La Comisión Europea quiere saber si el dinero que Rumanía ya ha pagado a diez inversores solares por orden de un tribunal arbitral es, en realidad, una ayuda de Estado prohibida. El 29 de julio de 2026 abrió una investigación en profundidad —el procedimiento formal con el que Bruselas examina un pago público antes de decidir si es compatible con el mercado interior—, según el comunicado oficial de la Comisión.

Un recorte a las renovables que acabó en arbitraje

El origen está en los certificados verdes rumanos, un sistema de apoyo a la electricidad renovable que la Comisión autorizó en julio de 2011. Rumanía lo recortó varias veces a partir de 2013, y Bruselas también aprobó esas modificaciones, en mayo de 2015 y diciembre de 2016.

Diez sociedades que habían invertido en cinco plantas fotovoltaicas acogidas al régimen —entre ellas LSG Building Solutions, Green Source Consulting, Risen Energy Solar Project y Solluce Romania— llevaron al país a un arbitraje: reclamaban el apoyo que habrían cobrado si el régimen no se hubiera tocado. El tribunal arbitral les dio la razón. Concluyó que Rumanía había vulnerado el Tratado sobre la Carta de la Energía —un acuerdo internacional que protege las inversiones energéticas— y el 20 de febrero de 2024 la condenó a compensarles con 42,2 millones de euros, más intereses y costas. Rumanía notificó el laudo a Bruselas y le comunicó que ya había efectuado un pago en una cuenta abierta a nombre de los beneficiarios.

La opinión preliminar de Bruselas: ayuda de Estado ilegal

La Comisión considera, con carácter preliminar, que el laudo y su ejecución constituyen una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE incompatible con el mercado interior. Las ayudas de Estado están prohibidas salvo que la Comisión las apruebe, y un pago que vulnera otras normas de la UE no puede aprobarse.

Hay un segundo frente: el arbitraje enfrentaba a inversores de la UE con un Estado miembro, y el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que estos arbitrajes «intra-UE» son contrarios al Derecho comunitario — primero en la sentencia Achmea de 2018, sobre los tratados bilaterales de inversión, y en 2021 en la sentencia Komstroy, sobre la cláusula arbitral del propio Tratado sobre la Carta de la Energía. La Comisión examinará si el laudo invade la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Justicia y la autonomía del ordenamiento jurídico de la UE.

La propia UE se retiró del Tratado sobre la Carta de la Energía con efecto desde el 27 de junio de 2025. Rumanía formalizó su salida el 22 de mayo de 2026, con efecto a partir del 23 de mayo de 2027.

Qué pasa ahora

La apertura de la investigación no prejuzga el resultado: da a Rumanía y a los terceros interesados la oportunidad de presentar observaciones. La versión no confidencial de la decisión se publicará con el número de asunto SA.113263 en el registro de ayudas de Estado de la Comisión cuando se resuelvan las cuestiones de confidencialidad.

La Comisión subraya que el veto a los arbitrajes intra-UE no deja a los inversores desprotegidos: pueden reclamar ante los tribunales nacionales, y la directiva de energías renovables de 2018 obliga a los Estados a no revisar los apoyos de forma que hunda la viabilidad de proyectos ya en marcha — una garantía que no existía en 2013, cuando empezaron los recortes rumanos. Es la segunda investigación en profundidad de ayudas de Estado que Bruselas abre en pocos días, tras la de las inyecciones de capital al grupo postal PostNord.

Fuentes

• Comisión Europea: «Commission opens in-depth investigation into arbitration award ordering Romania to pay compensation to ten energy investors», comunicado de prensa, Bruselas, 29 de julio de 2026.
• Comisión Europea: autorización del régimen rumano de certificados verdes (julio de 2011) y decisión sobre sus modificaciones (diciembre de 2016).