En 2.023 pueblos españoles no hay oficina bancaria, ni cajero, ni tienda con retirada de efectivo: nada. Viven ahí 251.098 personas, todos ellos municipios de menos de 500 habitantes. Para ese hueco, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció el 24 de julio de 2026 un objetivo concreto: que todos esos vecinos puedan recibir el dinero en casa, gratis, de manos del cartero.

El anuncio llegó tras la reunión del Foro de seguimiento de inclusión financiera, según la nota de prensa de La Moncloa, única fuente de esta información. La herramienta será Correos Cash, el servicio de la empresa postal pública que permite ingresar y retirar dinero, y la palanca jurídica es la designación de Correos como prestador de un Servicio de Interés Económico General de servicios financieros: una encomienda pública que obliga a prestar el servicio en todo el territorio aunque no salga rentable.

El propio Gobierno lo justifica por la red: Correos ya llega a todos los municipios, y su cartero puede plantarse en el domicilio donde el banco hace años que cerró.

Un matiz importante: es un objetivo, no un calendario. La nota no fija plazo, ni número de municipios cubiertos por año, ni coste para el erario.

Cuántos siguen sin poder sacar dinero

Las cifras de cobertura son del Ministerio de Economía y no han sido contrastadas de forma independiente; el contraste natural sería el informe anual del Banco de España sobre acceso al efectivo, que no acompaña a la nota.

Según el ministerio, el porcentaje de población que vive en un municipio sin punto de acceso al efectivo —cualquier sitio donde retirar dinero: sucursal, cajero, comercio adherido u oficina de Correos— se ha reducido a la mitad en cuatro años: del 1,4 % en 2021 al 0,6 % en 2025. El Gobierno traduce esa caída en unas 360.000 personas que hoy tienen un punto cerca y en 2021 no lo tenían.

En los municipios de más de 500 habitantes, Economía da por cumplidos los objetivos de la hoja de ruta acordada con la banca: en julio de 2026 solo seis se quedaron sin punto de acceso, y de forma coyuntural. De ahí que el foco pase ahora a los pueblos más pequeños.

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuatro años después

El segundo compromiso de Cuerpo fue parlamentario: que en septiembre la Comisión de Economía del Congreso retome la tramitación de la ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, un organismo pensado para resolver quejas y reclamaciones contra bancos, aseguradoras y demás entidades en un máximo de 90 días, gratis y sin pisar un juzgado.

La norma se planteó por primera vez en 2022 y sigue sin aprobarse. «La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero era necesaria en 2022, cuando se planteó por primera vez, y hoy lo es todavía más», afirmó Cuerpo, que la calificó de «pieza clave» de la política de inclusión financiera. La misma nota del Gobierno reconoce que el empujón viene de fuera: de las asociaciones de usuarios y, entre ellas, de Carlos San Juan y su campaña «Soy mayor, pero no idiota», que —según el Ejecutivo— sumó más de 600.000 firmas pidiendo precisamente que la ley salga adelante.

Dicho de otro modo: el compromiso es que un texto de 2022 vuelva a la casilla de la tramitación en septiembre de 2026. No es una aprobación.

Quién estaba en la sala y qué más se habló

Al foro acudieron las patronales de las entidades de crédito —AEB (Asociación Española de Banca), CECA y UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito)—, asociaciones de usuarios financieros, la plataforma de personas mayores y de personas con discapacidad, el Banco de España, el Defensor del Pueblo y el presidente de Correos.

Sobre la mesa hubo otros tres asuntos:

• Encuesta del CIS. Economía encargó al Centro de Investigaciones Sociológicas un sondeo específico sobre inclusión financiera en el medio rural, que se presentará en el último trimestre de 2026. El foro solo conoció un avance: según esas conclusiones preliminares, el riesgo de exclusión se concentra en las personas mayores con menor capacidad digital y, aunque perciben el acompañamiento a los cajeros, desconocen buena parte de los demás servicios del protocolo de la banca. Sin ficha técnica publicada, esos datos no son citables como resultado firme.
• Accesibilidad. Cuerpo pidió a las entidades «mayor ambición» y que no agoten el periodo transitorio que la directiva comunitaria fija hasta 2030 para adaptar los puntos de acceso a personas con discapacidad y mayores.
• Fraude. El foro repasó los trabajos de la Brigada Antifraude, constituida en la reunión de diciembre de 2025, y Cuerpo recordó que el Registro de Alias entra en pleno funcionamiento el 15 de septiembre: desde esa fecha los operadores deberán bloquear los mensajes cuyo remitente alfanumérico no esté inscrito en el registro alojado en la CNMC.

Fuentes

• La Moncloa: «El Gobierno, a petición de asociaciones de personas mayores y usuarios financieros, impulsará la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero en septiembre» (24 de julio de 2026) — documento primario y fuente única de esta noticia.

Nota de transparencia: la nota de La Moncloa acredita qué decide y qué se compromete a hacer el Gobierno, pero es fuente-sujeto de su propia gestión. Las cifras de cobertura del efectivo, el avance de la encuesta del CIS y el balance de la hoja de ruta con la banca son datos del ministerio y se publican atribuidos como tales.