El Consejo de Ministros aprobó el martes 28 de julio de 2026 cinco indultos parciales. El más visible es el de Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña y de Junts, a quien conmuta la pena de cuatro años, seis meses y un día de prisión por otra de dos años. La multa y la inhabilitación se mantienen. Así lo comunicó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según Europa Press y la agencia EFE, cuyo teletipo publicó El Confidencial.

Un indulto parcial no anula la condena: recorta o sustituye una parte de la pena y deja intacto el resto. Aquí la rebaja se detiene en una cifra que no es casual. El artículo 80 del Código Penal permite a los jueces suspender la ejecución de las penas de prisión no superiores a dos años cuando el condenado ha delinquido por primera vez y el tribunal considera, con resolución motivada, que no hace falta encarcelarlo para evitar nuevos delitos. La suspensión no es automática —la decide el tribunal—, pero sin esa rebaja no cabría siquiera plantearla.

Lo pidió el tribunal que la condenó

El indulto se concede «en los términos planteados» por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según el comunicado del ministerio recogido por ambas agencias. Es el mismo tribunal que condenó a Borràs y que en su sentencia sostuvo que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva», y propuso dejarla en dos años.

La Fiscalía Superior de Cataluña se opuso. En su informe, adelantado el 2 de junio de 2025 por El Confidencial, el ministerio público sostuvo que Borràs «no se halla reeducada ni rehabilitada socialmente» y que no había mostrado «el más mínimo signo de arrepentimiento», después de presentarse como víctima de lawfare —el uso de los tribunales como arma política— y calificar su condena de «aberración judicial».

La condena es firme desde el 12 de febrero de 2025, cuando el Tribunal Supremo la confirmó por prevaricación —dictar a sabiendas una resolución injusta desde un cargo público— y falsedad documental. Los hechos: fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas, entre 2013 y 2018, según Europa Press.

Los otros cuatro indultos

• Natalio Grueso, gestor cultural condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y multa por malversación de caudales públicos —desviar dinero público—, falsedad documental y delitos societarios en su gestión del Centro Niemeyer de Avilés. El Gobierno le perdona la pena de prisión pendiente de cumplimiento por «motivos humanitarios relacionados con su estado de salud», y mantiene el resto. Grueso ingresó en prisión en diciembre de 2025, tras ser detenido en Portugal después de más de dos años huido, según El Confidencial.
• Juan Fernández Gutiérrez, exalcalde socialista de Linares (Jaén) entre 1999 y 2017, condenado por malversación: se le conmutan tres años de prisión por dos y se mantiene la inhabilitación de siete años. La Audiencia de Jaén lo condenó en noviembre de 2011 por cobrar sobresueldos por valor de 125.377 euros de las cuentas del grupo municipal socialista, detalla El Confidencial. La petición de indulto llevaba informe favorable del tribunal que lo condenó y el aval de los grupos popular y socialista del Ayuntamiento de Linares.
• Dos particulares condenados por delitos contra la salud pública, sin cargo público: se les conmutan penas de tres y de cuatro años y medio de prisión por otra de dos años. Ambos contaban con informes favorables de los tribunales que los condenaron y del Ministerio Fiscal.

Reacciones: ni Junts lo celebra

El secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmó en la red social X que el indulto «no repara para nada el mal ya hecho» y que los perjuicios a Borràs «persistirán con la inhabilitación», en declaraciones recogidas por Europa Press. La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, lo llamó «primer pago» del Gobierno a Junts a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado: «Troceaba contratos, se inventaba conceptos y facturas, pero aquí no pasa nada». Junts votó el 23 de julio con PP, Vox y UPN para tumbar por segunda vez la senda de déficit, el primer trámite de esos presupuestos.

Los indultos son la vía de gracia que ejerce el Gobierno sobre condenas firmes; distinta, por tanto, de la ley de amnistía, que borra los hechos por decisión del Parlamento y que el Tribunal Supremo aplicó por primera vez el 24 de julio a ocho juzgados por el «procés».

El documento aún no está publicado

Los indultos se conceden por real decreto y su texto se publica en el Boletín Oficial del Estado: ese es el documento primario. En el sumario del BOE del 28 de julio todavía no figura ninguno. Tampoco aparecen en la referencia oficial del Consejo de Ministros de ese día, cuyo sumario no menciona los cinco acuerdos de indulto.

Una advertencia sobre las cifras: la duración de la inhabilitación que Borràs conserva no se recoge en esta información. Las versiones difundidas el 28 de julio no encajan entre sí —la propia agencia que da la cifra de la pena que se mantiene atribuye otra distinta a la sentencia del Supremo—, y sin el texto del real decreto no hay forma de resolver la discrepancia. Se publicará cuando aparezca en el BOE.