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El TJUE impide al supervisor de privacidad recurrir la reforma de Europol

El Tribunal de Justicia de la UE confirmó el 17 de noviembre en Luxemburgo que el Supervisor Europeo de Protección de Datos no puede impugnar la reforma de 2022 que permitió a Europol seguir usando datos personales que él le había ordenado clasificar o borrar, según informó POLITICO.

Renato Davila · 17 de noviembre de 2026 · bruselas

Edificio de ladrillo gris de la sede de Europol, con una torre de ventanales y el rótulo «EUROPOL» en la fachada, bajo un cielo claro
Imagen de archivo: sede de Europol en La Haya (Países Bajos), en 2015. (Foto: OSeveno, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons)

El guardián de la privacidad en las instituciones europeas se ha quedado sin la llave del tribunal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el martes 17 de noviembre sentencia en el asunto C-698/23 P y desestimó el recurso del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) —la autoridad independiente que vigila cómo tratan los datos personales los organismos de la UE— contra el Parlamento Europeo y el Consejo. Con ella confirma que el SEPD no tenía derecho a llevar ante la justicia la reforma de 2022 del reglamento de Europol, la agencia de cooperación policial de la Unión. Así lo recoge el comunicado de prensa n.º 165/26 del Tribunal, y así lo contó POLITICO, que lo presenta como el revés del regulador de privacidad en su intento de recortar los poderes de vigilancia de Europol.

Por qué no pudo recurrir

El fallo no dice si la reforma respeta o no las normas de protección de datos: no llega a entrar en eso. Lo que resuelve es una cuestión previa, la legitimación activa, es decir, si quien recurre tiene derecho a hacerlo. Según el comunicado del Tribunal, el SEPD es una autoridad de control independiente, pero no una institución en el sentido de los Tratados. A diferencia del Parlamento, el Consejo o la Comisión, que pueden pedir la anulación de cualquier norma europea sin más, el supervisor tiene que demostrar, como cualquier persona jurídica, que la norma le afecta «directa e individualmente».

Y para el Tribunal no le afecta. Las disposiciones impugnadas cambiaron las reglas sobre los datos que guarda Europol, pero «no tuvieron ninguna incidencia en la naturaleza y el alcance de las funciones encomendadas al SEPD», porque no modificaron sus derechos, obligaciones ni competencias, tampoco sus garantías de independencia, ni anularon la resolución que había dictado contra la agencia. El Tribunal añade que el procedimiento legislativo no mostró nada que pudiera afectar al ejercicio independiente de sus funciones.

De dónde viene el pleito

El 3 de enero de 2022, tras una investigación, el SEPD constató que Europol conservaba de forma continuada conjuntos de datos personales sin haber determinado si las personas afectadas encajaban en las categorías que la ley le permite tratar. Le ordenó clasificarlos en seis meses (los datos más recientes) o doce (los que ya tenía) y, pasado ese plazo, borrarlos. POLITICO resume que la orden afectaba a datos de personas sin vínculo con ningún delito.

Cinco meses después, el 8 de junio de 2022, el Parlamento y el Consejo aprobaron el Reglamento (UE) 2022/991, que modificó las normas de Europol. Sus disposiciones transitorias (artículos 74 bis y 74 ter) permitieron a la agencia, bajo ciertas condiciones, seguir tratando datos ya recibidos en investigaciones penales en curso. Para el supervisor, aquello legalizaba con efecto retroactivo las prácticas que había denunciado, dejaba de hecho sin efecto su resolución y vulneraba su independencia. Recurrió ante el Tribunal General, que el 6 de septiembre de 2023 declaró inadmisible el recurso (asunto T-578/22). El SEPD lo llevó entonces en casación —un recurso limitado a cuestiones de derecho— ante el Tribunal de Justicia, que ahora le cierra la puerta y da la razón al Tribunal General.

El fondo, por tanto, queda sin juzgar. Y la batalla política sigue: según POLITICO, los legisladores de la UE negocian ya una nueva reforma para reforzar todavía más la capacidad de Europol para tratar datos.

Fuentes