El Supremo avala los 1.388 millones que el Estado pagó a Correos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó, en una sentencia del 29 de junio de 2026, el recurso de la patronal logística UNO contra el plan con el que el Gobierno fijó cómo se calcula la compensación a Correos por el servicio postal universal. El fallo, del que informó Europa Press el 28 de julio, deja en pie 1.388 millones de euros por el periodo 2011-2020, frente a los 1.280 que la empresa pública había cobrado a cuenta.
El Tribunal Supremo ha dado por buena la regla con la que el Estado convirtió en definitivos los 1.388 millones de euros que pagó a Correos entre 2011 y 2020 por repartir cartas y paquetes hasta el último pueblo de España. Su Sala de lo Contencioso-Administrativo —la que juzga los actos de la Administración— desestimó el recurso de la patronal logística UNO y le impuso las costas, es decir, el pago de los gastos del pleito, según informó Europa Press el 28 de julio de 2026.
La sentencia lleva fecha del 29 de junio de 2026. Es la número 799/2026, resuelve el recurso 275/2021 y tiene como ponente al magistrado José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, según la ficha del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), el archivo oficial de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, donde figura con los identificadores ROJ: STS 3286/2026 y ECLI:ES:TS:2026:3286. Junto a Correos comparecieron en el pleito, frente a la patronal, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.
No se recurría el dinero, sino el método
Lo que UNO llevó al Supremo no fueron los millones, sino la fórmula para calcularlos: el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2021 por el que se aprueba el plan de prestación del servicio postal universal, publicado en el BOE el 26 de junio de aquel año.
Ese plan fija cómo se mide la carga financiera injusta: el sobrecoste que soporta Correos por estar obligada a prestar un servicio que el Estado declara público —entregar en todo el territorio, y a precio asequible, cartas y tarjetas postales de hasta 2 kilos y paquetes de hasta 20— aunque en muchos sitios no salga a cuenta. El método es el del coste evitado neto: cuánto se ahorraría la empresa si nadie le impusiera esa obligación. Y el propio plan ordena aplicarlo «desde el ejercicio 2011», con lo que abarca una década ya cerrada.
Ahí está el nudo del asunto. Desde 2011 Correos venía cobrando cada año una cantidad provisional, porque la metodología que debía hacerla definitiva no existía. Aprobado el plan en 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo que supervisa al operador postal— pudo cerrar la cuenta de aquellos 1.280 millones entregados a cuenta.
Cuánto por año
Este es el desglose que la CNMC dio por definitivo, según las cifras publicadas por Europa Press:
| Año | Millones de euros |
|---|---|
| 2011 | 164,1 |
| 2012 | 108,3 |
| 2013 | 141,8 |
| 2014 | 127 |
| 2015 | 113 |
| 2016 | 148 |
| 2017 | 111,7 |
| 2018 | 119,5 |
| 2019 | 177,3 |
| 2020 | 177 |
Las diez cifras suman 1.387,7 millones, los 1.388 redondeados. Son unos 108 millones más que los 1.280 anticipados: un 8,4 % por encima de lo pagado a cuenta. El reparto no es plano —2019 y 2020 casi duplican 2012—, pero ni la agencia ni la sentencia explican a qué obedecen esos vaivenes.
Lo que está comprobado y lo que no
El texto íntegro de la sentencia no es de acceso libre: el CENDOJ solo entrega el documento tras un control antidescargas, y Europa Press, que dice haberlo consultado, no lo enlaza ni publica el número de recurso. Lo verificable en fuentes oficiales es el continente: que la resolución existe, su fecha, sus partes y su objeto, tal como consta en la ficha del CENDOJ, que resume el fallo en la aplicación de la metodología desde 2011, la compatibilidad con el mercado interior declarada por la Comisión Europea y la «inexistencia de compensación excesiva».
En cambio, el importe total de 1.388 millones, el desglose año por año, los 1.280 millones provisionales y la condena en costas proceden únicamente de Europa Press, que atribuye los primeros a la CNMC. La expresión con la que la agencia resume el criterio del tribunal —que la regulación de los marcos de compensación de 2011 a 2020 es «plenamente ajustada a derecho»— es también suya, no una cita del texto verificada de forma independiente.
Tres puertas cerradas seguidas
El fallo es el tercer intento fallido de tumbar el marco de financiación de Correos, y los dos anteriores vinieron de Europa.
El primero se cerró en Bruselas: el propio plan de 2021 recoge que la Comisión Europea examinó la metodología española y emitió la Decisión C(2020)3108 final, de 14 de mayo de 2020, en el asunto SA.50872 sobre la compensación a Correos por el periodo 2011-2020. Bruselas concluyó que el método es fiable y que la compensación es una ayuda de Estado compatible con el mercado interior al amparo del artículo 106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: dinero público lícito porque paga un servicio de interés general, no una ventaja competitiva.
El segundo, según Europa Press, en Luxemburgo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó en enero de 2026 otros recursos de UNO y de la patronal Asempre. Actualidad Libre no ha podido contrastar ese extremo en la base de jurisprudencia del propio tribunal, inaccesible al cierre de esta información, de modo que queda atribuido a la agencia.
Correos, con el doble de encargos por delante
La designación de Correos como operador del servicio postal universal nació con la Ley 43/2010, que la nombró prestador durante quince años, del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2025: justo el marco temporal que el Supremo acaba de dar por bueno en su tramo 2011-2020.
Para la etapa siguiente, el plan aprobado por el Gobierno hasta 2030 duplica los recursos asignados a la empresa pública y le encomienda nuevos servicios, entre ellos trámites administrativos y financieros en el medio rural, según Europa Press. En esa dirección apunta el encargo más reciente: que el cartero lleve gratis el efectivo a 2.023 municipios sin oficina bancaria.
Fuentes
- Centro de Documentación Judicial (CGPJ), buscador de jurisprudencia: ficha de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 799/2026, de 29 de junio de 2026, recurso 275/2021, ponente José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat — ROJ: STS 3286/2026; ECLI:ES:TS:2026:3286. Consultada el 29 de julio de 2026. El texto completo no es descargable sin superar el control antidescargas del buscador.
- BOE: Resolución de 15 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2021, por el que se aprueba el plan de prestación del servicio postal universal (BOE núm. 152, de 26 de junio de 2021, ref. BOE-A-2021-10668) — norma recurrida y documento primario de la metodología, la retroactividad a 2011 y la decisión de la Comisión Europea.
- Europa Press: «El Supremo avala la financiación pública de 1.388 millones de euros que recibió Correos de 2011 a 2020», 28 de julio de 2026 (actualizada a las 16.02 UTC). Consultada el 29 de julio de 2026. Fuente única de las cifras económicas, de la condena en costas y de la resolución del TJUE de enero de 2026.