El Gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, notificó formalmente el viernes 24 de julio de 2026 al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión «firme e irrevocable» de abandonar el Estatuto de Roma, el tratado de 1998 que creó la Corte Penal Internacional (CPI, que Caracas y parte de la prensa llaman Tribunal Penal Internacional). Lo informó Europa Press a las 21.15 hora peninsular española a partir del mensaje que el ministro de Exteriores, Félix Plasencia González, publicó en redes sociales. Es la única fuente que sostiene por ahora la noticia.

Plasencia justificó la salida por un «sesgo geográfico demostrado» del tribunal, que a su juicio ha concentrado su labor «de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur global». Ese patrón, añadió, revela «una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos». Caracas rechaza así una «dimensión de lawfare» —el uso de los tribunales como arma política— que, sostiene, «perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano». Son afirmaciones del Gobierno venezolano sobre el tribunal, no hechos acreditados.

Un año de plazo, y las obligaciones no se borran

La decisión se acoge al artículo 127 del Estatuto, que el tratado llama «denuncia»: el término jurídico con el que un Estado se desliga de un acuerdo internacional. Su texto oficial en español, publicado en el BOE, y el del propio tribunal dicen lo mismo en dos puntos que acotan el alcance del anuncio:

• No es inmediata. «La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior». Si el depositario recibió la notificación el 24 de julio de 2026, Venezuela seguirá siendo Estado parte hasta el 24 de julio de 2027.
• No borra el pasado. La denuncia «no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran (…) mientras era parte», no impide la cooperación en investigaciones «iniciadas antes de la fecha en que la denuncia surta efecto» y «tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí» antes de esa fecha.

Hay un precedente que muestra cómo funciona eso en la práctica. Filipinas notificó su retirada el 17 de marzo de 2018 y dejó de ser Estado parte un año después. La Corte mantiene abierta la investigación sobre la campaña llamada «guerra contra las drogas» y precisa que su competencia cubre lo ocurrido en el país entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, el último día de Filipinas como Estado parte.

La investigación sobre Venezuela lleva abierta desde 2021

El tribunal investiga a Venezuela desde hace casi cinco años. Según la ficha oficial de la situación Venezuela I (referencia ICC-02/18), seis Estados —Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú— remitieron el caso a la Fiscalía el 27 de septiembre de 2018 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde febrero de 2014. En 2020 la Fiscalía concluyó que había base razonable para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, «en particular en el contexto de las detenciones», desde al menos abril de 2017, y el 3 de noviembre de 2021 abrió formalmente la investigación.

Caracas intentó frenarla. En abril de 2022 pidió que la Corte cediera el caso a la justicia venezolana, un mecanismo que prevé el artículo 18 del Estatuto. La Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó reanudar la investigación el 27 de junio de 2023 y la Sala de Apelaciones rechazó el recurso venezolano el 1 de marzo de 2024. Después llegaron dos remisiones más: Uruguay, el 6 de septiembre de 2024, y Ecuador, el 9 de enero de 2025.

La competencia del tribunal sobre el país arranca del 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto: Venezuela lo firmó el 14 de octubre de 1998 y depositó su instrumento de ratificación el 7 de junio de 2000, según la ficha del tratado que mantiene el secretario general de la ONU como depositario.

El «sesgo geográfico», en cifras

La Corte publica su propio inventario de casos, y permite contrastar el argumento de Caracas. De las 18 situaciones bajo investigación, 13 siguen abiertas y 5 están cerradas. Entre las 13 abiertas hay seis países africanos —República Democrática del Congo, Darfur (Sudán), Libia, Costa de Marfil, Malí y Burundi—, cuatro asuntos asiáticos o de Oriente Próximo —Bangladés/Birmania, Afganistán, el Estado de Palestina y Filipinas—, dos europeos —Ucrania y la situación remitida por Lituania sobre Bielorrusia— y uno latinoamericano: Venezuela. Las cinco cerradas son Uganda, República Centroafricana (dos situaciones), Kenia y Georgia.

Venezuela tampoco es el único país que se marcha, ni el primero. En la lista de denuncias del artículo 127 que publica el depositario figuran Burundi, cuya salida se consumó el 27 de octubre de 2017, y Filipinas. En junio de 2026 se sumaron tres Estados del Sahel: Níger notificó su retirada el 18 de junio y Burkina Faso y Malí el 24 de junio; las tres serán efectivas en 2027. En sentido contrario, Sudáfrica, Gambia y Hungría anunciaron su salida y luego retiraron la notificación: la de Hungría se revocó el 29 de mayo de 2026.

A las 22.10 UTC del 24 de julio, esa lista oficial de denuncias no incluía todavía a Venezuela. El depositario publica una notificación numerada (una «C.N.») por cada retirada, y la venezolana aún no constaba.

«Ningún Estado puede usar su retirada como escudo»

La directora de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, respondió que la medida «no borra sus obligaciones ni pone fin a la búsqueda de justicia» y que «ningún Estado puede utilizar su retirada del TPI como un escudo contra la justicia». La organización la considera «otra señal alarmante del rechazo continuo del Gobierno venezolano al escrutinio internacional» y sostiene que «las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación», en declaraciones recogidas por Europa Press.

El anuncio venía de diciembre

La notificación cierra un movimiento que empezó hace siete meses. El 11 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma, según informó entonces Europa Press. Su presidente, Jorge Rodríguez, la justificó por la inacción del tribunal ante el «genocidio» del pueblo palestino y por su silencio sobre los bombardeos estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Aquella votación llegó después de que la Corte cerrara su oficina en Caracas por falta de «progreso real» con el Gobierno venezolano, entonces presidido por Nicolás Maduro, si bien la investigación sobre el país «permanece activa».

La marcha de Venezuela coincide con una crisis en la cúpula del tribunal: ese mismo 24 de julio, las agencias dieron por destituido a su fiscal jefe, el británico Karim Khan, sin que la Corte lo confirmara oficialmente.

Fuentes

• Europa Press, «Venezuela notifica formalmente su retirada del Estatuto de Roma e inicia su salida “definitiva” del TPI», 24 de julio de 2026 (única fuente del anuncio).
• Estatuto de Roma, artículo 127, texto oficial en español (BOE-A-2002-10139) y texto publicado por la Corte Penal Internacional.
• Corte Penal Internacional, situación Venezuela I (ICC-02/18) y situaciones bajo investigación.
• Naciones Unidas, estado del Estatuto de Roma como depositario (capítulo XVIII.10), consultado el 24 de julio de 2026 a las 22.10 UTC.
• Europa Press, «La Asamblea Nacional venezolana aprueba una ley para derogar la adhesión de Caracas al Estatuto de Roma», 11 de diciembre de 2025.