Mientras la UME dirige el mando unificado contra los fuegos de Madrid y Ávila, el Gobierno regional ha abierto un segundo frente, este contra parte de sus propios bomberos forestales. La Comunidad de Madrid anunció en un comunicado, difundido a primera hora del sábado 25 de julio de 2026, que estudiará «todas las vías administrativas y jurídicas que resulten procedentes para depurar responsabilidades sobre conductas que hayan podido comprometer el servicio público, dificultar la actuación de los dispositivos de emergencia o poner en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio natural».

El destinatario es un grupo de sesenta bomberos forestales del Infoma, el plan de protección civil de emergencia por incendios forestales de la Comunidad de Madrid. El texto del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso considera «inadmisible que, en plena emergencia de interés nacional, un reducido grupo de personal laboral del Infoma —60 bomberos forestales de un colectivo de 2.100 que trabajan en la región— mantenga una estrategia de chantaje que pretende condicionar la organización operativa y trasladar una imagen distorsionada del funcionamiento ejemplar de los servicios de emergencia».

Las dos versiones de dónde están esos sesenta

Según el comunicado, esos trabajadores «no están en sus bases operativas, tal y como firmaron voluntariamente en sus contratos y el acta de adjudicación de destinos para esta campaña 2026, y permanecen en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, desatendiendo que la activación de los recursos se realiza desde los parques y retenes donde deben prestar servicio». La Comunidad sostiene que ese es «el mismo sistema desde hace más de 25 años» y que presentar la situación «como falta de medios o como una negativa de la Administración a movilizarlos supone alterar la realidad y generar alarma social en un momento especialmente delicado».

La versión de los bomberos, recogida en un comunicado propio y en redes sociales, es la contraria: afirman que se encontraban «sin vehículos» en esa misma Dirección General para desplazarse a su lugar de servicio y que, «ante la necesidad de protección de la ciudadanía» y «tras la falta de órdenes y medios de estos días», irían «por su cuenta» a los siniestros.

Ninguna de las dos versiones está verificada de forma independiente. Lo que sí consta, porque lo dice el propio Gobierno regional en un texto oficial, es que se plantea actuar por la vía jurídica y administrativa contra trabajadores del dispositivo de extinción mientras la emergencia sigue declarada de interés nacional, el nivel máximo del sistema de protección civil, activado la madrugada del 24 de julio.

El anuncio entró de inmediato en el cruce político sobre los incendios. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, escribió ese mismo sábado en la red social X que el Ejecutivo madrileño es «implacable» y que «acabarán persiguiéndote a los propios bomberos», según recogió el teletipo de Europa Press que publicó La Vanguardia. La Comunidad, en el mismo comunicado, expresó su «reconocimiento y respaldo absoluto» al resto de profesionales desplegados.

El conflicto no nace este fin de semana

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid son empleados de Tragsa, la empresa pública estatal a la que la Comunidad tiene externalizado el servicio. Su comité de empresa convocó una huelga indefinida que el 15 de julio de 2026 cumplió un año y que atravesó todo el invierno, la temporada en la que se hacen los trabajos de prevención: desbroces y cuidado del monte y de la vegetación. Ya en abril, antes del calor, los representantes de los trabajadores advirtieron públicamente de que esas labores estaban «al 50% de lo habitual», según contó elDiario.es el 24 de julio.

«No es que llevemos meses, es que llevamos años avisando de que algo así podía pasar», dijo a ese medio Jesús Molina, presidente del comité de empresa de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y delegado del sindicato Firet. La plantilla volvió al trabajo con el arranque de la temporada de alto riesgo, el 1 de julio: los paros están paralizados, no desconvocados, porque la negociación está avanzada. Hay un preacuerdo con Tragsa que sube unos salarios hoy situados en 1.300 euros y que, según el comité, ya tiene el visto bueno de la SEPI —la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el holding público propietario de la empresa— y espera la aprobación del Ministerio de Hacienda. La plantilla aún no lo ha votado.

La otra pata de la reclamación es la plantilla. Estos son los datos que aportan los representantes de los trabajadores: el año pasado hubo alrededor de 330 efectivos en invierno para prevención y unos 540 en verano para extinción; desde el 15 de mayo de 2026 la Comunidad ha pasado a un modelo de 419 bomberos forestales durante todo el año, sin refuerzo en los meses de máximo riesgo. En las brigadas, eso se traduce en dotaciones de cinco efectivos donde el verano pasado había siete. «Con cinco personas en lugar de siete, este ataque es más corto y más lento», explicó Molina sobre el ataque directo con manguera.

Tres cifras que no miden lo mismo

El comunicado oficial maneja dos magnitudes distintas para el mismo grupo de sesenta personas: dice que salen de «un colectivo de 2.100 que trabajan en la región» y, unas líneas más abajo, que representan «menos del 1% de un dispositivo global integrado por más de 6.000 profesionales y voluntarios». Los sesenta son el 2,9% de 2.100 y el 1% de 6.000: el porcentaje que la Comunidad subraya sale de la cifra más grande. El comité de empresa, por su parte, habla de 419 bomberos forestales, que son los contratados por Tragsa para el servicio de extinción.

Ninguna de las tres cifras mide lo mismo —el Infoma integra medios de distintos cuerpos y administraciones, y el «dispositivo global» suma además voluntarios—, así que dividir unas entre otras no da un porcentaje interpretable. Con la información disponible no es posible reconciliarlas.

Qué no hemos podido comprobar

No ha sido posible localizar el comunicado íntegro en la web de la Comunidad de Madrid —sus secciones de noticias y de notas de prensa devolvían error el 25 de julio de 2026—, de modo que todas las citas oficiales de esta pieza proceden del teletipo de Europa Press. Tampoco se ha obtenido respuesta de Tragsa ni del comité de empresa sobre dónde estaban exactamente esos sesenta trabajadores el sábado, ni ha sido posible comprobar qué vehículos había disponibles en Las Rozas.

Las dos fuentes de esta pieza son de confianza media en la lista de fuentes de Actualidad Libre y, además, no son plenamente independientes en lo esencial: el relato del comunicado sale de un único teletipo de agencia —Europa Press— que La Vanguardia publica firmado por ella, mientras que elDiario.es aporta el contexto laboral con fuentes sindicales propias. Ningún tercero ha contrastado, hasta ahora, las acusaciones cruzadas.

Fuentes

• La Vanguardia (teletipo de Europa Press): «La Comunidad de Madrid estudiará “las vías jurídicas y administrativas” contra los bomberos forestales “en huelga”» (25 de julio de 2026, 07.04, actualizado 07.36)
• elDiario.es: «Bomberos de Madrid advirtieron en abril de que los trabajos para prevenir incendios se habían reducido a la mitad», de Guillermo Martínez (24 de julio de 2026)
• Orden INT/748/2026, de 23 de julio, por la que se declara la emergencia de interés nacional (BOE)