La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI, que El País y otros medios llaman Tribunal Penal Internacional) —los 125 países que han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado adoptado en 1998 que creó el tribunal, en funcionamiento desde 2002— se reunió el viernes 24 de julio de 2026 en la sede de la ONU en Nueva York para decidir sobre su fiscal jefe, el jurista británico Karim Khan, de 56 años. La sesión empezó a las 14.00 UTC con un breve plenario público y siguió a puerta cerrada, según elDiario.es. Lo que ocurrió después no consta en ningún documento público: todo lo que se sabe del resultado procede de agencias que citan fuentes sin identificar.

Y esas agencias no dicen exactamente lo mismo. El País publica que la destitución salió adelante con 82 votos a favor de los 125, un dato que atribuye a un adelanto de Reuters basado en dos fuentes anónimas. elDiario.es, con información de EFE, no da cifra alguna: habla de «una amplia mayoría» según «fuentes familiarizadas con el resultado» y atribuye la información a «diversos medios internacionales». Ninguno de los dos periódicos ha visto un acta.

El listón lo fija el propio tratado. El artículo 46 del Estatuto de Roma, en el texto oficial en español publicado en el BOE, establece que la separación del cargo del fiscal la adopta la Asamblea de los Estados Partes «en votación secreta» y «por mayoría absoluta de los Estados Partes»: 63 de 125. Sería la primera vez que se aplica a un fiscal jefe en los 24 años de actividad del tribunal.

A las 20.00 UTC del 24 de julio, la página de comunicados de la Asamblea no recogía ninguna nota sobre la votación —el último publicado ahí es del 17 de julio— y tampoco figuraba nada en el canal de noticias de la Corte. Es decir: la destitución no ha sido anunciada oficialmente.

Lo que sí consta en documentos oficiales

El expediente disciplinario contra Khan sí ha dejado rastro público, y conviene separarlo del resultado de este viernes:

• El 11 de diciembre de 2025, la presidencia de la Asamblea recibió el informe de investigación de la OIOS, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, el órgano que audita e investiga dentro de Naciones Unidas, y lo remitió a un panel de expertos judiciales (comunicado).
• El 9 de marzo de 2026 llegaron las conclusiones de ese panel, encargado de calificar jurídicamente los hechos que la OIOS había dado por establecidos (comunicado).
• El 8 de junio de 2026, la Mesa de la Asamblea —su órgano ejecutivo, con presidencia, dos vicepresidencias y 18 miembros— tomó una decisión sobre el procedimiento, lo remitió al conjunto de los Estados Partes, suspendió al fiscal de sus funciones con efecto inmediato y convocó la sesión especial (comunicado). La Mesa subrayó entonces que la suspensión no prejuzga el resultado final.

Los dos informes y la decisión de la Mesa son confidenciales y no se han hecho públicos. Que esa decisión fuese una recomendación de destituir es lo que publican El País y elDiario.es; el comunicado oficial no lo dice.

Ese mismo comunicado permite resolver una discrepancia entre ambos periódicos: elDiario.es atribuye la investigación de los hechos a la OIOS de la ONU y El País al Mecanismo de Supervisión Independiente de la propia Corte. El comunicado de la Mesa dice que su valoración se apoyó en el informe de una investigación realizada por la OIOS de la ONU, en las pruebas subyacentes, en el dictamen de un panel ad hoc de expertos judiciales y en las alegaciones escritas de las partes.

La acusación y la defensa de Khan

Una antigua colaboradora de Khan, abogada malasia que ha pedido ser identificada solo como «Sarah», denunció haber sufrido contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024, durante viajes oficiales y en dependencias vinculadas a la Fiscalía, según ambos periódicos. El viernes anterior, 17 de julio, tras dos años en el anonimato, dio su primera entrevista pública, a la cadena estadounidense CNN: describió «una progresión de intentos» y sostuvo que «no hay forma de que algo sea consentido cuando existe tal desequilibrio de poder», en la transcripción que recoge El País.

