Una empresa que pierde dinero recibe capital de su matriz. Operación rutinaria entre sociedades de un mismo grupo… salvo que la dueña última del grupo sean dos Estados. Esa es la pregunta que la Comisión Europea ha decidido examinar a fondo en el caso de PostNord Strålfors A/S: si el dinero que la filial danesa recibió en 2017, 2018 y 2019 era una decisión empresarial o ayuda pública encubierta de Dinamarca y Suecia. Bruselas comunicó la apertura del procedimiento formal el 24 de julio de 2026 en su boletín diario de prensa.

La cadena de propiedad es la clave del caso. PostNord Strålfors A/S, dedicada a la gestión de comunicaciones con clientes, es filial de la sueca PostNord Strålfors Group AB, que a su vez cuelga de PostNord Group AB. Por encima está PostNord AB, la empresa postal pública que Suecia y Dinamarca poseen al 60 % y al 40 % respectivamente. Si las decisiones de la matriz son imputables a esos dos Estados —es decir, si fueron los Estados quienes en la práctica las tomaron—, el dinero deja de ser un movimiento interno de un grupo privado y pasa a ser ayuda de Estado: apoyo público que falsea la competencia y que el Tratado prohíbe salvo autorización de Bruselas. Ese régimen es el mismo que la Comisión está revisando estos días para los rescates de empresas en crisis.

Qué denuncia el expediente

La Comisión recibió la denuncia en 2020. Según ella —y es una alegación del denunciante, no un hecho probado—, PostNord Strålfors recibió ayuda pública en tres formas: cuatro inyecciones de capital entre 2014 y 2019 que suman 15,9 millones de euros (118,5 millones de coronas danesas), un supuesto compromiso de la matriz de aportar más dinero en 2019 y el supuesto suministro gratuito de servicios de almacenamiento por parte de Post Danmark, otra empresa del grupo.

El denunciante sostiene que las aportaciones son imputables a Dinamarca y a Suecia porque quien controla las decisiones es el equipo ejecutivo del grupo PostNord, y que ningún inversor privado habría puesto ese dinero en una empresa que perdía dinero.

Qué sigue vivo y qué ya está descartado

El examen preliminar ha estrechado el caso. De todo lo denunciado, la Comisión solo mantiene abiertas tres piezas:

• Bajo investigación: las inyecciones de capital de 2017, 2018 y 2019. Bruselas dice tener «dudas» de que se ajusten a las normas europeas de ayudas estatales. La nota no desglosa cuánto dinero corresponde a esos tres años.
• Prescrito: la aportación de 2014. El plazo de prescripción de diez años ya ha expirado, así que se considera ayuda existente y no puede reclamarse su devolución aunque resultara ilegal.
• Descartado: el compromiso de financiación adicional de 2019, porque fue una declaración no vinculante sin fondos estatales detrás; y el almacenamiento gratuito, porque la Comisión ha comprobado que Post Danmark sí cobró por ese servicio. En ninguno de los dos casos hubo ayuda de Estado.

El tercer expediente del grupo en seis meses

No es un caso aislado. Es el tercer procedimiento formal que la Comisión abre este año sobre inyecciones de capital dentro del grupo PostNord, y los tres llegan después de que los tribunales europeos le afearan haber cerrado los asuntos en fase preliminar.

El 13 de febrero de 2026 Bruselas abrió una investigación en profundidad sobre una inyección de unos 15,4 millones de euros (115 millones de coronas danesas) de PostNord Group AB a su filial PostNord Logistics, después de que el Tribunal General anulara en parte, en 2023, la decisión de 2020 que había rechazado la denuncia. El 30 de junio de 2026 abrió otra sobre una inyección de unos 134 millones de euros (1.000 millones de coronas danesas) que Post Danmark recibió en febrero de 2017: la Comisión había concluido en 2018 que no era ayuda de Estado, el Tribunal General anuló esa decisión en mayo de 2021 por examen insuficiente y el Tribunal de Justicia confirmó la sentencia en noviembre de 2022.

La apertura de una investigación en profundidad no prejuzga el resultado: abre un plazo para que Dinamarca, Suecia y los terceros interesados —incluidos la empresa señalada como beneficiaria y el denunciante— presenten sus observaciones. La versión no confidencial de la decisión se publicará con los números de asunto SA.56621 y SA.56622 en el registro de ayudas estatales de la Comisión cuando se resuelvan las cuestiones de confidencialidad.