La mitad de los hogares con ingreso mínimo vital cobra otra prestación
La AIReF, el organismo público que evalúa el gasto del Estado, publicó el 23 de julio de 2026 su quinta y última evaluación del ingreso mínimo vital: en 2024 el 51 % de los hogares perceptores cobró alguna ayuda pública adicional y el 16 %, más de una. El 52 % de los hogares con derecho a la prestación sigue sin pedirla.
Uno de cada dos hogares que cobran el ingreso mínimo vital (IMV) —la prestación estatal de último recurso para quienes no llegan a un umbral de renta— recibe además otra ayuda pública a lo largo del año. Es el hallazgo central de la quinta y última Opinión sobre el IMV que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo público que vigila las cuentas del Estado y evalúa el gasto, publicó el 23 de julio de 2026.
Los datos de solapamiento son de 2024: el 51 % de los hogares perceptores cobró alguna prestación adicional y el 16 % cobró más de una. La AIReF no lo presenta como fraude —cada ayuda se percibe conforme a sus reglas—, sino como un problema de encaje: prestaciones distintas atendiendo la misma necesidad.
El subsidio de los mayores de 52 años, la ayuda que más se cruza
La prestación que más se complementa con el IMV es el subsidio por desempleo. El 16,6 % de los titulares del IMV lo cobra también durante los doce primeros meses de percepción, y el 17 % de los episodios de subsidio termina en una solicitud de IMV; de esos hogares, el 47 % la presenta cuando el subsidio ya se ha agotado. Contando todo el año, el 29,5 % de los hogares con IMV percibe alguna prestación o subsidio por desempleo.
El cruce se duplica a partir de los 52 años. A esa edad el subsidio deja de tener límite temporal y funciona en la práctica como una renta de último recurso que acompaña al beneficiario hasta la jubilación, es decir, exactamente el papel que la ley asigna al IMV. La AIReF propone revisar la pertinencia de esa simultaneidad para que cada necesidad se cubra con una sola prestación.
Más cobertura, y aun así la mitad de quien tiene derecho no la pide
En 2025 el despliegue avanzó: un 16 % más de hogares beneficiarios, un 20 % más en el complemento de ayuda para la infancia (CAPI, el suplemento del IMV por hijo o menor a cargo) y un tiempo mediano de tramitación de 99 días, 104 días menos que en 2024.
El agujero, sin embargo, sigue casi intacto. A diciembre de 2025 cobraban el IMV 455.401 hogares de los 1.031.442 que podrían haberlo recibido: una cobertura del 44,2 %. Dicho al revés, el 52 % de los hogares con derecho no lo solicita. En el CAPI la brecha es mucho mayor: 540.638 hogares perceptores frente a 1.938.559 potenciales, un 27,9 % de cobertura, con un 71 % de los elegibles que no lo pide. Todas estas cifras excluyen a País Vasco y Navarra, porque la AIReF trabaja con los datos de renta de la Agencia Tributaria, que no cubren los territorios forales.
Otro dato incómodo: el 51 % de los hogares perceptores ve modificada su prestación por la revisión de rentas, el ajuste posterior que obliga a devolver lo cobrado de más. La AIReF lleva cinco evaluaciones señalando que ese vaivén erosiona la confianza en la ayuda, y vuelve a pedir que se calcule con información de renta más reciente.
Cuanto más protege, más cuesta salir
El 46 % de los hogares sigue cobrando el IMV a los 60 meses. Y la permanencia crece con la cuantía: se queda el 57 % de quienes reciben un importe próximo a su renta garantizada —el mínimo que la ley reconoce a cada hogar según su composición— frente al 34 % de quienes cobran una proporción menor. La lectura de la AIReF es que cuanto mayor es la protección, mayor es el coste de oportunidad de volver a trabajar, de ahí su insistencia en reformular por completo el incentivo al empleo. El Gobierno aprobó una reforma de ese incentivo por el Real Decreto 240/2026, de 25 de marzo, pero la Opinión constata que en 2025 su alcance seguía siendo similar al de 2024.
En la comparación europea, que la AIReF hace por primera vez, España aparece con una prestación de cuantía relativamente elevada —en 2023 estaba entre los Estados miembros con mayor renta garantizada y con uno de los mayores incrementos desde 2019— y resultados por debajo de la media de la UE en cobertura de la pobreza y en capacidad de reducirla. El IMV mantiene, frente a la mayoría de sistemas analizados, un cómputo de rentas más rezagado, una definición amplia de unidad de convivencia y una condicionalidad laboral menos intensa.
Fin de ciclo
La Opinión cierra las cinco evaluaciones anuales encargadas al organismo desde la creación del IMV en 2020. La AIReF mantiene sus cinco propuestas anteriores —entre ellas simplificar la definición de renta y de unidad de convivencia para apoyarse en los registros administrativos y avanzar hacia la concesión automática— y añade dos: reforzar la coherencia del IMV con el resto de prestaciones, en particular con el subsidio para mayores de 52 años, y revisar su diseño a la luz de la experiencia europea. No habrá una sexta Opinión salvo que se aprueben reformas estructurales de la prestación o concurran circunstancias extraordinarias.
Fuentes
- AIReF: 5.ª Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (Opinión 2/26, julio de 2026), documento completo en PDF y resumen ejecutivo. Todas las cifras de esta noticia proceden de esos documentos y de la nota de prensa del organismo del 23 de julio de 2026.
- La publicación fue difundida por Europa Press el 23 de julio de 2026.