Sobre las pruebas, los dos peldaños del expediente aplicaron listones distintos. La investigación trabajó con el estándar civil del balance de probabilidades —basta con que algo sea más probable que su contrario— y concluyó que el material apuntaba a que hubo contacto sexual no consentido. El panel de tres expertos judiciales determinó por unanimidad que ese material no acredita la conducta denunciada «más allá de toda duda razonable», el listón exigente propio de los procesos penales; y precisó, según elDiario.es, que ello no significa que las acusaciones sean falsas.

Khan lo ha negado siempre: rechaza haber incurrido en conducta «inapropiada, no deseada o abusiva» y sostiene que existe una campaña para apartarlo del cargo. Tras conocerse el resultado, afirmó que el procedimiento vulneró sus derechos fundamentales y anunció que lo impugnará «por todas las vías legales disponibles», según El País. Sus abogados sostienen que nunca incurrió en conductas prohibidas, y el propio Khan había pedido la baja un mes antes de que la Mesa lo suspendiera, siempre según ese diario.

Un tribunal bajo presión de Washington

La votación llega con la Corte cercada por Estados Unidos, que no es Estado Parte y no reconoce su competencia sobre ciudadanos estadounidenses. En diciembre de 2025, la presidencia de la Asamblea denunció la sanción de dos jueces de la Sala de Apelaciones, que se sumaban a las nueve designaciones anteriores: once cargos electos sancionados (comunicado). El País precisa que son ocho jueces y tres fiscales, Khan incluido, y que el veto les alcanza hasta las tarjetas de crédito y cualquier reserva de viaje. El 13 de julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó un artículo en el Wall Street Journal en el que anunciaba que «desmantelaremos el TPI ladrillo a ladrillo, si es necesario», según la cita que reproduce El País.

Las sanciones siguieron a las órdenes de detención dictadas por los jueces del tribunal, a instancias de la Fiscalía, contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu —que esta semana ordenó reforzar el despliegue militar en Cisjordania—, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. Khan las pidió en mayo de 2024 y liga esa petición a la campaña que dice sufrir. elDiario.es apunta que su salida no cerraría automáticamente la investigación sobre Palestina, abierta por su predecesora, la gambiana Fatou Bensouda. Países Bajos, país anfitrión de la Corte, adelantó que votaría a favor del cese porque el fiscal debe ser persona de «alta integridad moral», según el mismo diario.

Qué no está verificado

• Que la Asamblea haya aprobado formalmente la destitución: no hay anuncio oficial, acta ni resolución pública.
• El recuento: los 82 votos proceden de dos fuentes anónimas citadas por Reuters, y la otra versión disponible solo dice «amplia mayoría».
• El contenido de los informes de la OIOS y del panel, y el de la decisión de la Mesa del 8 de junio: son confidenciales.

Khan no ha sido juzgado por estos hechos ni condenado por ningún tribunal: el procedimiento descrito es disciplinario, no penal.

Fuentes

• El País: «El Tribunal Penal Internacional destituye a su fiscal jefe por conducta sexual inapropiada» (24 de julio de 2026, 19.57 CEST).
• elDiario.es: «El fiscal de la Corte Penal Internacional, destituido de su cargo tras las acusaciones de conducta sexual indebida» (24 de julio de 2026, 21.10 CEST, con información de EFE).
• Asamblea de los Estados Partes: comunicados oficiales del 12 y el 18 de diciembre de 2025, el 10 de marzo de 2026 y el 8 de junio de 2026, enlazados uno a uno en el texto.
• Estatuto de Roma, artículo 46: texto oficial en español publicado en el BOE y versión inglesa de la Corte.
• Lista oficial de Estados Partes (125 países) y canal de noticias de la Corte, consultados el 24 de julio de 2026 a las 20.00 UTC.

Los dos medios que informan del resultado remiten al mismo origen último — agencias internacionales con fuentes anónimas— y no son independientes entre sí en este punto. Los documentos de la Asamblea y el Estatuto de Roma acreditan el procedimiento y sus fechas, no el desenlace de la votación. Esta noticia se actualizará si la Corte o la Asamblea publican el resultado oficial.