra los vehículos que pasaran por la zona. El que pasó fue el de una patrulla del Grupo de Regulares. Contra él lanzaron piedras, y cuatro militares acabaron heridos «de diversa consideración». El operativo posterior de la Policía Nacional y la Guardia Civil terminó con doce detenidos.

Hazte Oír pide a Defensa que investigue la protección de la patrulla

La condena se conoció el mismo día en que la asociación Hazte Oír presentó ante el Ministerio de Defensa una denuncia administrativa por la posible desprotección de los cuatro militares atacados, según El Faro de Ceuta y El Pueblo de Ceuta. La asociación pide que se abran actuaciones previas para aclarar la cadena de mando, la evaluación de riesgos, las órdenes recibidas y los medios de protección de que disponía la patrulla, así como el trato que se dio a las advertencias formuladas antes del ataque; reclama además que se conserven las pruebas y que se revisen los protocolos de las patrullas desplegadas en zonas de tensión. Es la segunda iniciativa judicial o administrativa de esta organización en torno a la crisis ceutí: el 4 de agosto presentó una querella en la Audiencia Nacional por la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

La queja por la protección de las dotaciones militares no es nueva. El mismo día del ataque, la Unión de Militares de Tropa y la Asociación de Tropa y Marinería Española denunciaron que los militares patrullaban sin armas ni medios adecuados y reclamaron a Defensa una revisión urgente de los protocolos.

Contexto: una ciudad bajo mando único

Ceuta está declarada desde el 25 de agosto situación de interés para la seguridad nacional, con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente de un mando único, después de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. La presión sobre los juzgados de la ciudad ha sido una de las consecuencias: el 28 de agosto el Consejo General del Poder Judicial designó a un magistrado de refuerzo para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.

Esta pieza descansa en una única agencia de confianza alta, Europa Press, y en dos diarios ceutíes, El Faro de Ceuta y El Pueblo de Ceuta, que citan la sentencia y fuentes judiciales. Ninguno de los tres publica el texto de la resolución, y esta redacción no ha tenido acceso directo a ella.

Fuentes

• Europa Press: «Expulsados a Marruecos once de los doce detenidos por el ataque a militares en Ceuta», 28 de agosto de 2026, 18.54 CEST, actualizado a las 19.12.
• El Faro de Ceuta: «Once de los 12 detenidos por la emboscada a militares en Ceuta, expulsados a Marruecos», firmada por Carmen Echarri, 28 de agosto de 2026, 15.48 CEST — primera publicación conocida.
• El Pueblo de Ceuta: «Once de los doce detenidos por el ataque a militares, expulsados a Marruecos», 28 de agosto de 2026, 17.32 CEST.
• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, texto consolidado: artículo 89 (sustitución de la pena de prisión por expulsión) y artículo 550 (delito de atentado).