La Agencia de Evaluación de Políticas Públicas aprueba su primer plan hasta 2030
El consejo rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, presidido por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, aprobó el 23 de julio de 2026 el primer plan de gestión del organismo, creado en abril, con objetivos para 2027-2030. El Gobierno anunció el acuerdo en una nota, pero no ha publicado el documento.
España tiene desde abril de 2026 un organismo encargado de comprobar si las políticas públicas sirven para lo que dicen servir. El 23 de julio de 2026, su consejo rector aprobó el primer plan de gestión de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, que fija sus objetivos estratégicos para 2027-2030 y los indicadores con los que se medirá su cumplimiento, según anunció el Gobierno en una nota de La Moncloa.
El plan lo diseñó la directora de la agencia, Milagros Paniagua, y se ordena en cuatro objetivos, según esa nota: consolidar la agencia, articular el sistema público de evaluación en la Administración General del Estado, reforzar la función evaluadora y rendir cuentas. La nota no detalla plazos, medios ni presupuesto asociados a cada objetivo.
Los tres focos que anuncia la directora
Paniagua señala tres ámbitos prioritarios en el texto oficial. El primero es desplegar la evaluación ex ante: examinar las políticas antes de que se aprueben, cuando —sostiene la nota— la evidencia todavía puede corregir el diseño de la norma. Frente a ella, la evaluación ex post mira lo que ya está en vigor.
El segundo es trabajar en red con los ministerios en lugar de auditarlos desde fuera. «El objetivo no es que la Agencia evalúe a los ministerios, sino que estos tomen la evaluación como parte ordinaria de su gestión y ganen autonomía para hacerla por sí mismos», afirma la directora en la nota.
El tercero es la calidad de las evaluaciones, apoyada en la colaboración con la comunidad científica y académica y en el acceso a los registros administrativos —los datos que la Administración ya genera al gestionar ayudas, altas laborales o impuestos— cuyo potencial evaluador, dice la nota, «está aún por desplegar».
Quién decide en la agencia
El consejo rector lo preside el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Lo completan la propia directora; el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo; representantes de los ministerios de Hacienda y de Transformación Digital; el Banco de España; la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que vigila las cuentas públicas y evalúa programas de gasto; el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y el INE (Instituto Nacional de Estadística), más tres expertos independientes.
El estatuto detalla cómo llegan esos tres vocales: deben acreditar al menos diez años de experiencia en evaluación, los propone la presidencia del organismo —es decir, el propio Cuerpo— y necesitan el voto favorable de la mayoría del consejo rector. Su mandato dura tres años, renovable por otros tres, y solo pueden cesar por las mismas causas que la dirección de la agencia.
De dónde viene la agencia
La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas se constituyó en abril de 2026 al amparo de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, y de su estatuto, aprobado por el Real Decreto 65/2026, de 3 de febrero y publicado en el BOE al día siguiente.
No parte de cero: absorbe el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, que dependía de Función Pública y pasó en 2024 al Ministerio de Economía. El estatuto establece que la agencia queda adscrita a ese ministerio y que «en el ejercicio de sus funciones de evaluación actuará con independencia y autonomía».
El Gobierno vincula su creación a las recomendaciones «reiteradas» de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y de la Unión Europea, y la presenta como un compromiso del componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el bloque de reformas de la Administración financiado con fondos europeos. El propio real decreto es más concreto: la agencia da cumplimiento al hito 149 acordado con la Comisión Europea, que exigía a España dotar de medios a su organismo evaluador, realizar evaluaciones e implantar el principio sistemático de evaluación previa de las políticas.
Lo que el anuncio no dice
La nota no publica el plan aprobado ni enlaza a él, de modo que los objetivos y los indicadores solo se conocen por el resumen oficial. Tampoco precisa qué relación guarda ese «plan de gestión» con los instrumentos que sí regula el estatuto: un contrato plurianual de gestión de cuatro años —que fija objetivos, indicadores, plantilla máxima y recursos, y que aprueban los ministerios de Economía, Hacienda y Transformación Digital y Función Pública— y unos planes de acción anuales, donde se concretan las evaluaciones que la agencia hará de oficio.
Es decir: qué políticas se evaluarán primero y con cuántos efectivos no figura en lo comunicado el 23 de julio, sino en documentos posteriores todavía no publicados.
Fuentes
- Nota de prensa de La Moncloa, 23 de julio de 2026 — acuerdo del consejo rector, objetivos del plan, declaraciones de la directora, composición del consejo y base normativa.
- Real Decreto 65/2026, de 3 de febrero, Estatuto de la Agencia (BOE) — adscripción, órganos, designación de los expertos independientes, contrato plurianual de gestión y planes de acción anuales.
- Ley 27/2022, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas (BOE) — norma que crea el marco legal de la agencia.