La patronal CEOE ha respondido con un rechazo global al borrador de real decreto con el que el Ministerio de Trabajo quiere acabar con el secreto salarial en las empresas españolas. Así lo publicó el 30 de julio de 2026 El Mundo, que dice haber tenido acceso a un documento entregado por el equipo negociador de la CEOE en la reunión de la mesa de diálogo social del lunes 27 de julio. El diario lo describe como «una enmienda a la totalidad»: en la jerga parlamentaria, la enmienda que pide devolver un texto entero en lugar de corregirlo artículo por artículo. En la mesa del diálogo social no existe ese trámite; la expresión retrata el alcance del rechazo, que según el periódico tumba «prácticamente todos los apartados» del borrador.

Ni la CEOE ni el Ministerio han publicado ese documento, y ninguna de las dos partes ha confirmado públicamente su contenido. Todo lo que se sabe de él procede de la lectura que hace El Mundo.

Qué pide el borrador de Trabajo

El texto del equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, obligaría a las empresas a explicar cómo fijan los salarios y qué criterios rigen los ascensos y las subidas de sueldo. No traspone toda la directiva europea: se limita, según el diario, a lo que cabe en un reglamento —el registro retributivo (la tabla de sueldos medios desglosada por sexo que ya deben llevar las empresas), las auditorías salariales y determinados procedimientos de información— y aparca lo que exigiría tocar el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, la norma que fija las multas laborales.

Fuentes de Trabajo citadas por el mismo periódico admiten ese orden: primero, los cambios reglamentarios que no necesitan pasar por el Congreso; después, medidas como el endurecimiento de las multas por no garantizar la igualdad retributiva o la obligación de incluir el salario en las ofertas de empleo. Ese alcance corto ya le costó al Ministerio el rechazo de los sindicatos al borrador anterior, que consideraron una transposición incompleta. Ahora la patronal ataca por el flanco contrario.

Las objeciones de la patronal

El equipo de Antonio Garamendi no discute que haya que adaptar la ley española a Bruselas, pero sostiene que el Ministerio va «un paso más allá» de la directiva, con cargas administrativas añadidas y conceptos que, a su juicio, generan inseguridad jurídica. Según el documento citado por El Mundo, la CEOE objeta, entre otras cosas:

• Progresión salarial. El borrador obligaría a informar de los criterios de progresión retributiva; la patronal replica que la ley no obliga a las empresas a tener un sistema de progresión, de modo que no cabe exigirles información sobre algo que no están obligadas a crear. Lo califica de exceso normativo, ultra vires en términos jurídicos.
• Información sin límites para el trabajador que quiera conocer los sueldos de sus compañeros.
• Prohibición de las cláusulas de confidencialidad que impiden al empleado revelar sus condiciones salariales.
• Pymes. Obligaciones que, dice, son de difícil aplicación en empresas pequeñas.
• Plazos. Dos meses para corregir las diferencias retributivas detectadas: un plazo «insuficiente» que «carece de justificación normativa».
• Calendario adelantado. Las empresas de entre 100 y 150 trabajadores tendrían que informar desde 2027, como las grandes, y no en 2031.
• Auditoría retributiva. Mezclar la valoración de los puestos de trabajo con el análisis estadístico de la brecha salarial «desnaturaliza completamente la metodología de valoración de puestos».

La patronal pide además que el real decreto no entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, como quiere Trabajo, sino seis meses después.

Qué dice la directiva

La norma europea en juego es la Directiva (UE) 2023/970, de 10 de mayo de 2023, que refuerza la igualdad retributiva entre mujeres y hombres mediante medidas de transparencia. Su texto permite contrastar algunas de las objeciones:

• Su artículo 6 obliga a los empleadores a poner a disposición de la plantilla los criterios que usan para determinar la retribución, los niveles salariales y la progresión retributiva; solo permite eximir de esa última obligación a las empresas de menos de 50 trabajadores.
• Su artículo 7.5 ordena expresamente a los Estados «prohibir las cláusulas contractuales que impidan a los trabajadores la divulgación de información sobre su retribución».
• Su artículo 9 fija el calendario que la CEOE reclama: las empresas de 250 trabajadores o más informan desde el 7 de junio de 2027; las de 150 a 249, también desde 2027, cada tres años; las de 100 a 149, desde el 7 de junio de 2031.
• Su artículo 27 establece que los Estados pueden introducir o mantener disposiciones «más favorables para los trabajadores» que las de la propia directiva, que fija mínimos.
• Su artículo 34 daba de plazo hasta el 7 de junio de 2026 para trasponerla. España va tarde. Fuentes del departamento de Díaz aseguran a El Mundo que la Comisión Europea ha aceptado dar «laxitud» hasta el otoño, lo que evitaría una multa.

Que la directiva sea un suelo y no un techo no resuelve el reproche técnico de la patronal, que apunta al rango de la norma —lo que puede regularse por reglamento y lo que exige una ley— y a la coherencia interna del texto, no solo a su ambición.

Una agenda encallada

La reforma de la transparencia salarial se ha aplazado a septiembre por falta de apoyos parlamentarios, el mismo destino que el decreto del registro horario digital, que el Gobierno retrasó a después del verano tras el dictamen contrario del Consejo de Estado. Son las dos piezas mayores que Díaz tenía en cartera para este curso.

Qué falta por comprobar

• El documento de la CEOE no está publicado por la patronal ni por el Ministerio: la única versión conocida es la que describe El Mundo.
• No hay declaraciones directas de la CEOE ni de Trabajo que confirmen el contenido citado por el diario, ni reacción de los sindicatos a este documento.
• El borrador de real decreto tampoco es público, por lo que sus plazos y obligaciones concretos no pueden contrastarse con el original.

Fuentes: El Mundo, «La CEOE enmienda la reforma de Díaz para “desnudar” los salarios y acusa al Ministerio de endurecer las medidas que impone Bruselas» (30 de julio de 2026) · Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023 (EUR-Lex).