PP y Vox pactan excluir de ayudas valencianas a migrantes en situación irregular
Los dos grupos registraron el viernes 24 de julio de 2026 en Les Corts Valencianes unas enmiendas a la ley que acompaña a los presupuestos: dejan a las personas en situación administrativa irregular fuera de las prestaciones y servicios sociales «de carácter estructural», salvo urgencia vital, y elevan de 15 meses a tres años el empadronamiento exigido para cobrar la renta valenciana de inclusión. La ley se vota el viernes 31 de julio.
PP y Vox registraron el viernes 24 de julio de 2026, a última hora de la tarde, un paquete de enmiendas transaccionales —las que los grupos pactan entre sí para votarlas juntos— a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, la norma de medidas fiscales y de organización que cada año viaja pegada a las cuentas y modifica de golpe decenas de leyes autonómicas.
La enmienda central ordena al Consell —el gobierno valenciano— desarrollar por reglamento el principio de «prioridad nacional», y le marca qué debe contener ese reglamento «en todo caso». Entre otras cosas, «la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico».
Las enmiendas llevan la firma de los síndics —los portavoces de los grupos en la cámara— Nando Pastor, del PP, y José María Llanos, de Vox.
Qué dice el texto pactado
El acuerdo introduce en la Ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, como principio general y transversal, que «se procurará la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable», con el objetivo declarado de «asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante al territorio».
A partir de ahí, el Consell queda obligado a aprobar las disposiciones reglamentarias que fijen las condiciones de acceso a «todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» inspiradas en la prioridad nacional. Ese reglamento deberá establecer un «periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio» y vincular el acceso «a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema», además de la exclusión ya citada.
El texto no define qué prestaciones son «de carácter estructural» ni qué cuenta como «urgencia vital»: las dos fronteras quedan en manos del reglamento que debe redactar el propio Consell.
Tres años de padrón para la renta valenciana de inclusión
Otra enmienda conjunta endurece el acceso a la renta valenciana de inclusión, la renta mínima autonómica creada por la Ley 19/2017 para hogares sin ingresos suficientes. El requisito de residencia habitual pasa a considerarse cumplido con el empadronamiento en cualquier municipio valenciano durante tres años continuados inmediatamente anteriores a la solicitud, o diez años dentro de los treinta anteriores, seguidos o interrumpidos.
La comparación con el punto de partida da la medida del giro: el texto que PP y Vox habían pactado en abril de 2026 exigía 15 meses continuados, o cinco años dentro de los diez anteriores, según La Vanguardia, que informó de aquel acuerdo. El plazo continuado se multiplica por 2,4 en tres meses.
Las rentas autonómicas de este tipo conviven con el ingreso mínimo vital estatal y se solapan a menudo con él: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calculó que en 2024 la mitad de los hogares con ingreso mínimo vital cobró alguna otra ayuda pública.
Rostro descubierto en la administración y comedores escolares
El paquete incluye otras dos medidas que Europa Press enmarca en el mismo pacto. La primera añade a las obligaciones de los funcionarios valencianos «mantener el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que lo oculten sustancialmente», con la excepción de la prescripción médico-sanitaria y de la normativa de riesgos laborales; incumplirlo pasa a ser falta grave. En la misma línea, llevar «prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, impidiendo su identificación visual o reconocimiento facial» se convierte en «razón objetiva de denegación de acceso y permanencia» en establecimientos públicos. Europa Press titula ese bloque de enmiendas como una limitación del uso del burka y el nicab.
La segunda obliga a los comedores escolares a «garantizar la igualdad» en los alimentos que sirven al alumnado, «salvo que por razones médicas deban ofrecerse alternativas».
Calendario: comisión el lunes, pleno el viernes
Las enmiendas se debaten en comisión el lunes 27 de julio y el pleno que debe aprobar la ley de acompañamiento está convocado para el viernes 31, con los votos de PP y Vox. Los mismos dos grupos habían sacado adelante el presupuesto valenciano de 2026 el miércoles 22 de julio, según La Vanguardia; aquellas cuentas ya incorporaban el principio de prioridad nacional que ahora se extiende a las leyes sociales.
El marco legal que rodea la decisión
La asistencia social es competencia de las comunidades autónomas por el artículo 148.1.20 de la Constitución, y la Generalitat regula la suya con la Ley 3/2019. Sobre ese margen se superpone una ley orgánica estatal: la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros establece en su artículo 14.3 que «los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas». La enmienda valenciana no habla de prestaciones básicas, sino «estructurales», y deja a salvo la urgencia vital; el contenido concreto de esa distinción dependerá del reglamento del Consell.
Reacciones
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, anunció que su grupo impulsará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento «y a todos los recortes de derechos pactados por PP y Vox». Sostuvo que «una vez más vemos cómo el PP se arrodilla ante Vox» y que «los valencianos no somos un pueblo racista ni xenófobo».
El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, describió las enmiendas como «un nuevo paso en la deriva racista y xenófoba contra las personas migrantes en la Comunitat Valenciana» y calificó la prioridad nacional de «apartheid institucionalizado». Ambos dirigentes atribuyeron el acuerdo a la dependencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), de los votos de Vox.
Ni Pastor ni Llanos difundieron valoraciones públicas de las enmiendas más allá del texto registrado, según las informaciones de Europa Press y La Vanguardia.
Nota sobre las fuentes
El texto íntegro de las enmiendas no estaba publicado en el Butlletí Oficial de Les Corts al cierre de esta información. Esta noticia se apoya en las citas literales reproducidas por Europa Press y La Vanguardia —que además publicó una imagen del texto pactado— y enlaza las leyes que las enmiendas modifican.
Fuentes
- Europa Press: «El desarrollo reglamentario de la ‘prioridad nacional’ excluirá de ayudas a personas en situación irregular» (24 de julio de 2026).
- La Vanguardia: «PP y Vox pactan en Valencia excluir de las ayudas a las personas en situación irregular» (24 de julio de 2026).
- Ley 3/2019, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana (texto consolidado, BOE).
- Ley 19/2017, de renta valenciana de inclusión (texto consolidado, BOE).
- Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (texto consolidado, BOE).