La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían rebajar la factura. El Tribunal Supremo (TS) ha dicho que no. Un decreto de la letrada de la Administración de Justicia de su Sala de lo Penal —la funcionaria que dirige la oficina judicial y tramita, entre otras cosas, las costas— fija en 38.508 euros la minuta de Gabriel Rodríguez-Ramos, el abogado que representó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, según Europa Press, que ha tenido acceso a la resolución.

Con los derechos de la procuradora, la tasación de costas —la cuenta oficial de los gastos del pleito que el condenado debe abonar a la otra parte— queda aprobada definitivamente en 39.009 euros. La paga Álvaro García Ortiz.

Por qué no son «excesivos»

El decreto concluye que, valorando en conjunto las actuaciones, el trabajo efectivamente desarrollado, «la singular complejidad de la causa» y el informe del Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares, «no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria que permita calificar los honorarios incluidos en la tasación como excesivos», según la cita que recoge la agencia.

Ese informe colegial, al que también accedió Europa Press, consideró la cantidad «ajustada» a la complejidad del procedimiento, al tiempo de dedicación y al trabajo realizado, y calificó de «adecuados» los 38.508,26 euros de honorarios, IVA incluido, una vez excluidas las partidas que no procedían.

Cómo se llegó a la cifra

• Minuta inicial: el abogado reclamó 64.778,78 euros sin IVA, 78.382,32 euros con el impuesto.
• 26 de marzo de 2026: tras impugnar la Fiscalía y la Abogacía del Estado los honorarios por «excesivos» e «indebidos», un primer decreto de la letrada estimó en parte la impugnación por partidas indebidas y fijó las costas en 39.009,48 euros.
• 2 de julio de 2026: el Supremo desestimó, mediante auto, los recursos de ambas instituciones contra ese decreto.
• Ahora: el nuevo decreto rechaza también la queja de que la cuantía sea excesiva, y la cifra queda en los 39.009 euros.

Es decir: la impugnación recortó casi a la mitad la minuta original, pero el importe resultante ya no se mueve.

El origen: la condena del fiscal general

Las costas derivan de la sentencia con la que el Supremo condenó en diciembre de 2025 a García Ortiz, entonces fiscal general del Estado, por un delito de revelación de datos reservados de González Amador. La pena, según la misma agencia: 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el pago de las costas procesales —incluidas las de la acusación particular, que ejercía el empresario— y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales.

Fuentes

• Europa Press, «El TS confirma los 38.508 euros de honorarios que tiene que pagar García Ortiz a González Amador y no los ve “excesivos”», 3 de noviembre de 2026. El decreto y el informe colegial no están publicados; las citas proceden de la agencia, que tuvo acceso a ambos.